SEGUNDA PARTE: LA OBRA PUBLICA PARA EL FESTIN
1. Inversiones paralizadas, espejo de la corrupción
En reciente informe, la Contraloría General de la República da cuenta que existen un total de 2,346 obras paralizadas representando un saldo por ejecutar ascendente a 6,715.3 millones de soles; lo paradójico es que la región de mayor pobreza - sierra - represente el 60 % de obras paralizadas, mientras la selva un total de 147 obras paralizadas; esta diferenciación puede ser entendida y llevarnos a concluir que: desde el Estado, existe una menor atención para la región selva en cuanto a inversiones, o que sus autoridades y sus equipos técnicos, no tengan la capacidad para modelar su desarrollo. Tabla 1.
La necesidad apremiante, por reactivar la economía conlleva a un accionar urgente para destrabar las causales de estas paralizaciones, reconociendo que los procesos constructivos por sus fuertes eslabonamientos en la economía dinamizarían empleo e ingresos, pero no debe ser motivo o razón para dejar de lado las investigaciones necesarias para conocer sus causas y responsables de tan escandalosa corrupción.
Obviamente que toda paralización de las inversiones impacta, no solamente, en la oportunidad para la provisión de servicios, sino también en que el Estado, tenga que asumir mayores costos; así, reiniciar el total de obras paralizadas significaría, a costos actuales, la necesidad de nuevos recursos que ascienden a 29,732 millones de soles; es decir, la sociedad en su conjunto estaría asumiendo y pagano un 342 % de mayores costos. La sierra representa el 38 % del total de los costos actualizados mientras la región costa, el 55 %. Tabla 1.
Un dato relevante es que el incremento en la relación costo actual/saldo de obra, es marcadamente diferenciado; así para la región costa este incremento representa 422 %, mientras que para la sierra 254 % y para selva 361 %; estas diferenciaciones explicarían el tipo y naturaleza de las inversiones?, sin dejar de suponer que esconden algo más que esto, que llamamos corrupción.
La información que se presenta en la tabla 2 es bastante relevante, en tanto muestra el grado de concentración de las obras paralizadas según cada región; así, para la región Costa, 6 departamentos (de 11) representan el 93.8 % del total de inversión, el 90.4 % de los saldos por ejecutar y, el 79.8 % del total de obras paralizadas en esta región.
2. Corrupción, partera de la violencia
Las últimas acciones de violencia social, desarrolladas en casi un tercio del territorio nacional, han tenido como uno de sus argumentos centrales la desatención de las demandas ciudadanas, en términos de infraestructura e inversiones, responsabilizando al gobierno central como el único culpable; al respecto, analistas y políticos afirman que estos actos violentos están obedeciendo a una agenda estrictamente política y que mejor pretexto para culpar al gobierno central.
La realidad que aflora, de las evidencias y análisis del uso de recursos, conduce a reafirmar que la violencia suscitada es una mixtura entre política y social; política, en tanto sus promotores, siendo minorías, desde el poder elegido pretendieron imponer la realización de acciones orientadas a modificar el actual ordenamiento constitucional, y desde el lado social, los primeros usando el malestar de amplios sectores poblacionales con relación a sus necesidades insatisfechas y no atendidas, promovieron sus movilizaciones las mismas que carecieron de actores válidos con quien dialogar; las evidencias señalan que el 84 % de las obras paralizadas están bajo responsabilidad de los gobiernos subnacionales (regional y local) y sólo un 14 % es responsabilidad del gobierno central. Tabla 3.
Desde otra mirada, según el monto de inversiones, las cosas son bastante diferentes en tanto se tiene que el 67 % de las inversiones comprometidas y paralizadas están en el ámbito de los gobiernos subnacionales y, el 33 % es responsabilidad del gobierno central. Esta información es contundente, para graficar que la desatención de las agendas de cierre de brechas, en materia de infraestructura y temas sociales, educación, salud, etc., es más responsabilidad de los gobiernos subnacionales, y en menor medida, pero censurable, es responsabilidad del gobierno central.
Es la misma organización del Estado, la causante de estas desatenciones y exclusión que padecen millones de ciudadanos, viendo y sintiendo como sus condiciones de vida, en términos de servicios, siguen precarizándose y dando pie para agudizar la conflictividad e inestabilidad, enemiga de toda inversión; por el lado económico, el gran número de obras paralizadas significa restar competitividad a las actividades económicas, poniéndolas en desventaja frente a competencias externas.
En suma, el Estado, en sus tres niveles de organización, necesita una urgente mirada que conduzca a rediseñar un nuevo y sostenido modelo de organización conducente al desarrollo económico y competitivo del Perú; el modelo vigente no sólo está demostrando ser ineficaz e ineficiente, sino que además alienta peligrosas cuotas de corrupción como está demostrado con los gobiernos regionales y gobiernos locales, convertidos en guaridas de bandas corruptas y ladronas. Tabla 3.
Comments