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Victor Mantilla / Inclusión Financiera (1 de 2)

Inclusión Financiera: “Tarea de Todos”


Una de las mayores precariedades evidenciadas durante la pandemia fue la limitada Inclusión Financiera (IF) que existe en el país. Esta limitación impidió que los bonos familiares, aprobados para mitigar el efecto económico de los confinamientos, lleguen eficientemente a las poblaciones más afectadas, por lo que muchas personas tuvieron que acudir a agencias bancarias para el cobro en efectivo, exponiéndose al contagio del virus. Asimismo, la poca inclusión explica el limitado apoyo a las empresas más pequeñas y/o informales vía la garantía estatal del Programa Reactiva (DL 1455 modificado por DL1457), lo cual hubiera evitado -en parte- la caída en el empleo y el incremento de la pobreza durante 2020.


Recordemos que la IF está definida como el “acceso y uso de los servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población” (Superintendencia de Banca y Seguros) y tomando en cuenta nuestra realidad en cuanto a (i) acceso, (ii) uso y (iii) calidad de los productos y servicios financieros, la ansiada inclusión se hace sumamente compleja. Es así que el acceso a servicios financieros implica contar con puntos de atención e infraestructura que estén al alcance de la población, lo cual es muy difícil si consideramos nuestra compleja geografía y lo alejadas que están algunas comunidades en la sierra y selva de nuestro país. En cuanto al uso de estos servicios, el mismo consiste en la frecuencia e intensidad ideal con la que la población pueda emplearlos y ante ello presentamos un retraso importante en cuanto a educación financiera y estrategias de comunicación para dar a conocer lo que se ofrece. En cuanto al tercer concepto, la calidad de lo que se ofrece depende de asegurarnos que los productos y servicios financieros se ajusten a las necesidades de la población y sus realidades sociales y geográficas, esto último involucra la customización de la oferta en cuanto a variedad y efectividad según la realidad de cada localidad.


El presidente Castillo indicó en su discurso del 28 de julio pasado que “el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles” con el fin de lograr una mayor y mejor IF, lo cual tiene sentido si consideramos que poseemos uno de los peores indicadores de penetración de servicios bancarios en la región, con solo un 42% de la población adulta con alguna cuenta en el sistema financiero (INEI, 2019) mientras que en Brasil y Chile dicho indicador supera el 70%. Este anuncio estaría, incluso, en línea con la Ley Cuenta DNI (Nº31120) que dispone que el Banco de la Nación del Perú tiene que implementar las cuentas DNI 100% digitales a todos los ciudadanos peruanos que cuenten con ese documento y cuyo objetivo era lograr (por arte de magia) una inclusión financiera automática. Sin embargo, estas visiones de cómo solucionar un problema que es crucial para el país revelan una miopía al no considerar la pobre cobertura de internet que poseemos y la poca presencia del Banco de La Nación en el país (50% de los distritos en el Perú), entre otros factores.


Asimismo, con dicho fin se ha establecido, en mayo último, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, en la cual participan la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia del Mercado de Valores, y el Banco de la Nación. Sin embargo, podría estar cometiéndose un error al creer que desde el sector público y por decreto se podrá alcanzar una meta que es compleja desde todo punto de vista.


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