(Artículo publicado con anterioridad en La LEY)
Meritocracia en el Sector Público
I. Meritocracia, perfiles de puesto y competencias
El respeto a la meritocracia, a los perfiles de puesto, a las competencias específicas y a la experiencia en la materia en que recae un cargo público es parte de los retos del Perú en todos sus niveles de gobierno.
Su inobservancia constituye uno de los principales problemas que afrontan la administración pública y la gestión pública en el país, debilitando la capacidad para implementar políticas públicas y la prestación de servicios a la población.
Los perfiles son también aplicables a las designaciones de personal de confianza, y deberían promover la transparencia, idoneidad y la experiencia adecuada para asumir las funciones propias de cada cargo público. Si bien en muchos casos pueden ser mejorados, lo cierto es que son de cumplimiento obligatorio.
II. Designaciones en el último cambio de gobierno
Tras el cambio de gobierno el 28 de julio último, en un contexto de polarización política, era previsible que, uno de los principales aspectos en que se centraría la atención pública al inicio de la gestión, fuera la conformación de los equipos en el Poder Ejecutivo y sus entidades adscritas.
Sabiendo ello, resulta lamentable que en distintos casos no se tomaran las previsiones para designar (o anunciar designaciones) de personas que cumplan los perfiles de puesto, que no presenten incompatibilidades con la función pública, entre otros.
Tal fue el nivel de notoriedad de los casos, que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y la Contraloría General de la República (CGR), emitieron pronunciamientos públicos advirtiendo la importancia del respeto a los perfiles de puesto, agregando, la CGR, el respecto a los documentos de gestión de las entidades públicas y a los lineamientos emitidos por Servir. El Poder Ejecutivo, afortunadamente, pudo retroceder en algunas designaciones o dejarlas sin efecto.
Un tema de fondo que es importante tener presente, sobre todo en un contexto donde las urnas han evidenciado un reclamo por mayor efectividad del Estado, es que la gestión pública, la carrera pública, la experiencia y el conocimiento implementando políticas públicas, no pueden ser vistos como temas secundarios que puedan dejarse de lado, más aún en un país donde nuestros principales retos están vinculados a la capacidad de gestión.
Restar valor a la meritocracia tiene consecuencias prácticas concretas debilitando el cumplimiento de las funciones y los servicios a cargo del Estado. Ni la afiliación a un partido político ni la experiencia en la gerencia privada por sí mismas, pueden reemplazar el valor que aporta la especialidad en temas públicos y la carrera pública meritocrática, para asumir puestos de mando en la Administración Pública. Tampoco será suficiente tener un título profesional sin contar con experiencia en la materia, de forma proporcional al reto que se va a asumir.