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Víctor Vásquez / Jaime Salomón / Jorge Arévalo / Pérdidas, ineficiencia y corrupción (1 de 7)

Oportunidades perdidas estado ineficiente y corrupto1


“La Democracia y gobernabilidad no se logran con Acuerdos entre corruptos y delincuentes”. Chilalo.


“Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores”. León Tolstoi


La ley más importante “tu moral”, El mejor abogado “tus principios”, Y el mejor juez “tu conciencia”. Eduardo T.


“Sin valores éticos ni principios sólidos, lo único que queda son delincuentes, corruptos y personas que no valen nada”. Anónimo.



I. Presentación

Estas dos últimas décadas han asignado al Perú periodos de crecimiento económico como pocas veces logrado resultado del comportamiento de las economías externas demandantes de materias primas, minerales, y de manera sostenida por productos agroindustriales; estos hechos desde el lado social, ha permitido reducir la pobreza del 50 al 20 % demostrando que fue una reducción coyuntural mas no estructural como se evidencia luego de la crisis sanitaria, donde la pobreza se sitúa alrededor del 40 % , la informalidad (80 %), la inseguridad alimentaria (17 millones de peruanos) y las brechas de infraestructura y de servicios que, lejos de acortarse, se amplían cada vez más, retrasando peligrosamente lo poco avanzado en materia de competitividad en general.


Estudios especializados señalan que por ejemplo la brecha de infraestructura de acceso básico alcanza la suma de 363 mil millones, o que de los 92,400 centros poblados rurales existentes solamente 2,145 cuenten con servicios de internet, o que el déficit de hospitales (2 y 3° nivel) sumen casi 120, o que el asfaltado de las carreteras gestionadas por el Estado en doce años, avance del 7 al 15 % o que el 2022 se dejaron de invertir 18,226 millones, o que lo robado, corrupción, al presupuesto público el 2021 sume 24,650 millones, o que 6.5 hectáreas cultivadas carezcan de sistemas de regadío o que el 90 % de los productores sigan sin contar con servicios para tecnificar sus actividades o que la pobreza rural llegue a niveles del hasta el 75 %, entre otras carencias.


El crecimiento económico ha significado una mayor disponibilidad de recursos para que el Estado atienda para la solución a las demandas de las poblaciones, quienes exigen una mejor calidad de servicios educativos, de salud, de conectividad, de tecnificación e integración a los mercados, de aseguramiento en la salud, de reducción a la vulnerabilidad climática, de seguridad, de mejoramiento sostenido de la competitividad y en el aprovechamiento sustentable de los recursos. Los hechos sucedidos desde el Estado nos vuelven a la realidad y nos muestra que el propio Estado, resulta incapaz de solucionar estas inmensas brechas, incapacidad que sigue poniendo en peligro su propio ordenamiento y con ello el estado de derecho y la democracia.


La descentralización del Estado y la cada vez mayor asignación de recursos para este nuevo ordenamiento lejos de constituirse en palanca para el crecimiento y desarrollo ha terminado siendo cuotas /espacios para el enquistamiento de uno de los más grandes males que subsiste, desde épocas republicanas, en nuestra administración, nos referimos a la corrupción e ineficiencia dándose a entender que estamos frente a toda una casta política, tecnócrata y empresarial que coexisten solamente para robar los dineros públicos, sin importarles el presente y futuro de la sociedad.


También, es necesario recalcar que, no sólo los tres niveles de gobierno cobijan altos niveles de corrupción sino además las otros poderes del Estado, el sistema de Justicia y el Congreso de la República no escapan a esta plaga -corrupción e ineficiencia- en tanto para unos la justicia hasta la han convertido en forma de enriquecimiento y sometimiento a los poderes de turno y los segundos, priorizando sus intereses personales y de sus partidos políticos antes que los intereses del país y el bienestar de sus ciudadanos. Los escándalos de corrupción y las denuncias de las propias oficinas de Anticorrupción reflejan el funcionamiento amoral de muchos de sus integrantes.


El presente ensayo, tomando como referencia informes oficiales de los órganos de control y judicatura y de otras dependencias públicas y privadas, tiene el único propósito de mostrar cómo la Corrupción e Ineficiencia, entronizada en el Estado, sigue incólume y con señales de crecimiento frente a la debilidad y - muchas veces complicidad de quienes tienen la responsabilidad de perseguir y castigar el delito, vienen erosionando las bases mismas de nuestra sociedad, desiinstitucionalizando el Estado, debilitando el estado de Derecho y poniendo en duda la validez y utilidad de la Democracia, como forma de gobierno.


Para cuantificar los costos de oportunidad que representan para la sociedad, la corrupción e ineficiencia, se toman como referencia los precios actuales de las obras que se han dejado de ejecutar y que sus resultados ayuden a entender y tomar conciencia que, las desatenciones del Estado para con sus ciudadanos es obra y gracia de quienes, desde el propio Estado, algunos en su calidad servidores públicos, dedican sus tiempos para robarle, directa e indirectamente, al Perú.


