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Miguel Dávila / Agroindustria rural y reforma (3 de 6)


Realizando solamente un recuento de las principales experiencias del sector MIDAGRI, tenemos: i) experiencias relacionadas a la sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático (PRONAMCHACS, AGRORURAL, INIA); ii) experiencias de articulación comercial sujeta a la volatilidad en los precios internacionales de productos primarios (frescos), donde se ha fortalecido el rol del productor (asociaciones, cooperativas) en su acceso a mercados, y estudiado el papel de los intermediarios (AGROIDEAS, SIERRA Y SELVA EXPORTADORA, AGRORURAL), iii) experiencias relacionadas a la promoción de comercio extrarregional e intrarregional, con la generación de ferias de productos y mercados itinerantes (AGRORURAL “De la Chacra a la olla”).


Todos esos programas han demostrado, que el desafío de productividad e innovación en el ámbito rural, pasa por el desarrollo de actividades dirigidas a: i) incrementar la productividad; ii) diseño de un adecuado tamaño y desempeño tecnológico adecuado a cada producto y/o territorio; iii) la adecuada y real educación y capacitación productiva, destinada a un buen manejo de los productos en todas sus etapas, incluidos los procesos de aseguramiento de calidad y certificaciones; iv) actividades de asistencia técnica y transferencia tecnológica para la innovación agraria, que propendan la competitividad; v) el acceso a plataformas de financiamiento directo (de los compradores) o indirecto a través de la banca formal o de fomento (Agrobanco), incluidas las Instituciones financieras de microcréditos, con diseños de créditos adhoc para el campo, garantizadas en su flujo productivo y no en sus activos de producción (propiedades); y vi) la promoción de alianzas con los eslabones superiores de la Cadenas de Valor, que les permita el acceso directo a nuevos, mayores y mejores mercados, con precios mejorados.


“A raíz del resurgimiento de la política industrial y los cambios en el paradigma rural, se ha diluido la contradicción aparente entre la política industrial y el espacio rural. Entre los cambios observados en el paradigma rural, se debe destacar la mayor interdependencia entre el sector agropecuario y otros sectores, como la manufactura, los servicios profesionales, los servicios ambientales, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el turismo rural; cambios en la estructura productiva que implican una reorganización de las etapas de producción en una cadena de valor; la disminución de la participación del empleo agropecuario en el empleo rural total; transiciones demográficas de la población radicada en zonas rurales, y la creciente importancia de los procesos de aprendizaje e innovación. Las brechas en materia social y económica entre el espacio rural y el urbano exigen nuevos enfoques para promover un desarrollo productivo incluyente”. (Padilla Pérez, CEPAL 2017, p101).


En esa línea, Ramón Padilla Pérez, concluye con respecto al diseño de los Instrumentos de política industrial rural, que es gravitante acompañarla con el diseño de políticas y acciones complementarias que la sostengan, las que define como: i) Políticas para el fomento productivo, en los que incluye la Innovación Agraria y la Transferencia tecnológica como piedra angular del modelo; ii) Políticas comerciales, destinadas al objetivo de mayor competitividad y competencia, lo que implica la generación de economías de escala, calidad, certificaciones y productos diseñados de acuerdo a lo que los mercados demandan; y iii) Políticas ambientales, que implica el manejo sostenible de los medios de producción, así como el manejo de residuos del proceso de transformación de las plantas.


“Para enfrentar estos retos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado la necesidad de promover un cambio estructural progresivo, es decir, un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos intensivos en aprendizaje e innovación, que permitan aumentar la producción y que favorezcan la protección del medio ambiente, el empleo con derechos y el mejoramiento de las condiciones sociales de la población.” (Padilla Pérez, CEPAL 2017, p11).



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