Medidas para la ampliación y continuidad de las obras por impuestos
(Artículo publicado previamente en la revista Stakeholders)
Según PROINVERSIÓN, desde su creación en el 2009 hasta el 10 de noviembre del 2021, las Obras por Impuestos (conocidas como OxI), se han aplicado a 455 proyectos (196 concluidos y 259 adjudicados), por un monto total aproximado de S/. 6 mil millones. Concentrándose en transportes, educación, saneamiento, salud y seguridad, encontrándose mayormente a cargo de Gobiernos Locales o Gobiernos Regionales, pese a estar permitida su aplicación también para Sectores del Gobierno Nacional y Universidades Públicas. Así, han participado 127 Municipalidades, 18 Gobiernos Regionales, 8 Entidades del Gobierno Nacional y 3 Universidades Públicas. Territorialmente, se ubican principalmente en Ancash, Arequipa, Piura, Cusco e Ica.
Éste mecanismo, permite ejecutar con participación de empresas privadas, proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, priorizados por las entidades públicas, con lo cual deben incluir criterios como rentabilidad social, cierre de brechas de infraestructura y provisión de servicios a cargo del Estado. Pueden ser propuestos a iniciativa de las empresas privadas para su análisis y priorización por las entidades públicas, o pueden ser iniciativa de éstas últimas. En ambos casos, se escoge a la empresa que desarrollará el proyecto mediante un proceso de selección específico, no siendo aplicables las normas de contrataciones del Estado.
La empresa privada tendrá a su cargo la contratación de la ejecutora de la obra y el financiamiento de la ejecución. El monto que gaste será reconocido mediante el Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional o, Regional o Local, según corresponda. Dicho Certificado será presentado por la empresa ante la SUNAT para descontarlo del Impuesto a la Renta de 3ra categoría que le correspondería pagar o regularizar (hasta el 50% del Impuesto). Tras ello, el Tesoro Público descontará el mismo monto a la entidad pública, de los recursos del canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones del año siguiente (hasta el 30%); el descuento también puede efectuarse sobre Fondos autorizados.
Las OxI permiten, entre otros: al Estado, adelantar financiamiento de proyectos; a la empresa, visibilizarse mediante proyectos de impacto social, en el marco de la responsabilidad social corporativa; y a la población, contar con más proyectos para recibir servicios.
Para su ampliación y continuidad, recomendamos:
- Clarificar los roles del Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSIÓN, Contraloría General de la República, sus distintas áreas, así como al interior de las entidades públicas.
- Su desconocimiento por las entidades públicas y empresas privadas, siendo recomendable acentuar la difusión, incluyendo capacitaciones, asistencia técnica focalizada y acompañamiento, según necesidades concretas. Por ejemplo, con estrategias diferenciadas para quienes no suelen emplear OxI (las universidades públicas), y para quienes empleándolo, necesitan mejorar procesos.
- Necesidad de herramientas de gestión específicas, incluyendo el seguimiento, monitoreo y transparencia durante la ejecución.
- Continuidad de proyectos y respeto a los compromisos. Aspecto de especial relevancia ante las elecciones regionales y locales del 2022.
- Clarificación de procesos para inclusión del mantenimiento
Adicionalmente, resultará importante permitir descuentos a las entidades públicas con cargo a más fuentes de financiamiento, e incluir en las OxI a Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (conocidas como IOARR), que por su diseño y/o monto no constituyen proyectos, pero son inversiones públicas (ejemplos: reposiciones de activos y rehabilitaciones de infraestructura pública dañada). Ambas propuestas, sugeridas en diversas oportunidades, han sido anunciadas por el nuevo Gobierno, siendo recomendable que se generen espacios de coordinación entre el sector público, privado y la academia, para su mejor implementación.
Referencias:
La autora es Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
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