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Manuel Bernales / Chancay como estratégica nacional (2 de 4) 



Chancay: planificación estratégica nacional, no solo un puerto.

 

A pesar de que el Perú ha aprobado instrumentos normativos, algunos con nivel de Ley, y Decreto Supremo, otros con  Resoluciones Ministeriales y sub ministeriales en materia de política y gestión ambiental, que es la dimensión más compleja y multifactorial de megaproyectos como el de Chancay, no se ha aplicado la herramienta fundamental que es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), sino únicamente la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los instrumentos directamente relacionados en un proceso que aún no ha terminado.

 

Por esta razón, es menester realizar todos los ajustes de fondo y forma que perfeccionen al máximo las previsiones, medidas y decisiones favorables no solo a la construcción de un mega puerto sino de un HUB portuario multimodal, porque para su funcionamiento y desarrollo necesitará transporte marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo, así como el complejo de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de estos desde los de energía, agua potable, agua para otros usos, desagüe y gestión de todo tipo de residuos sólidos (que llamamos basura) y que en el Perú prácticamente es un gigantesco problema nacional), también de seguridad ciudadana, defensa civil, servicios de policía, hasta un mejor aprovechamiento de los distintos espacios urbanos inmediatos y de los territorios urbanos y rurales que circundan al mega puerto, con modernos sistemas de construcción civil, incluyendo, insisto, construcciones civiles corrientes, de defensa civil, de resguardo y policiales así como de defensa nacional, porque un mega puerto y un Hub requieren de todas ellas.

 

En la última década del siglo pasado el Perú superó varios problemas estructurales algunos históricos y otros del siglo XX como la extrema pobreza, el bajo crecimiento económico y el terrorismo principalmente. Sin embargo, es evidente que el Perú ha resultado y vive con diversas polarizaciones y antagonismos cruzados. Propios y extraños reconocen que hay un bajo consenso social nacional, varias tendencias disruptivas y a pesar del crecimiento de diversos sectores de clases medias, existe una baja integración social con escasa cohesión nacional y severa afectación ambiental en las citadas cuatro regiones naturales ya citadas, en distintos aspectos.

 

Conviene señalar que esta caracterización también se presenta en otros Estados de nuestro subcontinente, en algunos casos incluye la violencia política de grupos de extrema derecha y de izquierdas que practican terrorismo, aunque los Estados tienen diferencias significativas por su historia, demografía, estructura institucional y grado de desarrollo relativo.

 

En muy pocos casos ha resultado completamente efectivo el desarrollo de proyectos de inversión con EIA y últimamente se han presentado muy graves evidencias de que esto no ha sido bien llevado técnica, política, ni social, ni culturalmente, además del grave déficit ambiental. Si se hubiese realizado un proceso con evaluación ambiental estratégica, EAE, probablemente se hubiese reducido los riesgos y desastres ambientales, sociales y políticos que han ocurrido como en el caso de la gran inversión minera, detenida después de graves protestas sociales en la República de Panamá que además sufre un enorme estrés hídrico.

 

Es indiscutible que muchos enfoques de proyecto no incorporan debidamente dimensiones y variables críticas en pleno desarrollo y complejidad tales como la transición energética, los cambios demográficos y procesos de urbanización, para no quedarnos en la única mención del cambio climático global que se expresa hasta en niveles sub distritales. Sin embargo, hay proyectos muy bien llevados que en la práctica incorporaron criterios cercanos a los de la EAE como es el caso de Quellaveco, la única inversión nueva aprobada en 2012 y que considera en su esquema de desarrollo la sostenibilidad en sus distintas dimensiones incluyendo la territorial-ambiental, toda vez que considera sus nexos más allá de la zona de influencia directa y que permitiría una articulación interdepartamental con Arequipa, aportando decisivamente a la reducción del estrés hídrico y mejor aprovechamiento del agua para distintos usos.

 

Conviene señalar también que la dimensión de participación social o comunitaria que tanto se reclama para enfoques de proyecto e inversiones con EIA también pueden desarrollarse con la debida preparación tanto de la población concernida como de los equipos técnicos de los sectores públicos o administraciones públicas, del agente inversionista y de otros actores sociales no públicos.

 

Al respecto, hay instituciones no estatales como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la ONG Cooperacción, Futuro sostenible de la cual soy consultor internacional asociado, que han remarcado esta necesidad y principios de participación y sostenibilidad social y cultural, aunque muchas veces por la afirmación de otros criterios de la concepción, metodología y orientación que tienen no han sido bien recibidos por algunos sectores que suelen ser reacios a criterios y prácticas nacionales e internacionales debidamente aprobados para asegurar la participación con efectividad en los resultados de la inversión.


 

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