EL NIÑO GLOBAL Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA
Inseguridad alimentaria y mayor pobreza
“...la corrupción e ineptitud en la gestión pública constituyen la más perniciosa lacra moral y social a la que enfrenta una sociedad...”.
Resumen
El Niño Global (severa sequía e intensas lluvias) ya está presente y afectando a vastas áreas del territorio nacional y con repercusión en poblaciones enteras; es un fenómeno que nos acompañará hasta mediados del año próximo.
Las actividades de prevención, que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) se vienen ejecutando, muestran un preocupante retraso, que se refleja en los reducidos niveles de inversión y ejecución de los recursos asignados, menos del 20%2; y, además, muchas de las intervenciones realizadas tienen poca validez y otras ya están envueltas en escándalos de corrupción técnica -como señalan por los productores.
En ese escenario, con base a fuentes de información oficial, mediante el análisis cuantitativo explicativo, se estima que el Niño Global (NG) terminaría impactando negativamente en la actividad agropecuaria nacional e incrementando la inseguridad alimentaria; por ejemplo, con insuficiencia alimentaria en 16,4 millones de toneladas de productos agrícola que no llegarían a los mercados de consumo.
El agro es el sector de mayor generación de mano de obra; el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (NEI) estima que representa el 25 % de la PEA nacional, considerando el impacto indirecto de generación de empleos. Otro impacto del Niño Global (NG) está referido a la pérdida de empleo, equivalente a 119,4 millones de jornales por la baja de demanda laboral, es decir 7,761 millones de soles. Así como la pérdida de empleos indirectos de 1,5 millones. Por el lado económico (VBP), las pérdidas directas ascenderían a 11,930 millones de soles, afectando sobre todo a 1,5 millones de pequeños productores. Por ello, los índices de pobreza y extrema pobreza podrían recordar las cifras de los años 80s, es decir, el Perú habría retrocedido más de 35 años.
Presentación
El agro nacional está en una situación de emergencia, realidad que deberá ser internalizada y operativizada a la brevedad por las autoridades de turno en el Ejecutivo, Legislativo y Gobiernos regionales y locales.
La sociedad global sufre los estragos de los desastres naturales resultantes del cambio climático que envuelve al mundo, con un grado de intensidad aunado por la ausencia de una política de Estado en materia de prevención de riesgos y sobre todas las actividades del ámbito Rural. En el Perú, la ocurrencia de sequias extremas en el sur andino y lluvias intensas en el norte del país se presentan de manera más seguida en el tiempo, así como que sus efectos expresan destrucción de activos públicos y privados, con el empobrecimiento de miles de familias, en especial las más vulnerables que habitan el espacio rural y se dedican a la producción agropecuaria.
Frente a ello, el gobierno puso en marcha una política de prevención y mitigación asignando 1,300 millones de soles; esos recursos -dicen- serán para compra de maquinaria pesada y con ello realizar trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas vulnerables en la costa, así como para realizar trabajos de aseguramiento de agua a través de la perforación de pozos tubulares, entre otras3.
Pero en los meses transcurridos la realidad señala que los trabajos de prevención ante el impacto del Niño Global han avanzado lentamente, lo que ha generado duras críticas de los productores agrarios sobre las competencias y capacidades de las autoridades del Estado, así como la no existencia de un plan que contribuya a minimizar los daños y pérdidas de los más necesitados.
En este contexto la Defensoría del Productor Agrario presenta el análisis “El Niño Global y sus Impactos en la Agricultura” señalando que la incompetencia de las autoridades repercutirá en consecuencias económicas y sociales para el Perú y su sociedad. Se evidencia con claridad lo que sucederá con la provisión de alimentos, el desempleo que se generará, la pérdida de ingresos y su correlato en el incremento de pobreza y extrema pobreza.
Finalmente, planteamos la siguiente pregunta: ¿Quién será el “fabricante” de pobres más grande en el mundo?; … el Niño Global o el propio Gobierno.
I. EL PERU DEL BICENTENARIO
Cuando los peruanos nos aprestábamos a celebrar 200 años de independencia, después del dolor causado por la COVID-19, tuvimos el peor desatino al haber elegido como presidente de la República a un supuesto luchador social, que llegó al gobierno aupado de fuerzas políticas violentistas e intereses de mercantilistas. Así, los elegidos en su afán de construir un gobierno comunista lo disfrazaron de justicia y bienestar autocalificándose gobierno del pueblo.
