El Perú viene enfrentando una de las más importantes crisis sociales de los últimos años, y a pesar de que trae consigo más de 50 fallecidos, decenas de heridos y cuantiosas pérdidas económicas, a la fecha parece no encontrar visos de solución. El punto de inflexión para el inicio de las revueltas, fue el golpe de estado que pretendió efectuar el expresidente Pedro Castillo Terrones; por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna, y en sesión solemne ante el Congreso de la República, la vicepresidenta de la plancha electoral ganadora en los últimos comicios electorales, Dina Boluarte Zegarra, asume en el cargo de Presidente de la República del Perú.
La juramentación, seguida por una serie de eventos desafortunados y una demostración evidente de poco manejo de escenarios políticos, permitió observar al ciudadano de a pie un congreso de la república con aires de victoria y una presidenta del Perú respaldando la escena. Esta situación ha generado fuertes protestas en el centro y sur del país, cuyas demandas incluyen el cierre del congreso, la renuncia de la Presidente del Perú y, en el más extremo de sus reclamos, la instalación de la asamblea constituyente. Sin embargo, la crisis en la que estamos sumidos responde a múltiples factores tanto políticos, como de desigualdad e inequidad social, y de índole económico.
Desde el punto de vista político, nuestro país pasa por una situación sui generis que venimos arrastrando desde hace poco más de 20 años porque no contamos con una clase política seria, preparada, que responda a una ideología clara y que pueda jugar claramente el rol de oficialismo y oposición en el juego político; es decir, cualquier partido de gobierno difícilmente encontrará una oposición inteligente que pueda generar contrapeso en el poder que ejerce.
No se cuenta con partidos políticos que representen intereses del pueblo sino más bien partidos políticos creados que buscan una y otra vez atender sus intereses particulares. Es por esto que la población ya no cree en la clase política; percepción que es justificada por las numerosas denuncias de corrupción enquistada en las más altas esferas de la política peruana, y los diversos escándalos en los que se han visto envueltos tanto congresistas como los últimos presidentes de la república, los que a la fecha se encuentran presos o en investigación.
Este escenario político permite que, en cada proceso electoral, los peruanos nos encontremos ante la necesidad de elegir entre propuestas de gobierno improvisadas, sin un claro conocimiento de la realidad y de la necesidad de los pueblos; con partidos políticos que se comportan como vientres de alquiler, que adoptan políticos o aspirantes a políticos que prueban suerte y buscan hacerse del poder sin un respaldo técnico que los sostenga.
Este es el caso del ex presidente Castillo, que llegó al poder como invitado de la plancha presidencial de Perú Libre, cuyo líder en algún momento comentó que la candidatura del presidente de la república se había cedido para garantizar su cuota en el parlamento. Por tanto, esta propuesta no contaba con un plan de gobierno o una hoja de ruta coherente a seguir para liderar los destinos de nuestro país; teniendo como consecuencia una nefasta gestión de gobierno, y con decisiones políticas poco acertadas que han generado una seria crisis institucional, a nivel del gobierno central, que ha perdido importantes cuadros de especialistas conocedores de la gestión pública, que pudieron contribuir a llevar adelante un proyecto país.
El descontento de la población frente a la clase política obliga a buscar siempre actores políticos nuevos que ofrecen un cambio, la reivindicación de los pueblos más olvidados y el cierre de brechas en servicios públicos a los que puedan acceder, apostando por aquel candidato que ofrece el gas a 11 soles, o que se impone como el pobre hijo del pueblo, el profesor rural, que cambiará las cosas a favor de los más pobres.
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