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Víctor Vásquez / Jaime Salomón / Jorge Arévalo / Pérdidas, ineficiencia y corrupción (4 de 7)

III.3 Tecnificación, Producción y Seguridad Jurídica

El sostenido crecimiento anual de la agricultura, aún en pandemia de la COVID - 19, nos sigue escondiendo la realidad y el drama que continúan atravesando los casi 2,3 millones de productores, quienes, además, soportan los impactos devastadores de los fenómenos climáticos resultante de la desatención de los niveles de gobierno. Sólo recordar que el éxito del crecimiento agrario está sustentado en dos columnas centrales; la principal hoy en día es la agricultura moderna o llamada agricultura del desierto (quizá con poco más de 200 mil hectáreas) que aporta con algo más de 28 mil millones de soles a la economía por sus ventas a los mercados externos, es la agricultura globalizada en el sentido amplio de su significado.


La otra agricultura, la de las mayorías y también mayoría empobrecida, explotando algo más de 4 millones de hectáreas, sumida en los más precarios índices de productividad, salvo excepcionales zonas, productores y cultivos; es la agricultura que provee la diversidad de oferta agrícola para el mercado interno que, encontrándose en crisis recurrente de ingresos y desorganización en su estructura, termina trasladando sus propias ineficiencias a los productores y a los consumidores urbanos. Las ineficiencias de estos mercados se pueden visualizar comparando la proporción del precio final que es devuelta al campo, existen casos donde ésta llega sólo el 5 % y en otros, no pasan del 30 %; la pobreza de los consumidores se refleja en la disminución de las compras o cantidades demandadas.


Es la agricultura con productividades nada competitivas, con altos costos unitarios, con patrones tecnológicos tradicionales, alejados de servicios inductores para su desarrollo, inseguridad jurídica por ausencia del Estado, alejados de infraestructura que los empuja a situaciones de alto riesgo; en suma, es una agricultura que desde el Estado no se reconoce la importancia que juega en la seguridad alimentaria y muy por el contrario, pareciera que es el propio Estado quien hace de todo, quizás, por verla desaparecer y así acrecentar la inseguridad alimentaria que vienen sufriendo amplios sectores de la población.


Para entender mejor la precariedad en que se desenvuelve la agricultura de las mayorías, a pesar de los discursos grandilocuentes que dicen las autoridades del Estado, es bueno reiterar que el país no sufre carestía de ingresos económicos, sigue sufriendo los estragos de la creciente corrupción e ineficiencia enquistada en el propio Estado. Así, y sólo tomando como referencia los últimos 20 años, el MIDAGRI -ente rector del sector - ha recibido aproximadamente cerca de 66 mil millones para orientarlos al desarrollo del agro, si a ello sumamos los 204,584 millones que destinan los gobiernos regionales y locales entonces se puede concluir que durante los últimos 20 años el Estado orientó un total de 270 mil millones. La gran pregunta que se hacen miles de productores es saber ¿dónde está o para que sirvieron?


Repasando las inmensas brechas tecnológicas, económicas, sociales y otras y, comparándolas con los 270 mil millones gastados durante los últimos veinte años, no estamos lejos de afirmar que el Estado - su organización y estructura - dejaron de ser útiles y de servir al ciudadano/al productor, salvo escasos buenos ejemplos; seguramente el ciudadano de a pie se preguntará ¿por qué? y nos atrevemos a responderle diciéndoles que, las causas están en que nosotros mismos terminamos delegando la conducción y gestión del Estado a personajes incompetentes para las tareas de gobierno - aventureros políticos, políticos mafiosos, empresarios mercantiles, funcionarios corruptos y últimamente, hasta requisitoriados por la justicia; nuestro Estado, camina rumbo a su descomposición, incluido el sistema de justicia y el político.