La gestión de la COVID-19 estuvo llena de razones para robarle al Perú y ello quedó expresada en los casi 120 mil millones4 gastados en los sectores empresariales y mediáticos afines al gobierno; no siendo ello suficiente, además ubicó al Perú como el país con la tasa más alta de mortandad por COVID-19 en el mundo, estimándose oficialmente 230 mil peruanos fallecidos. Mientras miles de peruanos sufrían y morían día a día, autoridades del gobierno, de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti5, procedían a vacunarse a escondidas, asimismo, negaban el derecho a la importación de las vacunas por parte de sectores empresariales, de la iglesia y la sociedad organizada, además de la negación para la construcción de plantas de oxígeno.
Con las elecciones del 2021, llegó un presidente arropado por los ideólogos resurgentes del senderismo, del terror y junto a él, aquellos autollamados “reserva moral del país”, quienes no dudaron en repartirse el poder para así saborear los dineros públicos como tampoco dudaron cuando se hipotecaron estos falsos morales a la corrupción más grande que dominó los últimos 20 años al Perú.
Las oportunidades post COVID-19 fueron vastas pero desaprovechadas por el Perú; una economía mundial experimentando su recuperación y en crecimiento con demandas de minerales y productos agrícolas con precios superiores a su media; mientras los mercados globales pedían productos en Perú sucedía todo lo contrario; aquellas imágenes propaladas por una prensa independiente daban cuenta como las principales autoridades del Ejecutivo alentaban los conflictos sociales y las acciones destructivas (incendios, saqueos y muerte) de importantes complejos mineros y agroindustriales6. El Perú pasó del periodo de dolor a la destrucción económica.
La radiografía social y económica que vive el Perú, actualmente, es incierta y en camino a seguir deteriorando los indicadores económicos y sociales, frente a ello nuestras autoridades gubernamentales lejos de corregir sus políticas recurren al facilismo del derroche de los dineros públicos. Así, en los 11 meses de gestión de gobierno de Dina Boluarte (continuidad de Pedro Castillo) se sigue haciendo uso de los Bonos “ahora llamado Punche Perú” regalando casi 6 mil millones. El clientelismo y la demagogia, plagado de corrupción, descubren que es su mejor garantía para su continuidad como gobierno, sin poco importarles que cada día cientos de peruanos pasan a las filas de la pobreza y desesperanza.
El Bicentenario nos encontró siendo una sociedad desestructurada en términos sociales, económicos y políticos; y en lo social, su desestructuración es alentada por intereses de actores cuyo oficio es sembrar y abonar odios como estrategia perfecta para la desunión y destrucción de los débiles tejidos sociales existentes; en materia económica, algunos indicadores reflejan nuestra precaria salud económica que ya empieza a dejar sus huellas como que: el 37% de peruanos se encuentra en niveles de pobreza (12,4 millones viviendo en pobreza y pobreza extrema), el crecimiento anual por debajo del 1% (insuficiente para absorber la oferta laboral anual), alrededor de 900 mil peruanos desempleados y en busca de trabajo; 450 mil peruanos emigraron definitivamente; 12% de niños con desnutrición crónica; inflación bordeando los dos dígitos (el peor castigo para los hogares vulnerables y de la clase media) cuya tendencia es hacia el aumento; incremento de la inseguridad alimentaria; cero crecimiento de la inversión privada (por desgobierno), 80% de informalidad (creciendo) y altos niveles de inseguridad, entre otros.
En lo político, la percepción ciudadana señala que estamos viviendo los estragos de una total descomposición ética y moral en la llamada clase o casta política7 cuyos actores no hacen más que debilitar la ya precaria democracia, objetivo que persiguen los llamados auto arrepentidos del terror y los progresistas de la violencia y el odio. En esta autodestrucción de la política los dueños de los partidos lejos de asumir su nefasta responsabilidad para con el país optan por convivir y respaldar a los actores (de los poderes del Estado) que siguen destruyendo la patria.
