El país enfrenta una situación insólita: una minoría absoluta, en número y representatividad, de funcionarios públicos, entre elegidos al congreso, y burócratas en el poder ejecutivo, se han apoderado del poder de gobierno y del estado.
Este pacto ha llevado a cabo un cambio significativo del sistema político del país, con reformas, económicas y sociales, a favor de poderes facticos, con los grupos tradicionales del poder de siempre y la presencia de un elenco nuevo: la burguesía surgida de la informalidad y de sectores de clase media y populares alineados tras ellos, que controlan el Congreso.
Estas semanas han ingresado a puestos claves del estado, militantes del Fujimorismo y del APRA. También legiones de partidarios de los partidos asociados en la mesa directiva del Congreso. Con lo que da la impresión de que la repartija de puestos estatales tiene como objetivo asegurar que las próximas elecciones solo sean un simulacro, porque el poder habría sido tomado, desde antes de ir a las urnas, por una Corte de los Milagros del submundo político que hoy gobierna el país.
Un golpe de estado en silencio, sin tanques, sin más muertos que los necesarios en las calles. Asalto eficiente del poder, con la lluvia de leyes inconstitucionales del Congreso y la delegación de funciones al Ejecutivo. El objetivo es claro: retrotraernos al 5 de abril de 1992.
Este no era un simple golpe militar, sino un decisivo cambio estructural que buscaba una república autoritaria justificada por la lucha contra el terrorismo. Quedó incompleto porque la presión internacional llevo a transar en 1993 una nueva constitución. Además, ya la guerra anti subversiva estaba ganada, los líderes terroristas en prisión, con lo que desaparecía la justificación inicial del proyecto golpista a largo plazo.
Hoy, la reaparición de Alberto Fujimori en la arena pública revive el viejo proyecto de 1992, sin necesidad de sacar los tanques a la calle o el estrépito de poner a los militares al mando. El golpe silencioso, pero efectivo, de tomar por asalto instituciones constitucionales, a partir de la desaparición de la JNJ y capturar el proceso electoral, tiene un horizonte de varios gobiernos.
Terrible simbolismo que se cambie de república bicolor a naranja en el año del bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho. Nuestro deber es oponernos a la perdida de la democracia, del progreso, basado en la justicia y la igualdad, como nos legaron nuestros mártires peruanos de la Independencia. Resistiendo y peleando por la bicolor.
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