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Miguel Dávila / ¿Qué falla en la gestión pública? (3 de 5)


2. Los recursos públicos y la ejecución de los subnacionales


Ya antes del COVID19, la “negociación” y la asignación de recursos públicos a favor de los gobiernos subnacionales en Perú era bastante débil. Varios gobiernos regionales, y peor aún municipalidades, trabajaban durante el año desfinanciadas, este año no ha sido la excepción y ahora pos COVID19, será aun peor. Esto puede generar serios problemas, pues al tener menores ingresos se verán obligadas a reducir su gasto, ¡que ya era exiguo!


A saber, los gastos más afectados (o más fácil de recortar desde el MEF) serán los gastos corrientes (principalmente el relacionado al factor humano), así como también los de bienes de capital (equipos, maquinarias, herramientas, suministros), y por tanto la inversión, en la que inciden negativamente tres vectores: i) incapacidad para gestionarla por pérdida del capital humano; ii) recortes presupuestales desde el Gobierno nacional; y iii) imposibilidad de realizar la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas, por escasez de recursos.


En suma, ante un panorama POS COVID, en que es prioritaria la reactivación, la inversión y el empleo (como principal factor del consumo interno), producirán solamente sub-ejecución de obras proyectadas, desempleo, y baja capacidad de prestación de servicios públicos locales (como salud, saneamiento y limpieza pública). En ese sentido, hagamos un recorrido por cómo han ido ejecutando los recursos COVID19 provistos por el Gobierno Central en marzo y abril:

El Cuadro 2, ha sido elaborado con información provista por la web de seguimiento de acciones, llamada SALACOVID19, a la fecha del 26 de mayo, a los 40 días de la última transferencia financiera recibida para adquisición de equipos de proyección personal, materiales, equipos de respuesta rápida (ERR) y equipos de seguimiento clínico ((ESC).


Teniendo en cuenta incluso que, el decreto de urgencia de emergencia permite utilizar procesos simplificados y de emergencia (con formalización futura), lo que implica que los procesos de adquisiciones se podrían realizar entre los 15 y 30 días como máximo. Observar que todas las regiones tengan una ejecución tan baja, e incluso existan regiones con una ejecución paupérrima, refleja la falta de capacidad de los gobiernos subnacionales para realizar estos procesos prioritarios.


Si este es el comportamiento de sus equipos técnicos con todas las cartas a su favor, y ante circunstancias de vida o muerte, ¿qué nos espera entonces ante circunstancias normales? Eso explica ampliamente el atraso en la ejecución presupuestal desde las regiones.


Hagamos un cruce adicional con la información sobre contagios y letalidad por regiones en comparación con la ejecución presupuestal y analicemos la correspondencia de las acciones realizadas al respecto. El Cuadro 03 nos muestra las primeras nueve (09) regiones con un índice e letalidad mayor o igual al promedio nacional (2.93%), con el índice de positividad sobre muestras y los valores absolutos de muestras, positivos y fallecidos.

Realizando el cruce de la información del Cuadro 2 y Cuadro 3 para esas nueve regiones, tenemos que, en promedio, las que más necesitan que se realice la inversión relacionada al COVID, dada su alta tasa de letalidad, muestran una ejecución de 34%, es decir una tercera parte de la ejecución que se necesitaba acelerar para mitigar la pandemia.

Estamos ante una situación que pasa por replantear nuevamente las competencias de los tres niveles de gobierno, cambiar el paradigma de principios, alcances y objetivos de la descentralización; analizar nuevamente, qué decisiones y acciones deberían estar en manos de los niveles de gobierno más abajo, y cuales, niveles más arriba. En principio, a ante la realidad en que los gobiernos subnacionales muestran debilidades para ejecutar, formalizar y recaudar, ciertas funciones estratégicas de manejo presupuestal y financiero (sobre insumos e infraestructura de salud, educación y protección social), deberían estar en manos de una entidad autónoma y centralizada a nivel del gobierno central,


Además, se deben tomar las medidas más convenientes para evitar el desfinanciamiento de los servicios públicos (sobre todo los de salud), pensar en un orden más adecuado de la delimitación regional (división por cuencas = dado que agua es vida) y sobre todo combatir la atomización (en más de 2000 instituciones y gobiernos subnacionales) de los esfuerzos de desarrollo y protección social de todo el país.



2.1. Ejecución presupuestal en Salud


Para realizar el análisis del presupuesto y ejecución en la función Salud del presupuesto público peruano, hemos recurrido a la Consulta Amigable del MEF. En esta información se contempla el presupuesto y ejecución de los tres niveles de gobierno. En el caso del nivel Nacional, se encuentra un (01) solo pliego, el Sector Salud, Ministerio de Salud (MINSA); a nivel regional contamos con 25 pliegos, uno por cada región; y a nivel distrital 1,655 pliegos referidos a un número igual de municipalidades distritales.




Bajo esas consideraciones, un solo pliego del Gobierno Nacional ejecuta en promedio S/8,380 millones (45% del presupuesto total), 25 pliegos ejecutan S/8,034 millones (unos S/321 millones por pliego, equivalentes al 43% del presupuesto total), y 1,655 pliegos ejecutan S/374 millones (unos 22mil por municipio, equivalentes al 2% del presupuesto nacional). En resumen, MINSA ejecuta el 94% de su presupuesto anualmente, mientras la otra mitad del presupuesto en salud, se atomiza en 1,680 pliegos, que ejecutan a niveles que van en un rango entre 70% y 88% al año. A la luz de estos datos, consideramos que no se debiera atomizar la inversión de servicios y bienes estratégicos, como en este caso en la salud, más aún en el marco de la COVID19.

El presente análisis de los últimos diez años, nos indica que centralizar la ejecución podría terminar siendo una salida más eficaz y eficiente para el país, si el objetivo es garantizar un mejor desempeño del gasto corriente (compras centralizadas) e inversión en salud (infraestructura y equipamiento).



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