Acabo de visitar Caral y Vegueta, en el norte chico, y seguí reflexionando sobre las contradicciones que han marcado nuestra sostenibilidad. Ambos centros arqueológicos datan entre 5,000 a 3,500 años de antigüedad, ostentando Caral ser la ciudad más antigua de América. Hoy por hoy, Caral enfrenta conflictos por tráfico de tierras, invasiones y un bajo desarrollo de servicios de calidad, pese a esfuerzos de revalorización cultural.
Desde estas primeras sociedades hubo diferenciación social y centralización de poder. Su jerarquización pacífica, producto de la ausencia de culturas rivales, fue una de las razones que llevó a la posterior cultura incaica a su extinción, ya que la falta de competencia limitó su capacidad de adaptación y la convirtió en un blanco fácil para los españoles. La llamada sociedad Caral fue contemporánea a la egipcia, la china y la hindú, pero su aislamiento geográfico y la falta de competencia la hizo menos resiliente frente a cambios o presiones externos. Esta misma vulnerabilidad se repite hoy en diversos sectores del país.
Las contradicciones de la lucha de la sobrevivencia, de la lucha del poder, tanto sociales como personales, han sido y seguirán siendo oportunidades de transformación. Retos que bien enfrentados, pueden lograr lo mejor de ambos mundos, de ambas fuerzas, para una reconstrucción más sólida.
A lo largo de la historia, las sociedades han justificado sus estructuras de poder. Por ejemplo, Aristóteles decía que algunos humanos estaban destinados por naturaleza a ser esclavos porque carecían de razón completa, los romanos, -quienes han determinado mucho de la cultura en nuestros días-, establecieron el concepto de “dignidad” el cual estaba fuertemente relacionado a la posición social. El cristianismo y el liberalismo extendieron el concepto de “dignidad” a todos los seres humanos, logrando manifiesto, declaraciones, acuerdos, pero su implementación sigue dependiendo de dinámicas económicas, políticas y sociales que varían en cada contexto.
En el artículo anterior reflexionaba entre varios puntos sobre el Acuerdo de París, el cual fue una declaración vinculante sobre la necesidad de accionar frente a la evidencia del cambio climático. Sin embargo, esa declaración enfrenta sus propios contextos y retos según el nivel de desarrollo de cada país. La negociación ha buscado que los países que más han contaminado sean los que asuman mayor responsabilidad, estableciendo metas medibles, cada cinco años, para lograr reducir las emisiones al 2030. Si bien los países denominados más “vulnerables”, que han sido aquellos que se asocian a economías no muy desarrolladas y ecosistemas frágiles y/o megadiversos, también han fijado metas de reducción su principal reto es la adaptación a esos cambios de clima, mientras que las economías ya desarrolladas deben priorizar la mitigación.
Es interesante que la humanidad a pesar de sus grandes desacuerdos y pugnas de poder geopolíticas, haya acordado en un acuerdo vinculante, esta verdad. Ahora, pretender que esa declaración y esos mecanismos en marcha sean suficientes de por sí sería ingenuo, pues la historia nos muestra que el verdadero cambio ocurre cuando se alinean intereses políticos, económicos y sociales. Los acuerdos globales son un punto de partida, pero la clave está en políticas públicas efectivas que alineen sostenibilidad con incentivos económicos. En este sentido, si se busca eficiencia se requieren mecanismos de mercado efectivos, inversión en innovación tecnológica y esquemas financieros que faciliten la transición hacia economías más resilientes y sostenibles en todos los segmentos de la sociedad.
Pretender que países “vulnerables” prioricen el respeto a la naturaleza sin considerar su contexto, es desconocer que la sostenibilidad debe ir de la mano con el desarrollo. No existen cambios de la noche a la mañana, ni leyes mágicas que lo logren. Para mí eso sería como pedirle a un ser humano que pase de la inocencia a la adultez, lo cual puede darse en algunos casos adversos, pero no es sostenible, no es justo para esa persona que dejó la niñez dormida y cuyo reflejo se verá en otras facetas de su vida. La evolución requiere acuerdos sociales y gobiernos con visión de futuro.