Ahora, pasaremos una breve mirada a las inmensas brechas existentes en el sector agricultura:


Infraestructura de riego: la Encuesta Nacional del Agro (Enagro 2018) y ESAN, dan cuenta que el 97,2 % de los productores de la costa usan el riego en sus cultivos; en la sierra el 40,2 % y el 23,2 % de los pequeños y medianos productores de la sierra usan sistema de riego y, en la selva el 1,7 % y 1,2 % de los pequeños y medianos productores usan el riego. En resumen, aproximadamente el 65 % de la superficie agrícola del país carece de infraestructura de riego.


Acceso al riego tecnificado: el Perú cuenta con 2.6 millones de hectáreas cultivadas bajo riego, sin embargo, sólo el 8 % de esta superficie cuenta con riego tecnificado (217,756 has.); es un tipo de riego preferentemente utilizado por medianos y grandes productores. En conclusión, el 92 % de la superficie cultivada bajo riego es por el sistema de gravedad, siendo este un sistema convencional y mostrando bajos niveles de eficiencia de uso (30 %), dicho de otra manera, es un sistema que contribuye al derroche del agua, cada día más escasa y costosa. Hasta ahora existen productores y profesionales que siguen preguntando ¿dónde quedó el famoso proyecto de riego tecnificado ejecutado por el MIDAGRI por los años 2003 que costaron algo de 300 millones de dólares al Perú?, terminó en lo que hoy se conoce como el PSI - MIDAGRI.


Servicios de asistencia técnica: una publicación de ESAN da cuenta que el Instituto Nacional de Innovación Agraria determina que la brecha de capacitación, asistencia técnica y asesoría empresarial está entre 76 % y 84 %, mientras que existe una demanda insatisfecha del 64 % en los servicios de provisión de información agraria. En resumen, se dice que 8 de cada 10 productores no reciben no reciben asistencia técnica, capacitación ni asesoría empresarial.


Acceso a financiamiento: el acceso al financiamiento agropecuario para los productores sigue siendo un problema irresuelto por parte del Estado, no sólo por las restricciones estructurales que enfrentan los pequeños productores (casi 2 millones) sino, además, por los reducidos niveles de capitalización; en ambos casos si bien para costear sus campañas agrícolas se agencian de recursos frescos, facilitado por financiadores informales , al final se constituyen en fuentes que contribuyen a su descapitalización. La ausencia de una política de estado en materia de financiamiento para el desarrollo agropecuario y de mecanismos de protección frente a los riesgos propios de esta actividad, hacen inviable todo proceso de mejoramiento para la competitividad y modernización del agro. En suma, al 2020, se tenía que el 92 % de productores estaban excluidos del sistema financiero formal.


Uso de abonos y fertilizantes: el IV CENAGRO daba cuenta que 1, 4 millones de productores agropecuarios (62 %) utilizan algún tipo de abono orgánico, los productores de la sierra son los que más usan este tipo de producto. También que 971 mil productores hacen uso de fertilizantes. Esta llamada dependencia se ha dejado sentir durante la época de post pandemia COVID - 19 y agravada por la guerra Ucrania - Rusia elevando hasta 300 % en sus precios. En resumen, la brecha por uso de insumos dice que alrededor del 38 % de agricultores no usan abono y el 56 % no utiliza fertilizantes químicos.


Uso de semillas certificadas: el inicio para una agricultura de mayor productividad empieza con el uso de semilla certificada, en la actualidad se estima que aproximadamente el 12 – 15 % del total de superficie sembrada utiliza semillas certificadas, sobresaliendo cultivos como arroz, maíz amarillo, mientras en el resto como papa, menestras, otros tubérculos, café, cacao, etc. muestran una tasa de uso de semilla certificada menos del 2 %.


Seguridad jurídica de la propiedad: un estudio del 202113 abordando esta temática concluyó que el Perú era un país de propietarios, pero informales hecho que representaba altísima inseguridad a los propietarios de la tierra y restricciones para integrarse a la economía formal del financiamiento o al propio mercado de tierras, incipiente. También concluía que alrededor del 55 % de la propiedad agropecuaria faltaba por titular; se estima que a nivel nacional existen 3, 8 millones de predios rurales individuales, de los cuales sólo 2, 1 millones están sin titular. En cuanto a comunidades campesinas (6,271) el 17 % faltarían por ser tituladas y, por el lado de las comunidades nativas (2,301), faltarían por titular al 30 %.


