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Miguel Dávila / Seguridad Alimentaria costo-efectiva


Ante el sombrío panorama económico que ha dejado el COVID19 en Perú, la prioridad 1, es la distribución de alimentos a precios populares en Lima y mayores ciudades del país; este proceso es urgente. Ayuda también, incluso a descongestionar los mercados, focos de contagio actuales.


La publicada Ley 31071 - Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, tiene como objetivo justamente ello, pues establece que las organizaciones del Estado que compran alimentos compren al menos 30% de sus adquisiciones habituales a pequeños productores agropecuarios con la finalidad de promover el consumo de alimentos peruanos e inyectar recursos en los pequeños agricultores.



Una solución rápida de implementar


Una propuesta “ingeniosa”, para una política pública de bajo costo es hacer una transferencia financiera de capital de trabajo bajo la forma de COMPRA DIRECTA a los pequeños productores (liquidez, no infraestructura), recursos que tienen dos vectores:


i) Por el lado de la oferta: les inyectamos capital de trabajo para sostener la pequeña producción agraria en manos de alrededor de 2´000,000 de productores; y

ii) Por el lado de la demanda: la producción que bajo ese modelo se genere, la dirigimos hacia “ferias municipales” (Como el programa del MINAGRI “De la chacra a la olla”, a precio de chacra más gestión logística, sumando indudablemente a la seguridad alimentaria del país de esta manera.


Dado que, los productores no tienen experiencia (o capacidad) en vender directamente en las ciudades (salvo un mínimo porcentaje), no están organizados (salvo los que integran una cadena agroindustrial/exportadora) y el Estado no los tiene en un padrón donde se sepan sus datos de producción, salvo los del CENAGRO de 2012 que fue el primer censo en la historia del Perú georreferenciado; se hace necesaria una urgente intervención desde las bases del modelo.


La solución por el lado de la demanda, tendría que ser como hasta ahora, el modelo ya comprobado “de la chacra a la olla”, donde el proceso micro debiera extenderse hacia las manos de los municipios provinciales y distritales más agiles que coordinen con sus productores y con los mayoristas, siendo que a precios de mayoreo se implementen un número de ferias relevante (100 a 300 a nivel nacional) que ofrezcan entre otros los productos más importantes de la canasta familiar. El proceso macro (mientras no tengamos un ente rector de la seguridad alimentaria en el Perú), debería quedar en manos del MINAGRI que promociona la producción, y de la MML (para Lima) y PCM para el resto del país, que deberán facilitar el proceso logístico.


Se deben trabajar tres niveles de “ferias municipales”: i) Feria de alimentos, con productos procesados de la canasta básica ofrecidos por mayoristas; ii) Feria de verduras, ofrecidos directamente por sus productores; y iii) Ferias de frutas, de productores y mayoristas; evitando lo más posible a los intermediarios; a menos que éstos sean gestores comerciales que aporten valor al campo y a los mercados (compran a precios justos y venda a precios adecuados: “precios populares”).


Las municipalidades provinciales y distritales, bajo la supervisión de la PCM, deberán coordinar embarques completos (camionadas/trenes) desde las zonas productoras, hasta su disposición en: parques zonales, clubes, estadios, plazas de armas, colegios, calles avenidas y parques, acercando esta producción a los habitantes de los diversos distritos, los que deberán ofrecer sus productos con los protocolos adecuados. Los puntos finales serán definidos por las municipalidades.


La urgencia es abastecer a 'precios populares', y reducir la aglomeración en los mercados, es la clave para atender a familias peruanas golpeadas por la recesión, una gran mayoría sin ingresos, en las zonas más habitadas de la capital y mayores ciudades del Perú. La idea es atenderlos con canastas de productos, teniendo el objetivo centrado en el 2021 para empezar. Estas acciones serán determinantes para la población, y el Estado debe estar en las posibilidades de cubrir su principal necesidad: alimentación.



Conclusión: proceso ganar – ganar


Poner en funcionamiento esta propuesta sería fabuloso porque genera que la cadena de valor se active desde abajo. Por ello el número de ferias es muy relevante, tanto por el volumen de productos ofrecidos como por la transparencia 'reguladora' de los precios, para que los minoristas e intermediarios no sean tan voraces (y las autoridades miopes).


Para desarrollar un número relevante de ferias en lo que resta del gobierno (e implementarlo como política pública), se necesitan expertos en logística, y las FFAA los tienen, y seguro que el sector privado que mueve volúmenes, también puede ser de ayuda, en estos momentos.


¿Cómo se instrumenta? Se debe formar un Grupo de Trabajo dedicado, presidido por el MINAGRI y la PCM, con delegados de la MM de Lima, la Asociación de Municipalidades del Perú, MIDIS, Asociación de Productores Agropecuarios, Asociación de Comerciantes, entre otros.


RESUMEN: las trasferencias que el Gobierno instrumentalice a través de estas compras directas a la agricultura familiar facilitará la producción y dinamizará las ferias municipales a “precios populares” para los consumidores; esta política de Estado dinamizará al campo sin duda alguna, descongestiona los mercados en el corto plazo y genera seguridad alimentaria de largo plazo. Ganan todos, gana el Perú.


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