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Miguel Dávila / Agroindustria rural posible (1 de 2)


Agroindustria rural, es definida como aquella actividad que permite aumentar y retener en las zonas rurales el valor agregado de la producción de las economías locales, a través de la ejecución de tareas de postcosecha, tales como selección, lavado, procesamiento, transformación, empaque y comercialización, de los productos provenientes de las explotaciones agrosilvopecuarias, generando ingresos y empleos en beneficio directo de la agricultura familiar.


No obstante, existen cadenas productivas que no cuentan con acceso directo a colocar su producción en el mercado, lo que impide que puedan acceder a negociar directamente con sus compradores, y quedan sometidos a la intermediación de terceros, que son los que terminan acumulando los márgenes que se generan en la comercialización; por un lado, estos compran a precios muy reducidos en el campo y en el otro extremo, venden a precios mejorados en el mercado. La situación empeora, cuando consideramos que la venta que persiste en el campo es la de productos frescos, que tienen una corta vida útil que no permite una correcta negociación y traslado. Incluso se pueden generar pérdidas entre los productores, dado el proceso natural de maduración, que puede terminar por eliminar todo el valor de la producción.


En este marco, la industrialización rural es una respuesta válida al problema; no obstante, múltiples intervenciones realizadas a través de programas y proyectos públicos, como también privados e internacionales, han demostrado que la simple provisión de equipamiento, maquinaria, herramientas, infraestructuras entre otros, no tuvieron un resultado adecuado, dado que una condición sine qua non, para la sostenibilidad económica de las plantas de procesamiento y/o transformación, es una continua cadena de proveeduría de insumos de calidad, si esta cadena de suministro o proveeduría se corta, o es insuficiente, una planta trabajaría por debajo de su productividad eficiente, e incluso por debajo de su punto de equilibrio, vectores que terminan encareciendo el producto final, desbaratando su competitividad ante sustitutos y sacándolos del mercado.


Las cadenas de proveeduría, basadas en la Agricultura Familiar Intermedia o no consolidada, pueden traer de la mano dos problemas, i) la existencia del autoconsumo que compite con los flujos de provisión de insumos del campo a las plantas de procesamiento y/o transformación; y ii) el sometimiento tradicional a los compradores y/o intermediarios, que puede producir la venta informal del producto que estaba comprometido a ser entregado a la planta. En ambos casos se atenta contra la autosostenibilidad del modelo. La desconfianza, falta de compromiso, inexistentes estándares de pesos, medidas y calidad, y la siempre presente escases de capital de trabajo, terminan por completar la ecuación, con un resultado negativo que posterga en la pobreza a la mayoría de unidades de la Agricultura Familiar.


Ante esta realidad, el real conocimiento y entendimiento del espacio rural es muy importante, entendiendo que la problemática a enfrentar no responde a pocos factores a combatir, sino a un cúmulo de estos que inician desde: las múltiples tradiciones ancestrales de las poblaciones que lo ocupan, la falta de acceso a educación moderna y estandarizada, procesos de interrelación social, baja autoestima, postergación en medios de comunicación (radiales, telefónicos, viales, entre otros), acceso a medios financieros escasos o nulos, insumos de producción y procesos productivos con bajos estándares de calidad entre otros.


Como si estos problemas fueran poco, en las últimas 4 décadas, en Perú se han conformado programas nacionales con diversos enfoques puestos a prueba con el apoyo y asesoría de diversas plataformas técnicas (FIDA, BID, Banco Mundial, JICA, GIZ, SNV, PNUD, entre otros) y desde diversos sectores como MIDAGRI; MIDIS, MINCETUR, PCM, MINEM, MEF, MIMP, con relativo éxito por componentes no considerados en su matriz lógica de diseño. Luego de los años transcurridos, queda claro que el principal desafío institucional de las organizaciones públicas de desarrollo del sector rural, se encuentra, en la COORDINACIÓN de acciones, la definición de reglas, convenciones y formas de coordinación conjunta, destinadas a atender las problemáticas que se encuentran en el marco de sus competencias, así como la generación de Políticas y Estrategias de largo plazo.


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