A. La administración directa complicando las cosas
Existe un problema que complica aún más el número de obras paralizadas, y son aquellas identificadas como obras por administración directa en la fase de pre inversión y durante la elaboración de expedientes técnicos. Para entender mejor, a diferencia de una obra por contrata (contratación de un ejecutor que ejecute toda la obra) “administración directa” implica que es la misma entidad (gobierno subnacional) la que ejecuta directamente la obra, realizando la subcontrata de las diversas actividades consideradas en la obra, e incluso ejecutando directamente algunas de estas, con su propio personal, equipos y maquinarias. El problema radica que en este tipo de intervención hay mucha incidencia de corrupción, iniciando por el hecho que existen múltiples contrataciones en vez de una sola (obras por contrata), lo que abre la puerta para el direccionamiento de contrataciones públicas y sobrevaloraciones, pero a la vez implica múltiples frentes que problematizan la ocurrencia de paralizaciones, pues basta que el ejecutor de una actividad crítica entre en problema, para que el resto de ejecutores contratados se compliquen y terminen por paralizar por completo las actividades.
La CGR viene trabajando sobre esta problemática, a través de una iniciativa legislativa para regular el proceso de ejecución de obras por administración directa (Proyecto de Ley N° 00875/2021-CGR), con este dispositivo se regulará mejor la administración directa y se generarán las condiciones para que se ejecuten obras a través de este sistema, incluyendo medidas de control bajo competencias de la CGR:
Como parte de esta iniciativa, la CGR también viene trabajando para crear una plataforma que sistematiza la información de las contrataciones del Estado para un efectivo control de los recursos públicos, control de las garantías presentadas por las empresas contratistas, y la creación de un registro de supervisores y proyectistas de obras, yodo con la finalidad de reducir la ocurrencia de malos expedientes técnicos, empresas formuladoras y ejecutoras sin las competencias adecuadas, y sobre todo, presentación de garantías fraudulentas. Para pode destrabar con éxito las obras paralizadas ya identificadas, e necesita generar el marco legal necesario y el presupuesto para realizar las actividades alrededor de éste, con este condicionamiento, se podría poner en ejecución nuevamente todos ellos en un horizonte de 6 meses a un año, dependiendo de si hay continuidad con el contratista o contratación de uno nuevo.
El proceso de destrabe de obras paralizadas no es de carácter inmediato pues se necesita una serie de acciones técnicas, muchas de ellas dentro de procesos de arbitraje que tienen períodos legales y también demandan recursos de las entidades involucradas. La problemática del destrabe, independientemente del sector responsable del servicio, pasa por una intervención directa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se necesita de personal proactivo y no de personal que “sopla la pluma” a los sectores y regiones, con competencias limitadas para resolver los problemas.
Una vez que se empiecen a retomar las obras que están paralizadas, la inversión pública empezará a activarse con mayor éxito. El hecho de que sea la inversión pública el gasto más importante, significa que tiene un efecto significativo sobre el crecimiento de la economía peruana. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculan que por cada S/1 gastado en inversión pública duplica S/1.5 más del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, tiene un efecto multiplicador muy importante. No obstante, aún el camino de destrabe es largo, iremos viendo sus resultados en los próximos 6 meses a un año, de seguir con el camino que se ha trazado.