3. Programas sociales, clientelismo y corrupción
A casi una década, de haberse puesto en marcha una llamada política de Estado, en materia de asistencia social, el crecimiento que experimenta, año a año, refleja directamente que algo sigue funcionando mal desde el Estado, como responsable de gestionar el crecimiento y desarrollo; por experiencia directa y por evidencias en su ineficiencia y resultados podemos aseverar que en su mayor parte, estos programas están obedeciendo a criterios y usos políticos, antes que una sostenida política de apoyo social, que debe tener el Estado como parte de su atención a poblaciones vulnerables. Vulnerabilidad causada por factores externos o por la desatención a las imperfecciones de la economía.
La pregunta que subyace al observar como cada año crece el número de beneficiarios, debe llevar a profundas reflexiones y empezar poniendo en tela de juicio la validez del modelo y los planes en materia de asistencia social, que se dice aplicar en beneficio de los más vulnerables de la sociedad.
El cuestionamiento/critica va cuando el Estado asigna anualmente más de 5,500 millones de soles, desconociendo cuantitativamente cuántos, y donde están aquellas poblaciones vulnerables, así como los grados y motivos de su vulnerabilidad. En suma, los 5,500 millones de soles que le cuestan al país terminan sirviendo poco o nada para los fines de reducir estructuralmente la pobreza en Peru.
Por ejemplo, bien cabe preguntarnos si los programas de seguridad social como Pensión 65, Juntos y Contigo, son desde el Estado la mejor respuesta para esconder el fracaso en materia de seguridad social y previsional; por ejemplo, para el agro, se dice existirían sólo 2 % de los productores que disfrutarían de pensión al jubilarse y unos 5 % con seguridad social (salud).
4. Perennizando la mendicidad y fabricando más pobres
Ahora miremos, Qali Warma, programa de apoyo alimentario (desayuno) para los estudiantes de la educación pública, sus críticas valederas señalan que lejos de integrarse a los procesos productivos del agro, termina siendo una competencia desleal a la producción interna y favorecer a grupos económicos - importadores y fabricantes- sin soslayar los niveles de corrupción en la asignación (licitaciones) para la atención de los desayunos escolares.
Otros programas sociales que están orientados a las poblaciones agrarias, son el Haku Wiñay, las Casitas calientes y la atención a los friajes, éstos son programas de larga data y de altos costos para el país; el primero dice fortalecer capacidades y la entrega de insumos a los más pobres del agro, termina siendo, técnica, económica y socialmente, la gran estafa vestida de asistencialismo, cuya estrategia de intervención es incorrecta y superpuesta a otras instancias (las apropiadas) del Estado.
El programa de atención frente a las heladas, consistente en la entrega de kit agro veterinarios y heno para los animales se ha terminado por institucionalizar y confirmar la ausencia de una política de prevención climática; esta carencia representa un costo superior a los 65 millones anuales, cuyos resultados e impactos resultan difícil de medir y evaluar pero no exenta de altos niveles de corrupción; además que esta intervención desnuda la ausencia de planes en materia pecuaria, así como el del aseguramiento del capital pecuario de los más pobres.
En cuanto al programa de atención al friaje “casitas calientes” lejos de implementar un programa habitacional con modernas tecnologías y de menor costo, se recurre a implementar viviendas ajenas a usos y costumbres de los beneficiarios, quienes muchos terminan usándolas como almacenes o potreros para sus animales; lamentablemente, es el negocio de los importadores de casas prefabricadas, añadiendo más corrupción a la función pública.
A MANERA DE CONCLUSIONES
A continuación, se esbozarán algunas conclusiones esperando contribuyan a iniciar serios procesos de reflexión alrededor de la forma organizativa del Estado, de manera que contribuya a superar sus propias deficiencias y de esta manera acercar realmente al Estado con el ciudadano.
1) Los resultados que puede exhibir la actual organización del Estado, está originando que la corrupción e ineficiencia tiendan a normalizarse en la relación Estado - sociedad.
2) La insatisfacción de los ciudadanos como resultado de la no atención a sus demandas por parte del Estado, puede explicarse en tanto la organización del Estado sigue siendo construida para alejar a los ciudadanos (tramitología, no transparencia, falsa meritocracia, excesiva burocracia, superposición de organismos públicos, etc.) sin dejar de mencionar al Estado como el gran botín para el clientelismo de las autoridades elegidas.
3) Estas debilidades, estructurales y funcionales del Estado, son bien aprovechadas por activistas ideológicos y políticos de los extremos, derechas e izquierdas, y los seudos intelectuales “caviares”, afirmando la necesidad de “refundar” al Estado y llevarlo a un modelo de gobierno de corte dictatorial.
4) Mientras las conveniencias ideopoliticas culpan a la actual Constitución ser la causa de las exclusiones que viven amplios sectores poblacionales ocultando que la verdad de todo ello está dada en la ineficiencia en la Gestión del Estado y la creciente corrupción.
5) Revertir los males que hoy nos aquejan pasa por derrotar a la impunidad que es alentada desde las propias esferas del poder y del actual sistema; el sistema político y judicial siguen contribuyendo en el crecimiento de la impunidad de los corruptos.
6) Los conflictos sociales que el Perú, permanentemente, viene siendo azotado es obra y gracia de una convivencia perversa entre ideología (izquierda radical y neosenderista) y la creciente corrupción e ineficiencia, enquistada en los tres niveles de gobierno con la participación y convivencia de actores políticos, empresariales y autoridades nacionales.
7) Los conflictos sociales alrededor de la explotación de los recursos naturales surgen por una confluencia de factores que van desde el aprovechamiento de las dirigencias comunales (utilizan a los comuneros), de seudo organizaciones de la llamada sociedad civil (frentes de defensa), de los empresarios ligados a esta actividad (prefieren convivir financiando a sectores de falsa/dudosa representación social) y de organizaciones publicas ineficientes y politizadas (defensoría del pueblo), etc.
8) El modelo de distribución del Canon está demostrando ser obsoleto y sin equidad tanto en su acceso como en su participación por parte de las poblaciones, razón que alimenta la conflictividad social.
9) Es urgente diseñar y legislar una nueva forma de distribuir la riqueza por la explotación de los recursos naturales asegurando el disfrute real por parte de los ciudadanos antes que seguir cerrando los ojos frente a la corrupción e impunidad existente.
Referencias:
Víctor Vásquez Villanueva; MSc. Economía Agrícola, Especializado en Desarrollo Rural; Consultor en Agro negocios. Jorge Arévalo Acha; Comunicador Social, Líder y Productor Agrario, Escritor. Los autores expresan su agradecimiento al Ing° Guillermo Esquives Villegas. Documento preparado para la Defensoría del Productor Agrario. Email: defensoragro1@gmail.com.
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