La campaña publicitaria de un sector los agroindustriales que mantiene la tesis de que 1,500 soles es un gran sueldo para los trabajadores peruanos bombardea los medos de comunicación. La campaña, estrecha de visión y poco empática, ratifica los mismos principios de la Ley Pulpín que generó una reacción juvenil similar a la de los jóvenes trabajadores de Ica.
Juan Mendoza y Bruno Seminario, dos economistas de la Universidad del Pacífico, en ese entonces -marcadas por manifestaciones de protesta que sacudieron el país-pusieron en evidencia al mercantilismo duro peruano, que sostenía una política sin derechos para los trabajadores jóvenes. Tirando por los suelos el evangelio neoliberal, propusieron acabar con el sistema que expropia a la fuerza 13% del sueldo de cada asalariado peruano. Plantearon el dilema ¿Sistema de aporte obligatorio o basado en el IGV?
Juan Mendoza dijo, en ese entonces, que no tiene sentido quitarle esa cantidad a un joven que ganan -las justas -1,200 soles. Igual que Ica 2020. Sus ideas, hablaban un nuevo lenguaje que cautivo a los medios y la gente. Por ejemplo, al proponer que un nuevo sistema de pensiones se base en el IGV y en el ahorro voluntario. Buen tema para los que dicen que el sueldo estacional del agro debe absorber derechos sociales, que evitan gratificaciones y otros mecanismos como los sobretiempos, y que en los hechos no produce suficiente dinero para asegurar las pensiones que terminan siendo por el estado.
En esta línea los investigadores de la Universidad del Pacífico se hicieron el 2014 preguntas válidas: ¿por qué los peruanos tenemos un sistema de pensiones privado que no tienen la mayoría de países del mundo incluido Estados Unidos?, ¿por qué un sistema basado en los salarios y no uno basado en impuestos como el IGV?, ¿por qué un sistema de ahorro obligatorio y no uno voluntario?, ¿por qué un sistema que saca inmensas masas de dinero al extranjero que podrían servir para inversiones, como el agua potable e infraestructura en el país mediante APP?
No fueron ni un congresista, ni un académico caviar de la U Católica, ni un director de ONG, sino dos profesores e investigadores de la universidad de élite del país, los que pusieron el tema de mandar al infierno a las AFP en el debate nacional hace ya 5 años.
Y con ello han prendieron los motores a la discusión del modelo de desarrollo del país, que potencia un gran crecimiento, pero crea inequidades sociales como el maltrato a los pensionistas y la tercera edad. La historia continúa, pero la función teatral debe cambiar de guión.
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