II. EL SECTOR AGROPECUARIO DESDE LA MIRADA DEL GOBIERNO
La agricultura fue el único sector económico que no dejó de funcionar aún en plena pandemia de la COVID-9; ese compromiso hizo posible que en las mesas siempre existan los alimentos; a pesar de tremendo esfuerzo y compromiso de los 2,3 millones de productores éstos sólo recibieron indiferencia y abandono por parte de las autoridades de gobierno. Tuvieron que hacer frente al encarecimiento y altos costos de insumos y a los problemas para vender sus cosechas, que pocas ganancias le redituaron. El abandono y desatención gubernativa se vio reflejada cuando el gobierno entrega 60 mil millones para su programa REACTIVA mientras que para el agro se asignó apenas 2 mil millones y ejecutándose menos del 40 %.
Mientras las economías se realineaban después del COVID-19, surge la guerra Rusia - Ucrania evento que terminó impactando en los mercados de insumos nitrogenados, de productos como granos y cereales y de algunas exportaciones de frutas y hortalizas. Felizmente estos dos mercados son marginales en nuestras agro exportaciones. Este periodo es coincidente con el gobierno de Pedo Castillo - Dina Boluarte, quienes entendieron que la crisis que sigue atravesando la agricultura podía solucionarse con medidas efectistas y demagógicas; el agro vio inundarse de los llamados Bonos y promesas de la llamada 2° Reforma Agraria y tantas otras, como la importación de fertilizantes, la construcción de una planta de fertilizantes y la entrega de 100 mil toneladas8 de guano de las islas.
Mientras los precios de insumos como la urea crecía en 2 a 3 veces, las promesas del gobierno y del hoy MIDAGRI crecían a raudales a sabiendas que sólo eran cortinas de humo para encubrir los oprobiosos actos de corrupción y la destrucción de la institucionalidad agraria (pública y privada) actos que cada día se arraigan con mayor fuerza en contra del estribillo aquel que dice doña Dina Boluarte “mi gobierno lucha contra la corrupción” frases que no hace más que repetir y recordar aquellas que vociferaba su socio y compañero político y de aventura Pedro Castillo.
Transcurrido 27 meses de un gobierno (Pedro + Dina) que se autoproclaman de campesinos y que prometieron modernidad, equidad, rentabilidad y apoyo real del gobierno para con los campesinos, la realidad nos dice que los productores agrarios sólo han cosechado más miseria y pobreza y además que, en su nombre, siguen apropiándose de los recursos destinados para el agro. Estos gobernantes entendieron rápido cuan fácil resulta, desde el poder, construir mentiras y falsos compromisos, sin importarles la vida y bienestar de los millones de hombres y mujeres del campo.
La llamada crisis de los fertilizantes - 95% de la demanda es importada, particularmente sentida por los pequeños y medianos productores, de productos para los mercados internos de consumo masivo - terminó por empobrecer aún más a los productores, quienes vieron encarecer sus costos de producción en promedio 30-40 %9 y otros, dejando de fertilizar apropiadamente sus cultivos y su consecuente reducción de sus rendimientos. Estos hechos terminaron por impactar en sus ingresos (cero ganancias) e imposibilitándolos de tener excedentes para iniciar una siguiente campaña de siembras y en muchos casos, ver que sus deudas con prestamistas -formales e informales - crecían a cifras difíciles de pagar.
III. EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE Y EL YAKU
Luego del fallido golpe de Estado, perpetrado por el seudo “maestro” convertido en presidente de la República - Pedro Castillo, y algunos de sus secuaces y otros que optaron por mirar al costado negando sus intenciones y sus alianzas -, asume constitucionalmente la presidencia de la República la señora Abogada Dina Boluarte luego de su paso por el MIDIS como ministra de Pedro Castillo. Ello ocurrió el 7 diciembre del 2022.
Inicia su gobierno en medio de asonadas de protestas sociales y la muerte de cuando menos 61 peruanos, civiles, policías y militares; son momentos de alta conflictividad social y política alimentada por intereses internos (corrupción, narcotráfico y miembros del renovado sendero luminoso y políticos de extrema izquierda y de la llamada progresía local) y externos, caso México, Colombia, Venezuela, Chile, Cuba, Nicaragua (miembros de la ola socialista del siglo 21). En medio de esta crisis, doña Dina Boluarte se ve obligada a oxigenar su gabinete ministerial designando a Alberto Otárola Peñaranda, otrora abogado personal de doña Dina y conspicuo simpatizante de Pedro Castillo y de Hugo Chávez; de quien se dice es el gobernante real, cargo para el cual nunca fue elegido.
