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Víctor Vásquez / Jaime Salomón / Jorge Arévalo / Pérdidas, ineficiencia y corrupción (6 de 7)

VI. Los otros Poderes del Estado


VI.1 Justicia: impunidad o complicidad

Rezan los dichos populares “justicia que tarda no es justicia.” o aquella “la justicia se compra y cuyos pasillos están convertidos en un mercado persa” lamentablemente esta es la realidad existente en este Poder del Estado y así es como queda convertido en el aliado/socio perfecto para que la corrupción sigue envolviendo los cimientos institucionales del Estado (tres niveles de gobierno) y, debilitándolos en su relación con los ciudadanos.


En una publicación de la Procuraduría Anticorrupción referida a la corrupción en el sistema de Justicia señala que al 2020 existían, a nivel nacional, 334 magistrados, entre jueces (151) y fiscales (183) involucrados en presuntos actos de corrupción; además que ya existen 42 sentenciados por delitos de corrupción. Los delitos con mayor incidencia incurridos por estos funcionarios, corruptos, son el cohecho y el tráfico de influencias (72%), ilícitos que les permitió obtener beneficios o ventajas económicas personales. Respecto a los magistrados condenados, la Procuraduría ha logrado obtener reparaciones civiles impuestas por un total de 1 millón 110 mil 750 soles .


El affaire de la mafia en el sistema de Justicia llamado “los cuellos blancos” evidenció que los corruptos no eran ajenos al sistema, sino que eran sus propios funcionarios, entre quienes figuraban magistrados y ex consejeros del extinto Consejo Nacional de Justicia (CNM), ente encargado de la ratificación y designación de jueces y fiscales. Así, hasta el 2019, se registraron 88 expedientes que se encuentran en investigación fiscal y que involucran, entre otros, a 11 magistrados supremos, 5 ex miembros del CNM y 56 agentes externos al sistema de justicia, como empresarios, abogados, funcionarios públicos de diferentes instituciones estatales y otras personas naturales.


Al respecto la CGR, ha determinado que el 34 % de casos detectados corresponden al delito de peculado, el 21 % tipificado como delito de colusión y luego los de Cohecho y negociación incompatible con el 12 % cada uno; preocupante es que exista un 21 % de casos de corrupción bajo la denominación de otros tipos de delito. Tabla 14.


Los alicientes perfectos para luchar contra la corrupción nunca serán los discursos de las autoridades elegidas, involucradas en actos de corrupción, por el contrario, los cimientos para una verdadera lucha contra este cáncer está en las instituciones que conforman el Sistema de Control (CGR), los entes encargados de velar por los recursos del Estado (Procuraduría General) y el Sistema de Justicia (Fiscalía y Poder Judicial) siempre y cuando éstas nunca estén sometidas al poder de turno y/o a intereses de grupos externos al Estado.


Así como el ciudadano señala que, las instituciones conformantes del Ejecutivo y gobiernos subnacionales están inmersas en grandes delitos de corrupción, igual calificación la reciben las instituciones encargadas de perseguir y sancionar los delitos; esta percepción ciudadana es afirmada en tanto se tiene que el sistema de Justicia sólo puede mostrar haber sido capaz de llevar a juicio oral a tan sólo el 4 % del total de los delitos de corrupción denunciados, mientras que el 80 % se encuentran en etapa de investigación (Fiscalía). Tabla 15.


Mención aparte es pertinente comentar que, el accionar de estas instituciones tutelares de la Justicia, donde sus integrantes son unos de los pocos servidores públicos mejor pagados en el país, no se refleja en sus resultados positivos para la sociedad, para nadie es secreto saber y escuchar que la cárcel solo es para el pájaro frutero y nunca para quien le robó millones al Estado, que en buena cuenta son los 34 millones de peruanos. Ejemplos de cómo esta afirmación popular que termina siendo real, son abundantes en nuestra reciente historia.


