Magalli Carrillo / Nadie nace disparando
La edad que las mafias siguen bajando y el cuidado que no llega
En un artículo anterior, “Infancias perdidas: las otras víctimas de la violencia”, planteé una pregunta que como sociedad seguimos sin responder: cuando un niño es reclutado por una organización criminal, ¿estamos frente a un victimario o frente a una víctima más de la violencia estructural? Desde entonces, la realidad no nos ha dado tregua. La pregunta sigue abierta, pero los niños que la protagonizan son cada vez más pequeños.
En octubre de este año, un chofer de combi de 60 años fue asesinado a balazos en el Callao. Según la Policía, el autor material fue un niño de 13 años.¹ Por su edad, la ley no permitía procesarlo penalmente, y fue entregado a su familia.² El caso duró pocos días en los titulares. Lo que debería quedarse con nosotros es otra cosa: ese niño volvió al mismo hogar del que salió la mañana en que alguien le puso un arma en la mano.
Las cifras confirman que no se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia que se agrava. La tasa oficial de homicidios del país pasó de 9.3 por cada 100,000 habitantes en 2023 a 10.1 en 2024, y la estimación para 2025 es de 10.7, la más alta de la serie reciente.³ En ese contexto, entre enero y mayo de 2026 el Ministerio Público registró más de 10,000 infracciones cometidas por menores de edad; solo en el primer trimestre, 1158 adolescentes de 14 a 17 años fueron detenidos en flagrancia, y el 89,2% eran varones.⁴
La gravedad de esas infracciones también ha cambiado. Entre 2022 y 2026, los adolescentes internados en centros juveniles por extorsión pasaron de 73 a 162, y los internados por fabricación, uso o porte de armas, de 82 a 162.⁵ A agosto de este año, casi 400 internos del sistema juvenil estaban vinculados a sicariato, extorsión, homicidio, tenencia de armas o trata de personas, y el propio director del Programa Nacional de Centros Juveniles admitió haber conversado con internos de 14 años recluidos por sicariato.⁶ En el Callao, la Policía ya reporta “varios casos” de niños de 12 años armados actuando como sicarios o extorsionadores.⁷
Y aun así, es probable que estemos viendo solo una parte del problema. La propia Policía reconoce que muchos adolescentes detenidos por sicariato terminan procesados únicamente por tenencia ilegal de armas, porque acreditar el sicariato resulta complejo.⁸ Lo que no se registra como sicariato no aparece en las estadísticas de sicariato. Y lo que no aparece en las estadísticas difícilmente se convierte en política pública.
Del otro lado del gatillo, los adolescentes también son víctimas. En 2024 fueron asesinados 62 menores de edad en el país, en 2025 la cifra subió a 88, y solo hasta agosto de 2026 ya se contaban 67.⁹ Las mismas organizaciones que los reclutan son las que, muchas veces, terminan matándolos.
El marco legal tampoco ha permanecido quieto. La Ley N. 32330, que permitía procesar como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en enero de 2026, que reafirmó los 18 años como edad mínima de imputabilidad penal.¹⁰ Sin embargo, en octubre ya se presentó un nuevo proyecto para eliminar la inimputabilidad desde los 14 años en delitos graves.¹¹ Los especialistas advierten sobre el efecto que esto podría tener: si se reduce la edad de responsabilidad penal, las bandas reclutarán a niños aún menores.¹² Cada límite que fija la ley corre el riesgo de convertirse en el nuevo piso del reclutamiento.
Hay, sin embargo, un dato legal que pocas veces se menciona y que debería preocuparnos especialmente. La Ley N.°32336, que sanciona la captación de menores para cometer delitos, establece cadena perpetua para quien los capte valiéndose de su posición, cargo o vínculo familiar.¹³ Es decir, el propio legislador reconoce que el reclutador no siempre es un extraño. A veces está dentro de la casa.
Ahí se encuentra el núcleo de este artículo. En “Infancias perdidas” describí las condiciones estructurales que rodean a estos niños: pobreza, exclusión, abandono escolar y escasa presencia del Estado. Hoy es necesario mirar más cerca, hacia el primer espacio de protección que debería tener cualquier niño: su familia.
Los datos no son alentadores. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del INEI, en 2024 el 43.6% de los adolescentes de 12 a 17 años fue víctima de violencia psicológica por parte de sus padres o de quienes los crían, solo en el último año; entre los niños de 9 a 11 años, el 45.9% sufrió violencia psicológica o física de sus propios padres.¹⁴ Un niño que aprende la violencia en casa difícilmente la percibirá como algo ajeno cuando una organización criminal se la ofrezca como trabajo.
A ello se suma la fragilidad material de muchos hogares. El 29.6% de los hogares peruanos con niños y adolescentes es monoparental, cifra que sube al 31.6 % en las zonas urbanas.¹⁵ En 2024, el 36.6% de los niños, niñas y adolescentes vivía en pobreza monetaria y el 8.2% en pobreza extrema.¹⁶ Y entre quienes no asisten a la escuela, casi seis de cada diez no lo hacen por problemas económicos o familiares.¹⁷
Conviene, sin embargo, evitar una conclusión fácil. El problema no es la forma de la familia, sino la calidad del cuidado. Hay niños que viven con ambos padres y crecen completamente solos.