Los tráficos de tierra que mencionaba al comienzo, se ven en varios aspectos de la economía y cultura de nuestro país hoy en día: En la agricultura es también un tema histórico y saltante que tiene sus propias controversias, contradicciones, retos y por ende oportunidades. Pedirles a los agricultores de Vegueta y de Supe que dejen los mecanismos de “posesión” y de “tráfico de tierras” sólo porque hemos sacado “normas legales” continuamente cambiantes -propio de un sistema democrático débil y corrupto-, es ineficiente si no se ofrece una alternativa viable y atractiva. La agricultura ha sido por siglos, y aún lo sigue siendo en muchas zonas del Perú, un trabajo altamente sacrificado y dependiente de los ciclos naturales, es decir poco rentable. La solución no es replicar el bien llamado “milagro de la costa peruana”, sino necesitamos estrategias de transición que equilibren rentabilidad y sostenibilidad, alineando incentivos con las dinámicas económicas locales.
Nuestra política pública vigente es en todos sus frentes punitiva, apostando por la “sanción” y el “castigo”, lo cual, más allá de ser un problema legal o jurídico, es un reflejo de nuestra cultura política. Tener una política general y ambiental tan punitivas en una sociedad que tiene aún grandes brechas en lo económico y en lo cultural, exacerba aún más la corrupción que también pretende atacar. Un sistema judicial tan débil y totalmente permeable ha hecho que esta realidad se asiente.
Por otro lado, los sentimientos de los grupos sociales están profundamente arraigados y relacionados a los sentimientos personales. Pretender que el castigo sea suficiente aliciente o desmotivador para las malas prácticas y la corrupción, es pretender que un niño se convierta en un buen ciudadano, sólo porque lo castigamos cuando ya está demostrado que eso no funciona. Las teorías del comportamiento y las culturas milenarias parecen demostrar una y otra vez, que el incentivo y la motivación dan resultados más efectivos y sostenibles. Lamentablemente en nuestra sociedad y sistema político ese no es el sistema educativo ni cultural que impera, Lo que impera es la sanción, la difamación, el bueno contra el malo, la jerarquización. Y eso, más allá que un llamado a la resignación o a pretender refundar el Estado o a elegir movimientos radicales, es un llamado a reconocer la realidad de lo que somos y la etapa de evolución en la que estamos. Una sociedad -y por ende una democracia- tan débil y de mirada cortoplacista, no puede dar incentivos reales porque las tres fuerzas del Estado son inconsistentes en su accionar y al “castigar”, al menos pueden decir que hacen algo.
Las culturas pre incas e incas nos recuerdan que las sociedades nacen de contradicciones: jerarquía y cooperación, centralización y caos. También nos recuerdan que aislarnos nos hace débiles y que la innovación y la apertura al cambio son claves para la resiliencia y el desarrollo. Hoy seguimos atrapados en diversas tensiones: tráfico de tierras, minería ilegal, mafias ilegales y en políticas públicas y debates ignoran las realidades económicas y los motivadores sociales que generan más corrupción e ineficiencia. No podemos cambiar la historia sólo con declaraciones y acuerdos, sino con instituciones sólidas y estrategias de poder funcionales que alineen sostenibilidad con incentivos económicos y sociales.
Lo hemos visto en casos concretos: agricultura enfocada en cadenas de valor y acceso a mercados, energías renovables y transición justa, finanzas sostenibles y resiliencia. En estos campos, hay diversas contradicciones, pero sobre todo existen diversos ejemplos que demuestran que las soluciones sostenibles no se imponen de manera punitiva ni desconectada del sistema económico y social que las sustenta, al contrario. La sostenibilidad ocurre cuando las soluciones son viables, atractivas y eficaces para todos los actores involucrados.
Este enfoque debe extenderse a todo el sector agrícola y financiero, especialmente en contextos donde la informalidad es alta y las políticas tradicionales han demostrado ser ineficaces. La verdadera transformación no vendrá de discursos grandilocuentes, sino de políticas bien estructuradas, financiamiento adecuado y gobernanza efectiva que permitan escalar soluciones sostenibles con impacto real.
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