Según explica el MINAM, los MEcanismos de REtribución por Servicios Ecosistémicos – MERESE, “son instrumentos que permiten generar, canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes. En ese sentido, los Servicios Ecosistémicos que forman parte del MERESE, conforme lo establece la legislación vigente, son trece (13):
1) Servicio ecosistémico de regulación hídrica
2) Servicio ecosistémico de mantenimiento de la biodiversidad
3) Servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono
4) Servicio Ecosistémico de Belleza paisajística
5) Servicio ecosistémico de control de erosión de suelos
6) Servicio ecosistémico de provisión de recursos genéticos
7) Servicio ecosistémico de regulación de la calidad de aire
8) Servicio ecosistémico de regulación del clima
9) Servicio ecosistémico de polinización
10) Servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales
11) Servicio ecosistémico de recreación y ecoturismo
12) Servicio ecosistémico de ciclo de nutrientes
13) Servicio ecosistémico de formación de suelos
El Perú tiene gran potenciales en la implementación de estos mecanismos en las próximas décadas, somos un país bendito con soluciones a la vista ante problemas globales que difícilmente serán flanqueados por otros países. Aún poco explorados en nuestro territorio, los MERESE vinculados a las intervenciones denominados “Proyectos de Carbono Forestal”, vienen siendo ejecutados bajo objetivos de reforestación, plantaciones forestales comerciales e incluso restauración; no obstante, estos pueden ser desarrollados potenciando dichas experiencias, desarrollándose en los siguientes niveles: IFM (Tala evitada), REDD+ (Reducción de Emisiones por producidos por la Deforestación y Degradación evitada con participación de población local y reserva de carbono) y ARR (Aforestación, Reforestación y Restauración).
Los más conocidos en el Perú son los MERESE hídricos, que funcionan en base a operadores de agua y saneamiento, como es el caso de SEDAPAL que, en su ámbito de servicio, destina el 1% de lo que cobra en sus recibos para la implementación de proyectos MERESE en las cuencas altas de los valles del “Chiriluma”, los del río Chillón, Rimac, Lurín y Alto Mantaro. Estos proyectos caracterizan a los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, como retribuyentes (por el aporte dinerario); y a los habitantes de las cuencas altas mencionadas, como contribuyentes, por contribuir con no afectar y/o mantener el ecosistema aguas arriba y por ello recibir una retribución en la forma de algún beneficio económico relacionado a sus ocupaciones, usos y costumbres tradicionales, o que realizaban afectando el ecosistema que se pretende mantener. El objetivo de dichos proyectos tener agua en volumen y calidad necesaria, aguas abajo-
En el lenguaje de los MERESE, las intervenciones que se realizan a través de dichos proyectos, se reconocen con el nombre de infraestructura verde e infraestructura gris, siendo las primeras todas aquellas vinculadas con el mantenimiento y/o restauración de la flora y fauna del ecosistema presente en la zona (reforestación, restauración, etc.). Las segundas van referidas a las infraestructuras de “fierro y cemento”, necesarias para garantizar el almacenamiento de agua (reservorios, diques, cercas de exclusión, caminos, otros).
Sin embargo, esta estructura y caracterización de contribuyentes y retribuyentes se dificulta en un ámbito, donde el objetivo ecosistémico hídrico no tiene un proceso de cobranza formal aguas abajo, o se tiene otros objetivos ecosistémicos en mente. En suma, ¿cómo se puede transferir una retribución, si es que no hay un sistema formal para cobrarlo?; la respuesta es que debe haber siempre un regulador presente en la ecuación, una institución que pueda llevar a cabo este cobro y la posterior distribución de los recursos en la forma de proyectos en la zona de interés. En el caso del MERESE hídrico del ejemplo de líneas arriba, ese rol lo lleva a cabo Sedapal.
Volviendo al caso de los MERESE de carbono, la identificación de los retribuyentes y contribuyentes se complica, pues el resultado más tangible es la captura de carbono y por tanto un aíre más limpio; pero, ¿quién cobra el aire en el Perú?, ¿quién lo hace en el mundo?; en realidad nadie lo hace actualmente.
Pero en realidad si existe una valoración de este aire, a través del mercado de bonos de carbono que se viene desarrollando año tras año, y que los países y las empresas más contaminantes, vienen dinamizando.
Entre la bibliografía de consulta sobre el tema, se encuentra el documento de Assunção, Juliano J., Lars P. Hansen, Todd Munson and José Scheinkman (“Carbon Prices and Forest Preservation Over Space and Time in the Brazilian Amazon”. SSRN. 2023), donde se pone en evidencia de forma clara y objetiva, que las próximas tres (03) décadas, los países amazónicos seremos los protagonistas y responsables de proveer el principal valor de dicho mercado. El escenario al que vamos convergiendo es aquel en que los bosques amazónicos pasen a ser un importante eliminador de emisiones de CO2 del planeta, mediante la recuperación de bosques naturales. Basados en que los ingresos proyectados por la venta de créditos de carbono, ascenderían de “0” a US$320,000 millones en tan solo 30 años.
Muestra de ello, en el documento se indica que mientras los cálculos realizados para el estudio se hicieron con un precio base referencial de US$20 por tonelada de VCU (Verified Carbon Unit / captura de una tonelada de CO2), el mercado europeo de carbono, ya estaba cotizando en US$ 90 la tonelada de CO2 en el primer semestre de 2023, lo que implica que los bonos de carbonos están destinados a redirigir con éxito las políticas públicas basadas en la Amazonía, hacia “una vocación al bosque”. Sólo como referencia, las estrategias IFM cotizan bonos de carbono entre US$4 y US$15 x VCU, las REDD+ entre US$15 y US$30 y las ARR entre U$80 y US$100.
Las acciones basadas en IFM, REDD+ y ARR, a gran escala y los recursos del mercado de carbono asociados, generarán sin duda una transformación profunda, que implica revalorizar al bosque en un escenario de prosperidad socioeconómica, para la población de dichas regiones y el país en general, donde estas intervenciones puedan ser complementadas con fondos concursables como PROCOMPITE, Pro-innóvate, Agroideas, entre otros públicos y privados, cuyas contrapartidas puedan ser financiadas por el operador y/o financiador de los proyectos MERESE, de manera parcial o total.
Por tanto, la existencia de este mercado de bonos de carbono, es un claro indicador de quiénes son ya los retribuyentes, y quiénes deben ser los contribuyentes; el rol de regulador debe ser asumido por una institución que pueda canalizar recursos aportados como una proporción de los pagos por bonos de carbono que reciben los tenedores públicos y/o privados de los territorios aforestados, reforestados o restaurados. Los fondos deben ser utilizados para generar mayor impacto en dichas acciones en sus propios territorios y territorios vecinos, para un manejo sostenible y aditivo del bosque, generar conectividad ecológica y restitución de flora y fauna.
Es destacable que, la gran mayoría de la población peruana vive en centros urbanos, por lo general en la costa; sin embargo existe una gran presión sobre los productos naturales, por lo general provenientes de zonas rurales; es allí donde la llamada “bioeconomía” ha cobrado un gran impulso con el desarrollo de múltiples productos compatibles con los bosques con un crecimiento significativo y potencial, de mercados locales, regionales e internacionales, que se pueden basar en este tipo de intervenciones; entendido esto sólo cabe poner manos a la obra, públicos y privados a invertir en conjunto, nuestros bosques se lo MERESEn.