Esta es la realidad y la brecha en materia de seguridad jurídica, en donde nuevamente el Estado sigue fallando y con ello contribuyendo a una permanente conflictividad social y además promoviendo la corrupción mediante el tráfico de tierras, esta modalidad delictiva es practicada por redes de mafias transversales que anidan en el interior del propio Estado y mafias de dirigencias comunales. En resumen, el Estado sigue careciendo de una seria política en materia de Titulación de las tierras, a pesar de tener toda una burocracia y haber endeudado al país; al respecto especialistas señalan que el MIDAGRI y GORES de continuar haciendo lo que hoy hacen, mal, pasarán 50 años para finalmente tener todas las propiedades tituladas.


El costo total de la ineficiencia y corrupción en la administración de los recursos públicos que suman unos 43,266 millones (2022), representa una pérdida, para las poblaciones dedicadas a la actividad agropecuaria, traducidas en pobreza y precarización en su calidad de vida y para la economía en pérdida de competitividad y el no aprovechamiento de nuestras inmejorables ventajas derivadas de nuestra biodiversidad.


A continuación, se hace una simulación a partir de los costos que significan la ineficiencia y la corrupción del Estado cuyos resultados se expresan en la desatención de las urgentes demandas que requiere la actividad agropecuaria; son las pérdidas de la sociedad en su conjunto. Para ello la información de la tabla 5 reflejan las pérdidas de oportunidad que lamentablemente siguen reflejando la inmensa brecha por cerrar.


En riego tecnificado: la ineficiencia y corrupción enquistada en el Estado significa para el agro no haber implementado con sistema de riego tecnificado a 1,83 millones de hectáreas agrícolas, es decir en un año se pudo haber avanzado casi 7 veces en comparación a lo hecho durante 20 años.


Asistencia técnica: se estima que menos del 15 % las hectáreas cultivadas (de las 4,5 millones) son conducidas sin contar con el servicio de asistencia técnica, restringiendo su capacidad para mejorar la productividad; si el Estado estuviera organizado, no para ser ineficiente ni delinquir, sino para promover y garantizar la prestación de servicios para el agro entonces se tendría que el costo total (43 mil millones) de estos dos males, representan asegurar asistencia técnica durante los próximos 27 años.


Seguro agrario comercial: sequias, heladas, inundaciones, plagas, distorsión en los mercados, son las causas que alimentan el círculo perverso de la lenta descapitalización de millones de productores, nos referimos a aquellos productores que son mayoría; la respuesta del Estado se refleja en instrumentos como el seguro catastrófico, altamente politizadas y de falsa protección, en tanto su póliza de seguro cubre menos del 10 % de los costos de producción del productor. La realidad nos dice que el 98 % de productores no tienen un sistema de aseguramiento a su actividad agropecuaria .


El costo de la corrupción e ineficiencia pública para el agro, en materia de aseguramiento agrícola, equivale a desperdiciar la oportunidad de asegurar las 4,5 millones de has cultivadas, por los próximos 15 años.


Crédito agrario: común observar cómo millones de productores siguen excluidos del sistema financiero público, sus causas bastante conocidas y estudiadas, pero aún sin encontrar respuesta por parte del Estado quien sólo atina a atender con medidas de corto plazo y recurriendo a subsidios encubiertos en favor del operador financiero público - Agrobanco -. cuya cobertura alcanza al 4,4 % del total de hectáreas cultivadas.


Si el Estado estuviera organizado con eficiencia y sin corrupción se ahorraría 43 mil millones dinero que alcanzaría para facilitar créditos agropecuarios a 5,0 millones de hectáreas, es decir se estaría cerrando la brecha en materia de financiamiento.