En el propósito de recordar la historia de la corrupción en el Perú diremos que éste tiene el deshonor de liderar el récord mundial al mostrar que, el 78 % de los Presidentes que gobernaron a lo largo de los últimos 33 años, terminaron siendo inculpados por participar en escandalosos actos de corrupción; los montos de sus “coimas” aún se desconocen como también la valorización (costo de oportunidad) que ha perdido la sociedad. También resaltan dos Alcaldes Metropolitanos . Entre los hechos de corrupción destacan: la carretera Interoceánica I y II (Toledo, Ollanta y García), los peajes de Lima (Castañeda y Susana Villarán), refinería de Talara (Ollanta), Hospital e irrigación Moquegua (Vizcarra), Irrigación Olmos (PPK), Puente Tarata, Petroperú y otros (Pedro Castillo).


Frente a estos comprobados actos de corrupción, el ciudadano común sigue preguntándose si solamente estos ex presidentes actuaron solos, la respuesta solamente la tienen los administradores de justicia quienes siguen guardando silencio de complicidad; la sociedad señala que allí estarían comprometidos cientos de funcionarios y autoridades que, a pesar de sus actos cometidos y conocidos por la sociedad, siguen ejerciendo funciones públicas y en otros volviendo a ser elegidos, así ahora se podría entender porque la corrupción sigue avanzando en todas las estructura públicas y el sistema de justicia, siendo su mejor aliado y cómplice hasta la saciedad.


Resumiendo, se puede afirmar que, mientras la corrupción drena los cimientos del Estado y envilece a la sociedad, sólo queda especular que los administradores de justicia fueron/o se vendieron al poder de turno, a funcionarios corruptos y a las organizaciones criminales existentes, muchas de cuello y corbata. El caso Lava Jato (Odebrecht), constituye el vil ejemplo de cómo los operadores de la justicia terminan envileciendo tan noble derecho como la Justicia; falsos moralizadores en la justicia terminan siendo instrumentos de corruptos.


VI.2 Congreso de la República: sordo, ciego y deslegitimado

El Congreso de la República es uno de los poderes del Estado peruano, integrado por 130 congresistas elegidos por votación popular; tiene por funciones: Legislar, leyes a favor del desarrollo del País, fiscalizar, el correcto uso de los presupuestos públicos, y representar a los ciudadanos del espacio territorial donde fue elegido. Este poder del Estado, que en teoría debe ser ejemplo de decencia y compromiso al igual que los tres niveles de gobierno, es reconocido por la ciudadanía con duros calificativos, que van desde corrupción, enriquecimiento y, vendidos a los grupos económicos y gobierno de turno, a cambio de lograr beneficios personales y prebendas.


Encuestas de opinión reseñan que, el Congreso tiene niveles de aprobación ciudadana de solo 6 %, cifra que los deslegitima ante sus propios electores. Frente a este hecho responden “… la calificación ciudadana obedece a las tareas de fiscalización que realizamos…” señalando además que “...a ningún gobierno les gusta ser fiscalizados”, sentencia por demás mentirosa si uno ve como la corrupción en los niveles de gobierno avanzan cada año y muchas contando con la complicidad de estos políticos.


En este enjambre de personajes, cuestionados por la sociedad, relacionándolo con la corrupción se puede afirmar que existe una diversidad de personajes, desde aquellos que recortan los sueldos a sus trabajadores, aquellos que inventan gastos para apropiarse los dineros de representación, aquellos que usan sus viáticos para vacacionar, los que cabildean presupuestos para los gobiernos subnacionales a cambio de poner la empresa constructora, también los traficantes de puestos de trabajo en las reparticiones del Estado asegurando su control y futuros beneficios, o de aquellos que silenciosamente callan frente a actos de corrupción de Presidentes, ministros a cambio de beneficios personales .


En el argot popular y en los recintos del Congreso de la República esta normalizado el dicho “…otorongo no come a otorongo.” significando que entre estos personajes existe una protección total sin interesar el color o tienda política; recientemente se escucha decir “si llegamos al Congreso ahora tenemos que recuperar lo invertido en nuestra campaña...”; son estas conductas que explican por qué los ciudadanos extienden los bajos los niveles de aprobación que recibe el Congreso y, agregando ser uno de los poderes del Estado con altos niveles de corrupción que cometen los llamados “padres de la patria” o mejor dicho los “otorongos”.


