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Karla Gaviño / Inversión en contexto Covid


(Publicado previamente en el diario Correo bajo el título “Ejecución de la inversión pública en contexto de COVID-19”)


Desde escenarios previos al COVID-19, la ejecución de la inversión pública ha sido tradicionalmente una tarea difícil para las distintas entidades y empresas públicas de los tres niveles de gobierno.


Entre los motivos, se encontraban las dificultades para priorizar adecuadamente las inversiones, para contratar, las constantes adendas en el caso de la inversión pública ejecutada mediante Asociaciones Público-Privadas, las modificaciones en los Expedientes Técnicos o durante la ejecución de las inversiones (producto normalmente de un inadecuado análisis ex -ante o preinversión), temas arbitrales, saneamiento físico legal, aspectos de coordinación entre entidades y de gestión, conflictos sociales, falta de transparencia, entre otros.


En el contexto COVID-19, las dificultades y retos para su ejecución se han acrecentado, no obstante, acelerar la ejecución de la inversión pública es un elemento clave para reactivar la economía. Lograrlo supone un gran esfuerzo para las entidades y empresas públicas, que no necesariamente cuentan con las herramientas y capacidades adecuadas para ello (técnicas, de recursos, entre otras).


Por esta razón, abordamos esta problemática presentando las siguientes ideas claves para acelerar la ejecución de la inversión pública en el contexto actual, que pueden ser aplicados en el corto y mediano plazo, de forma práctica y concreta: Primero, enfocarnos en la priorización de inversiones públicas, incluyendo proyectos de gran envergadura contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad; en segundo lugar, la gestión de inversiones con acompañamiento (identificando la necesidad de enfatizar la gestión mediante espacios de articulación simplificados que no requieren el incremento del aparato estatal); en tercer lugar, el destrabe de proyectos y de permisos administrativos, incluyendo el saneamiento físico legal y la identificación de proyectos paralizados y que podrían destrabarse; en cuarto lugar, la aplicación focalizada del mecanismo de Proyectos Especiales de Inversión Pública y G2G, donde se busca identificar específicamente los casos en que corresponde su aplicación y los participantes específicos a quienes capacitar y apoyar con asistencia técnica; y en quinto lugar, apuntar a la Transparencia y Gobierno Abierto, recomendando ir más allá de las políticas de datos abiertos, para incorporar al Gobierno Abierto como mecanismo que permite relegitimar la inversión pública.


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