Pastos mejorados: no se debe olvidar que hasta mediados del siglo pasado la sierra formó parte de las exportaciones agropecuarias con su producto lana; la degradación de sus pastos, la reforma agraria y nuevos productos sustitutos de la lana, hicieron colapsar esta actividad; estiman que la sierra tiene un potencial de hasta 18 millones de hectáreas para pastos mejorados, actualmente sólo existen unas 200 mil hectáreas en producción.


Los males de ineficiencia y corrupción, profundizados en estos últimos 20 años, por las que atraviesa el Estado y que terminan costando 43 mil millones impactan en la actividad agropecuaria al negar la posibilidad de instalar 1,7 millones de hectáreas con pastos mejorados en la sierra.




IV. Los Costos del Estado paralelo y de la ilegalidad en la economía

Los males, ineficiencia y corrupción, que caracteriza al Estado, representan altos costos y pérdidas sociales y económicas que hacen sentir estar frente a un Estado totalmente alejado de los ciudadanos e incapaz de atender las urgentes y prioritarias demandas sociales, insatisfacción que irrumpe en una permanente conflictividad social y su correlato de inestabilidad política, enemiga de las inversiones. Mientras, vastos sectores sociales viven en permanente incertidumbre por trabajo e ingresos, la informalidad e ilegalidad de actividades productivas y económicas crece desmesuradamente; el Estado cada día se vuelve más inútil para la sociedad y los agentes económicos.


Para hacer frente a estas desatenciones, el Estado recurre a ejecutar dos mecanismos que, a decir de analistas en gestión pública, a lo largo de estos últimos 22 años han significado la existencia de un Estado paralelo a través de las llamadas


Consultorías/servicios personalísimos y que están mereciendo enconadas críticas al extremo que amplios sectores de la sociedad están solicitando la intervención de la CGR y la Fiscalía bajo sospechas que éstas lejos de fortalecer las eficiencias necesarias en el Estado han servido para lograr el copamiento de las estructuras públicas y desde allí profundizar la corrupción e ineficiencia y su debilitamiento institucional.


Estas dos prácticas, por la forma de contratación y uso, constituyen hechos contrarios para una verdadera y buena gobernanza pública y, contrariamente contribuyen con el debilitamiento de la democracia. La perversidad en el uso de los recursos públicos, para publicidad, quedó evidenciado durante el período de la COVID -19 o cuando un ministro de Estado denuncia que en el Ministerio de Educación se gastaron casi 800 millones de soles en pagos de Consultorías. Se estima que anualmente el Estado derrocha - gasta - entre 1,200 millones - en estos dos focos de corrupción - que luego gobernantes, autoridades y políticos la revisten de legalidad y utilidad para el país.


El otro mecanismo de corrupción, por la naturaleza del gasto, está referido con la contratación de servicios de publicidad que realizan los niveles de gobierno y muy en particular el gobierno central, dizque, para comunicar e informar a la población; vale preguntarse ¿qué lógica puede existir para que el Estado contrate estos servicios, cuando dispone de un canal de televisión en señal abierta, una radioemisora y una prensa escrita?, y adicionalmente las plataformas digitales. Lo que los ciudadanos señalan es que este mecanismo es utilizado por el gobierno de turno para ocultar sus ineficiencias y escándalos de corrupción, que ciertos medios de prensa independientes denuncian; el Estado lejos de informar tiene su política de desinformar a la sociedad. El gobierno de turno comprando a los medios de prensa (a sus propietarios) desnaturaliza el fin supremo de los medios de comunicación para con la sociedad, convirtiéndolos en medios para la corrupción y enriquecimiento de sus propietarios.


En cuanto a la economía ilegal, el Instituto Peruano de Economía (IPE) conservadoramente da cuenta que ésta tiene un valor aproximado a 5,500 millones de dólares, y comprende actividades como: tala ilegal de madera, contrabando, minería ilegal, trata de personas, narcotráfico, etc. La connotación de estos dineros ilegales es que, su circulación en la economía termina afectando a las actividades formales y legales mediante una competencia desleal; la agricultura es uno de los casos invisibles, cuyos impactos son devastadores no permitiendo la construcción de una sana economía agraria y el desarrollo del mercado de servicios y de tierras.