Mientras esto sucedía en el ambiente político, el cambio climático jugaba su partido dejando sentirse en el inicio de la severa sequía y heladas en el sur andino y, el inicio de lluvias intensas y anomalías en la temperatura afectando a las regiones de la costa norte y central del Perú. Este fenómeno tiene que ser entendido en sus resultados en términos productivos y de oferta agrícola; la sequía del sur impactó directamente en la reducción de la oferta agrícola de granos, cereales y tubérculos propios del sur andino y en la provisión de pastos y forrajes para la ganadería alto andina10. Se estimó que dicha sequía afectó a casi 650 mil hectáreas agrícolas y una reducción de casi 4,5 millones de toneladas de alimentos, afectando a casi 1,4 millones de productores agropecuarios. El sur andino convertido en el gran foco de rechazo al gobierno de la pareja presidencial seguía clamando atención del gobierno, mientras éste respondía con su silencio y desinterés como queriendo decirles “... asuman las consecuencias por estar en contra de mi gobierno ...”.
Las fuertes precipitaciones que se habían originado en el norte del país, fueron influenciadas con la aparición del fenómeno climático conocido como “El YAKU”, el cual incrementa la intensidad de las lluvias, generando pérdidas en campos de cultivo y en la infraestructura pública y privada (escuelas, colegios, centros de salud, carreteras y puentes y viviendas etc.). Las imágenes que propalan los medios de comunicación, además del dolor y desesperanza de los ciudadanos, terminan por desnudar la precariedad de la organización del Estado para enfrentar estos desastres, pero buena ocasión para ver desfilar a las más altas autoridades de gobierno, como gallinas ciegas, sin solucionar nada, pero efectistas en la mentira.
En la región costera algunas estimaciones preliminares desde la Defensoría del Productor Agrario, dan cuenta que EL YAKU pueda haber ocasionado pérdidas directas en el aparato productivo afectando a unas 35 mil hectáreas parcialmente y unas 12 mil hectáreas, perdidas en su totalidad; económicamente estas pérdidas significan alrededor de 300 millones de soles. El discurso oficial anunciando que las pérdidas serían indemnizadas con el seguro agrario catastrófico (SAC-MIDAGRI) terminó con las ilusiones de los afectados, comprobándose que las promesas no eran más que un discurso engañoso, como aquel que decía “no más pobres en un país rico”; el SAC asumiendo que indemnizaría a las 47 mil hectáreas afectadas sólo reconocería un total de 37,6 millones de soles (10% del valor de las inversiones).
Anticipándose a dicho fenómeno, fueron los cambios en las temperaturas que afectaron especialmente a cultivos como mango y limonero; las pérdidas para los primeros se estiman en unos 120 millones de soles y para los segundos, en una reducción de oferta del 70% o su equivalente a 80-90 millones de pérdidas. En esta misma radiografía no fueron ajenos los cultivos del algodonero en Lambayeque y los arrozales; para los primeros, las pérdidas fueron por los bajos rendimientos que pasaron de 60 a 15-20 quintales/hectárea significando una pérdida total de 45 millones de soles; en el arroz sus menores rendimientos y deterioro de su calidad afectaron generando una pérdida del 10% de sus ingresos esperados equivalente a unos 110 millones de soles11.
Mientras el YAKU seguía en su destrucción y el sur andino clamaba por agua y pastos para sus cultivos y ganado, los productores de la sierra sur veían perder sus campos y ver morir su ganado por falta de alimentos y otros, verse obligados a rematarlos en ferias y plazas con la esperanza de recuperar en algo sus inversiones. Se estima que el valor promedio del hato pecuario es de 30 mil soles y al venderlo pierden unos 15 mil soles en promedio. La magnitud de esta crisis pecuaria en el supuesto que afectaría al 70% de los ganaderos de Puno la perdida y descapitalización sería del orden de casi 3 mil millones de soles11.
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