Analicemos lo gastado en el 2020. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha referido a la violencia familiar como una “pandemia” adicional a la COVID-19, veamos entonces la ejecución de la categoría presupuestal 0080: Lucha contra la violencia familiar.
Según la consulta amigable del MEF, los gobiernos locales ejecutaron el 47.8% de los recursos previstos, el gobierno nacional el 70% (la mayoría de inversiones consisten en remodelaciones de oficinas), y los gobiernos regionales el 100%. Sobre esto último, ese 100% consistió en el pago de un expediente técnico. Dicho con claridad, en el 2020 de todos los gobiernos regionales del Perú, solo uno de ellos gastó dinero destinado a inversión pública contra la violencia familiar, financiando un expediente técnico.
La lucha contra la violencia familiar requiere de un importante componente de gestión y de acciones que no constituyen gasto de inversión. Más en materia de inversión pública, la capacidad para elaborar y ejecutar inversiones con esta finalidad no se ajusta a lo que necesita el país. Más allá de declaraciones mediáticas, se requiere decisión y liderazgo, fortalecer las capacidades técnicas, retomar y difundir la importancia del enfoque de género en la inversión pública articulando entre los distintos actores.
Si volvemos al artículo especial de ONU Mujeres, encontraremos entre las sugerencias para incluir el enfoque de género en la inversión pública la importancia de realizar las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede facilitar el acceso de las mujeres a la información y a los recursos que ofrece el proyecto? ¿De qué manera se puede garantizar que las mujeres, al igual que los hombres, se beneficien de las acciones del proyecto? ¿Qué tipo de metodología tendría que adoptar la unidad formuladora para realizar diagnósticos más participativos? ¿Cómo se puede evitar que el proyecto sobrecargue aún más la jornada de las mujeres? ¿Cómo se puede fomentar la participación de la comunidad, especialmente de las mujeres, en la toma de decisiones, la ejecución del proyecto y el control de los beneficios generados?
Para ponerlo en práctica, ONU Mujeres da algunos ejemplos concretos: formular proyectos realizando consultas a diferentes grupos poblacionales; generando y analizando bases de datos con información desagregada por género; hacer proyectos que incentiven la propiedad de los recursos de forma igualitaria a fin de que tanto mujeres y hombres puedan ser sujetos de crédito; hacer proyectos que fortalezcan las relaciones con las organizaciones sociales de base y que estimulen las iniciativas que demuestren transversalización del enfoque de género. En general, hacer proyectos con participación de mujeres tanto en la identificación, formulación y evaluación, como en su ejecución.
Consideramos que la inversión pública de calidad es aquella que cubre adecuadamente la necesidad identificada, en los tiempos previstos y con las condiciones esperadas, generando el mayor impacto social con su implementación. Esto último, solo se logrará incluyendo adecuadamente a la población y a sus necesidades, lo que implica aplicar correctamente el enfoque de género. Será importante contar con un diagnóstico oficial sobre las inversiones con enfoque de género a la fecha, y con herramientas de datos abiertos que permitan su adecuada revisión por parte de la opinión pública.
Referencia:
La autora es consultora en gestión pública, infraestructura e inversión pública. Profesora de la EGP de la Universidad del Pacífico.
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