Nota aparte es señalar que, en los últimos años, su presencia en la economía se da a través de la actividad política mediante el patrocinio y financiamiento a (partidos y movimientos políticos) dirigentes políticos y sus actividades de proselitismo, a cambio de favores, leyes y obras para sus beneficios. Esta es la lógica de como los dineros ilegales terminan ejerciendo presión sobre las inversiones públicas convirtiéndose en su perfecto cómplice para su legalización, se convierten los dineros negros en dineros limpios; otro mecanismo de blanqueo de dinero es la informalidad de la economía, donde las actividades de servicios y comercio aumentan día a día a espaldas de la formalidad.


Anualmente se estima que el costo inoficioso que gasta -derrocha - el Estado (consultorías y publicidad) sumado al costo de, seguir indiferente y cómplice, frente a las economías ilegales, significa para el Perú perder cerca de 5 mil millones anuales, dinero que debe ser orientado a cerrar las brechas existentes, antes que seguir alentando corrupción, clientelismos y favores, recubiertos de una falsa excelencia (consultorías) e información convenida (desinformación). La perversidad en el uso de los recursos públicos, para publicidad, quedó evidenciado durante el período de la COVID -19 o cuando un ministro de Estado denuncia que en el Ministerio de Educación se gastaron casi 800 millones de soles en pagos de Consultorías.


Se estima que anualmente el Estado derrocha - gasta - entre 1,200 millones - en estos dos focos de corrupción - que luego gobernantes, autoridades y políticos, la revisten de legalidad y utilidad para el país. Estas dos prácticas, por la forma de contratación y uso, constituyen hechos contrarios para una verdadera y buena gobernanza pública y, contrariamente contribuyen con el debilitamiento de la democracia.


La información de la tabla 6 muestra las oportunidades que pierde el Perú como resultado de tener un Estado que está organizado y permisible para seguir favoreciendo la creciente penetración de la ineficiencia, corrupción e ilegalidad. En resumen, reiteramos una vez más que, los 34 millones de peruanos seguimos estando frente a un Estado fallido por el lado moral (corrupción) y en su gestión (ineficiencia) pero lleno de falsas meritocracias y convenidos acuerdos de clanes de políticos y tecnócratas.


Para entender mejor el costo de oportunidad perdido por estos millonarios gastos revestidos de “meritocracia” e “información” se dice que con el derroche de los casi 1,200 millones de soles gastados en Consultorías y publicidad y combatido con la ilegalidad, el Perú hubiera tenido por ejemplo, 1,951 km de carretera asfaltada, o solucionar el problema de vivienda para 108 mil peruanos, o la construcción de 22 nuevos y modernos hospitales (modelo del primer mundo), o dotar de agua potable a casi 800 mil peruanos, o atender a casi 500 mil peruanos con servicios de saneamiento básico (agua y desagüe domiciliario).


En resumen, la práctica de una economía ilegal junto a los gastos “inútiles” que hace el Estado - los tres niveles - convierten a éste en el más grande constructor de exclusiones y culpable para que millones de peruanos sigan deteriorando su calidad de vida y alejados del desarrollo y bienestar.


A manera de conclusión y, observando la información contenida en las tablas 7 y 8 se puede afirmar que la perdida de oportunidad para cerrar las brechas de las necesidades existentes se gesta, construye y operativiza desde las propias instancias de los niveles de gobierno, sin que los encargados de las funciones de control y supervisión de las inversiones y gastos públicos, cumplan con sus funciones constitucionales; tampoco escapan a esta crítica real quienes administran la justicia, cuya lentitud e indiferencia se constituyen en aliados perfectos y convenidos de la impunidad para los corruptos.





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