Lo más preocupante es que, cuando la familia falla, el sistema suele devolverlos a ella sin acompañamiento. El adolescente conocido como “Dominick” había sido dejado bajo custodia de sus padres por un juzgado de familia pese a su prontuario; meses después, volvió a disparar.¹⁸ Y cuando el Estado sí los recibe, tampoco logra contenerlos: el 60% de los centros juveniles está sobrepoblado y seis de cada diez internos ya son mayores de edad,¹⁹ mientras algunos equipos técnicos atienden hasta 150 internos cuando lo recomendable son 50.²⁰ El propio PRONACEJ reconoce que muchos adolescentes salen igual a como entraron.²¹
Por eso el problema exige algo más que indignación cada vez que aparece una nueva noticia. Exige vigilancia. Vigilancia de las familias sobre lo que ocurre con sus hijos, de las escuelas sobre quienes dejan de asistir, de los gobiernos locales sobre los barrios donde las bandas reclutan, y del Estado sobre los niños que devuelve a sus hogares sin ningún seguimiento. Exige también que las instituciones publiquen lo que hoy no publican: con quién vivían, si estudiaban y si habían sido detectados antes como niños en riesgo los adolescentes detenidos por sicariato.
Un psicólogo del Ministerio de Salud lo resumió con una frase que da título a estas líneas: un adolescente no nace disparando, nace en un entorno desfavorable.²² Si aceptamos esa premisa, la pregunta de “Infancias perdidas” debe completarse con otra, más incómoda: antes de que ese niño fuera reclutado, ¿quién debía estar a su lado y no estuvo?
Mientras no seamos capaces de responderla, la próxima noticia ya no hablará de un niño de 13 años. Hablará de uno de 11.
Fuentes:
¹ EFE, “Detienen en Perú a adolescente de trece años por presunto asesinato de un conductor de bus”, reproducido por Infobae, 4 de octubre de 2026
² La República, “Sicario de 13 años acusado de asesinar a transportistas fue entregado a su familia en el Callao”, 16 de octubre de 2026.
³ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), Evolución de la tasa de homicidios e indicadores de seguridad ciudadana, 2022–2025, enero de 2026.
⁴ Ministerio Público, Observatorio de Criminalidad, y declaraciones del director ejecutivo del PRONACEJ, reportadas por La República, 13 de julio de 2026.
⁵ Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), datos obtenidos por El Comercio (ECData), 22 de octubre de 2026.
⁶ Declaraciones del director ejecutivo del PRONACEJ recogidas por La República, 25 de agosto de 2026.
⁷ Declaraciones de la Región Policial Callao recogidas por Infobae, 1 de mayo de 2026.
⁸ Declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú recogidas por Gestión, mayo de 2025.
⁹ Cifras difundidas por ATV y reportadas por Infobae, 10 de septiembre de 2026.
¹⁰ Tribunal Constitucional, “Declaran inconstitucionales modificaciones a normas para que se aplique a adolescentes responsabilidad penal ordinaria”, nota de prensa, enero de 2026 (Exp. 00008-2025-PI/TC y 00012-2025-PI/TC).
¹¹ Infobae, “Nuevo proyecto en Perú busca eliminar la inimputabilidad de adolescentes desde los 14 años por delitos graves”, 15 de octubre de 2026.
¹² Declaraciones del Instituto de Criminología y del Ministerio de Salud recogidas por Infobae, 24 de junio de 2026.
¹³ Radio Nacional (IRTP), “Gobierno establece cadena perpetua para los que usen a menores de edad en actos de sicariato”, 18 de mayo de 2025, sobre la Ley N.° 32336.
¹⁴ INEI, Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2024, nota de prensa, julio de 2025.
¹⁵ INEI, Estado de la Niñez y Adolescencia, III trimestre 2025, diciembre de 2025.
¹⁶ UNICEF Perú, Informe de progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diciembre de 2025, con datos del INEI.
¹⁷ INEI, Estado de la Niñez y Adolescencia, III trimestre 2025, diciembre de 2025.
¹⁸ Infobae, “¿Quién es ‘Dominick’? El sicario juvenil implicado en el asesinato del prontuariado ‘Careca’”, 9 de agosto de 2026.
¹⁹ La República, “Centros juveniles al límite: seis de cada diez internos son mayores de edad y el 60 % de sedes está sobrepoblado”, 30 de mayo de 2026.
²⁰ Ministerio Público, Observatorio de Criminalidad, y declaraciones del director ejecutivo del PRONACEJ, reportadas por La República, 13 de julio de 2026.
²¹ Declaraciones del director ejecutivo del PRONACEJ recogidas por La República, 25 de agosto de 2026.
²² Declaraciones del Instituto de Criminología y del Ministerio de Salud recogidas por Infobae, 24 de junio de 2026.




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