No hay duda que la ley de promoción agraria trajo bienestar. No hay duda que no pueden seguir las prebendas.
Lo que tienen que haber son políticas públicas (irrigación, capacitación, semillas, salud y urbanismo). Perder empleo formal e informalizar más es absurdo. ¿De acuerdo?
Insisto en que el costo fiscal de la exoneración a renta para las agroindustriales (S/. 451.5 millones) e IGV para el régimen agrario general (S/. 939.4 millones) vayan a un fondo autónomo, idealmente el fondo soberano de riqueza, desde donde se puedan diseñar y evaluar las políticas públicas que necesita el agro (cosecha de agua; cooperativas de nueva generación; APPs bien diseñadas de caminos, ferias y mercados; sistemas de información en mercados; capacitación).
Con la precariedad institucional, inestabilidad política, importancia política de los privilegios, politización de las políticas públicas, tremenda informalidad y otras taras, se necesita autonomía política para trabajar políticas públicas así.
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