Desde la Asociación Civil “Defensoría del Productor Agrario”, esperamos que este aporte ayude a una toma de conciencia del porque nos corresponde acabar con estos males, si creemos o esperamos que las soluciones frente a estos hechos vengan de quienes nos han conducido a esta triste realidad, entonces veremos cómo las esperanzas de los ciudadanos de hoy y del futuro próximo, nunca serán realidad y seguir condenándonos a vivir cada vez más excluidos y en deplorables condiciones de vida.





II. Las dos plagas en la sociedad: Corrupción e Ineficiencia

La corrupción no tiene colores políticos, tampoco principios, son corruptos desde aquellos de cuello y corbata hasta quienes viven con aires de tecnócratas, es una convivencia perversa, los unos para llegar al poder político poniendo a “sus ahijados políticos “y los otros, convertidos en autoridades obedeciendo a sus patrones políticos o financistas. La lucha contra la corrupción se ha convertido en potente anzuelo para los políticos, en y fuera de campaña, lo irónico es que cuando llegan al poder de cualquier nivel de gobierno, olvidan todo lo prometido. Recordemos, Martin Vizcarra , llegó a la Presidencia bajo la tutela de luchar contra la corrupción y el caso más reciente es en la Municipalidad Metropolitana2 de Lima, donde el 20 % de funcionarios designados registran denuncias por corrupción y otros delitos.


El Perú durante los últimos 22 años ha mostrado periodos de altos, medios y bajos crecimientos económicos, los altos (solo tres años) empujado por los precios de los minerales y los bajos, por erradas políticas populistas combinada con procesos de inestabilidad política social, alentada por los propios gobiernos y sus equipos. En este escenario, entonces, las estadísticas muestran que el crecimiento terminó solamente beneficiando a unas relativamente minorías y acrecentó más notorias las brechas de ingresos y otras brechas sociales. Según informaciones especializadas dan cuenta que al 2021 los grupos poblacionales de los estratos D y E representaban el 62 % mientras el estrato A significaba el 1 % de la población.


Por el lado de la distribución del ingreso, cada año se vuelve más excluyente para amplios sectores de la población, teniéndose que ahora menos gente concentra mayor riqueza y en contraposición, más gente con más pobreza. Esta realidad al contrastarla con regiones como Cajamarca o Apurímac, importantes centros mineros, encontramos que son regiones con altos índices de pobreza; lo paradójico es que son las primeras productoras de oro y cobre, productos primarios exportados al mundo desarrollado.


Para graficar aún más las contradictorias realidades socio económicas que viven los peruanos, la ENADES señala que sólo el 15% de los encuestados por la ENADES cuentan con ingresos suficientes; al 32% no le alcanza y tiene dificultades y al 15% grandes dificultades. El 83% considera el acceso a la justicia muy desigual; el 70% el acceso a la salud; el 59% a la educación y el 59% al trabajo y para completar la FAO concluye que alrededor de 16,6 millones de peruanos pasan situaciones de inseguridad alimentaria.


Esta realidad y sus resultados, en mayor parte, pueden atribuirse a los tres niveles de gobierno que han dirigido a lo largo de las últimas dos décadas el destino de las regiones y sus comunas y el gobierno central, otra razón, pero de baja/regular incidencia han sido factores externos; bajo este panorama entonces cómo explicar estos desencuentros, entre crecimiento económico y salud económica de las familias. La respuesta es inequívoca: la corrupción (4 -5 % del PBI), la ineficacia del Estado (45 % de inversión no ejecutada) y la informalidad (80 % de la economía).


La corrupción parece no tiene frenos y así lo evidencia el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción – Dr. Javier Pacheco - al señalar que en lo que va del año (I trimestre) se identificaron 3,403 nuevos actos de corrupción y agrega que, el 2022 se identificaron once mil nuevos actos de corrupción, mil casos más que lo reportado en el 2021 y dos mil más que lo registrado en el 2020. En igual sentido, el Contralor General de la República – Nelson Schack - denuncia que (el 2022) 8,730 funcionarios públicos estuvieron involucrados en actos de corrupción, siendo los delitos más frecuentes el peculado, cohecho -debido al cobro de coimas de parte de funcionarios públicos, colusión -debido a compras de bienes y servicios realizadas por el Estado-, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo -donde una autoridad se beneficia a sí misma-, organización criminal, entre otros.


El Contralor General de la República, Nelson Shack, reveló que en el año 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en S/ 24, 262 millones, mientras que la Defensoría del Pueblo da cuenta que entre el 2017 - 2020 se registraron más de 27 000 casos de corrupción en trámite en todo el país, es decir por cada mil doscientos veintidós (1,222) habitantes existen 27 casos de corrupción en trámite.