La Democracia muchas veces es excusa para amparase en la mediocridad y corrupción, el Congreso no escapa a esta realidad teniendo que sus miembros para ser elegidos sólo tienen que acreditar ser peruanos de nacimiento, nacionalizado o tener doble nacionalidad, ventana que permite sean elegidos personajes sin acreditar una meritocracia; si los legisladores hacen las leyes entonces vale preguntarse ¿sin educación como pueden hacer buenas leyes?, allí está la trampa que la democracia se niega corregirla; estos Congresistas sin la meritocracia terminan siendo esclavos de mafias de sus propios partidos políticos, de tecnócratas existentes en el propio Congreso, del gobierno de turno y de los grupos económicos, que son quienes dominan y gobiernan a este Poder del Estado.


Sera cierto que en el Congreso también funciona aquello que dice “todo se compra, todo se vende” perversa realidad que ha quedado graficada con la denuncia reciente que hay 20 congresistas llamados “niños” que se vendieron al gobierno de Castillo canjeando sus votos por favores políticos y económicos, pero, en honor a la verdad, este hecho no es inédito en este Poder.


Recientemente la propuesta de un congresista de Fuerza Popular (K) de la región de Piura viene causando indignación en la ciudadanía al proponer elevar a 130 nuevos congresistas que de ser aprobada sumarian un total de 260. Sus razones principales “se necesita mayor representatividad, como paso previo para avanzar en el fortalecimiento de la democracia y representatividad coadyuvando para una mejor legislación - mejores leyes”.


La verdad, es que cada congresista le cuesta, actualmente, al país 1,5 millones de soles. La pertinencia cualitativa de las leyes congresales la percibe el ciudadano de a pie, aprobándolos con menos del 6 %, índice de evaluación nunca antes vista en la vida de la república reflejo que este Poder del Estado y la Democracia es una fábrica para la corrupción y leyes sin utilidad para la ciudadanía. Tabla 16.


Para un ciudadano con moral resultaría honor ser elegido y representar a ciudadanos pero son los mismos ciudadanos quienes dicen que los Congresistas terminan siendo una deshonra de sus electores y de sus pueblos; escudriñando las razones para ello, además de las ya mencionadas, se suman aquellos privilegios como: gozar de pensión llamada cédula viva, seguro privado y contra todo riesgo -incluye a sus familias directas- pasajes aéreos anuales, seguro privado para atenderse en clínicas privadas en Perú y el extranjero-, asignaciones por escolaridad no teniendo hijos que lo justifiquen, asignaciones para instalarse en Lima-aun viviendo en Lima- y una corte de 26 servidores públicos-fuente de clientelismo y extorsión-.


Recientemente la opinión pública queda estupefacta al conocer que existen cuatro Congresistas , llamadas popularmente las “mocha sueldo”, denunciadas por apropiarse-extorsionar- de una parte, del sueldo mensual de sus trabajadores; existen los casos referidos a congresistas que fueron elegidas por Loreto y Cuzco - dos de las regiones más pobres – y son del partido político Alianza para el Progreso; no son las únicas ni últimas implicadas en estos delitos. Se dice que los electores tienen culpa por elegirlas cuando la verdad es que son los partidos políticos - convertidos en negocio empresa, son quienes las cobijan para armar su menú electoral sin poco importarles su idoneidad, sus valores y antecedentes; entonces son los propios partidos políticos los grandes destructores de la aún débil demora y entonces como fortalecer la institucionalidad Legislativa si es fácil encontrar personajes y autoridades amorales e implicados en delitos de corrupción, tráfico de drogas y tantas otras actividades ilícitas.


Así la Procuraduría General del Estado, informó que, al 14 de enero de 2022 existen 48 procesos, en trámite, por delitos de corrupción que involucran a 16 congresistas de la República, electos para el periodo legislativo 2021-2026. De las investigaciones fiscales que enfrentan los parlamentarios, se ha podido advertir 20 casos en diligencias preliminares, 7 en etapa intermedia, 15 investigaciones formalizadas y 6 casos en juzgamiento y un congresista con orden de captura, siendo los delitos con mayor incidencia peculado y colusión.



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