La corrupción afecta de manera transversal a las sociedades, para los Estados y sus instituciones es la pérdida de credibilidad y confianza, pudiendo en extremo llegar a una deslegitimación, para los ciudadanos significa pobreza y deterioro de su calidad de vida y acelerados procesos de exclusión en todo sentido, para el sector formal de la economía se traduce en sobrecostos por inseguridad, inseguridad jurídica y no predictibilidad en el sistema de justicia; para la economía significa rezago y estancamiento en su relacionamiento con el mundo y hostil a la inversiones formales. En suma, la corrupción como fenómeno creciente termina significando atraso en el desarrollo de pueblos, Estados y ciudadanos.

En fecha reciente, la Contraloría General de la República (CGR) dio cuenta que en el primer año de la pandemia por la COVID-19, el daño patrimonial generado al Estado por corrupción e inconducta funcional habría alcanzado los 22, 059 millones de soles, equivalentes a 12.6% del presupuesto ejecutado en el 2020 y al 3.2% del PBI del mismo año.


Es importante mencionar que dicha cifra refleja las pérdidas directas, pues las indirectas, generadas por la ineficiencia y la pérdida de confianza en las instituciones públicas resultan incalculables. Algunas estimaciones señalan que alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado en 2019 se habría perdido por corrupción e inconducta funcional. Los Gobiernos regionales más afectados, en términos relativos, son Callao, Lambayeque y Pasco; mientras que, a nivel del Gobierno nacional, los sectores con mayor índice de corrupción son, Transportes y Comunicaciones, Salud, Vivienda y Educación.


En términos de Corrupción, el 2022, según por Transparencia Internacional señala al Perú como un país con altos niveles de corrupción en América Latina, ocupando el puesto 101 de 180 economías, y muy por debajo de otros países vecinos como Uruguay (18°) y Chile (27°). Los impactos económicos de la corrupción es la pérdida de ingresos reales como lo afirma el Economista R. Chang, quien señala “si solamente alcanzáramos el nivel de Chile, los ingresos promedios aumentarían en alrededor de 1,800 dólares anuales”. A esta pérdida en los ingresos, se suma que la corrupción también crea un clima de negocios desfavorable. De hecho, según reporta el Banco Mundial, la incidencia de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos en trámites gubernamentales en el caso peruano está muy por encima del nivel de América Latina y El Caribe.


Otro impacto que tiene la corrupción en el país es que eleva el costo de acceso a servicios básicos y también los excluye de una oferta de servicios que el Estado está en la responsabilidad de brindar a los ciudadanos. En la región, el Perú se ubica como el tercer país con mayor número de usuarios que tuvieron que pagar una coima, en términos relativos es de 70 %; este escenario termina afectando en mucho mayor medidas a los más vulnerables.


Si bien la tasa de corrupción, a decir de las autoridades nacionales, es estable, al mismo tiempo es preocupante en tanto los niveles de gobierno están administrado muchísimo más dinero que en años anteriores; por ejemplo, el 2010 el presupuesto fue de 82 mil millones mientras que el 2022 fue de 197 mil millones, es decir en 12 años aumentó 140 %, estimándose que la corrupción (2022) puede estar alrededor del 16 % del Presupuesto Nacional o su equivalente el 5 % del PBI (2022). En consecuencia, la cantidad de dinero que se apropian del Estado es mucho mayor, veamos esta afirmación mediante el siguiente ejemplo:


La información del cuadro precedente indica, a medida que se producen mayores gastos públicos, como se evidencia en los últimos 12 años y particularmente en situaciones de declaratorias de emergencia , el perjuicio económico que la corrupción ocasiona al Estado, es la pérdida de oportunidades para los peruanos. El mismo Contralor de la República señala expresando que al evaluar sólo 19,000 millones, realizado en diversas transacciones, se encontraron irregularidades generando un perjuicio económico de 1,134 millones (pérdida para el Estado), es decir la tasa de corrupción se acerca al 6 %.


Igualmente, para la Contraloría y Procuraduría General de la República los actos de corrupción están vinculados a designaciones de funcionarios públicos que no cumplen con los perfiles adecuados para cumplir sus tareas (Ineficiencia). Además, en los procesos de contrataciones de bienes y servicios, particularmente en las áreas de salud, transportes, educación, agricultura y, sobre todo, en los temas de infraestructura.


Las licitaciones de obras ocupan el segundo lugar en la lista de hechos de corrupción, esto estarían enfocados principalmente al monto de los proyectos. Desde el Ejecutivo, han sido los sectores de, Transporte, Educación, Salud, Vivienda y Agricultura, donde más actos de corrupción se han observado. Así mismo la corrupción no es patrimonio del Ejecutivo también está en los gobiernos regionales y locales, especialmente cuando ejecutan obras de saneamiento, de viabilidad, en la infraestructura educativa, en los reservorios o encauzamiento/limpia de ríos , etc.


Las instituciones que albergan el mayor número de casos de corrupción son las municipalidades, seguidas de los gobiernos regionales y los ministerios. De este último grupo, sobresale el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ministerio de Salud, de Transporte y Comunicaciones, Agricultura y el Ministerio de Trabajo. La corrupción según territorios indica que Lima reúne el mayor número de investigaciones con 10,587; Áncash con 4,501; Cusco con 3,552; Junín con 3,455 y Ayacucho con 2,747.


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