La crisis política generada por el clima de vacancia y lo que ha sido tener 4 gabinetes ministeriales en 7 meses de gobierno, contextualizan un escenario adverso para la tranquilidad social y política, pero también para la continuidad en el quehacer público en el Gobierno Nacional.
Las crisis políticas que viven los Gobiernos generan paralizaciones o lentitud en las gestiones prioritarias, incertidumbres en los operadores políticos para impulsar reformas necesarias, desorientación en los equipos técnicos, confusión en las otras instancias de gobierno, insatisfacciones en las poblaciones objetivos de las políticas públicas esperadas, lo cual repercute en que no haya cambios positivos en la sociedad. Todo esto de manera concatenada genera un retraso en las posibles líneas de desarrollo social y económica del país y de la población.
Ante dicha situación, tenemos a bien proponer ciertas formas de abordaje de la gestión pública para tener una capacidad de respuesta y funcionamiento continuo en un momento de crisis. Empezaremos por las paralizaciones o lentitud en las gestiones prioritarias; al respecto, desde la gestión pública se debe abordar un posicionamiento y empoderamiento de los equipos a cargo de dichas prioridades proporcionándoles las capacidades y recursos para que le den continuidad al desarrollo de los servicios, acciones y regulaciones necesarias para atender los problemas públicos, independientemente del panorama adverso que se presente.
Por otro lado, respecto a la incertidumbre en los operadores políticos para impulsar reformas necesarias, es preciso arroparlas de institucionalidad a través del marco normativo que le de claridad sobre los mandatos para trabajar en el desarrollo de las reformas previstas, asegurando las capacidades y recursos para el comienzo de sus fases iniciales que hagan que las voluntades y consensos políticos se empiecen a hacer realidad. Cuando una reforma se avanza, se hace más potente en la realidad institucional y gubernamental.
En esa línea, respecto a la desorientación de los técnicos, se debe abordar poniendo buenos gerentes públicos en los cargos de confianza para que aprovechen su sustentibilidad y sostenibilidad técnica en el tiempo (por las normas que lo respaldan, su posicionamiento técnico y su capacidad de avance) para proporcionar la dirección técnica y la capacidad de visualizar el horizonte de gestión de cada uno de los encargos que se deben desarrollar para que no se sienta ningún tipo de paralización o desgano en la gestión pública institucional.
Es pertinente que ante lo indicado, resaltemos la trascendencia de ello en la propia acción del Gobierno Nacional que termina incidiendo en la acción pública de todo el Estado, pues una situación de crisis genera confusión en las otras instancias de gobierno; para lo cual es pertinente que la gestión pública se preocupe por mejorar diversos aspectos como el desarrollo normativo de la articulación gubernamental (por ejemplo, relanzando el proceso de descentralización), así como la proposición de guías, protocolos e instructivos para un adecuado proceder en la entrega de los bienes y servicios públicos acorde a la diversidad de las realidad regionales y locales, a lo que sumemos la necesidad de generar acuerdos políticos a nivel de las autoridades de los tres niveles de gobierno para evitar discontinuidades y paralizaciones innecesarias; y más bien, darles la consistencia política que anime el desarrollo de una gestión eficaz y eficiente sin perder las oportunidades de avance requeridas en beneficio de la población y el desarrollo territorial.
Lo más preocupante de todo esto son las posibles insatisfacciones que se puede generar en las poblaciones objetivos de las políticas públicas de interés de la sociedad, por la forma cómo se vienen gestionando durante el contexto de crisis; para evitar ello, se debe tener un control de gestión programático de lo que es posible entregar a nivel de servicios en comparación con la demanda existente; para poder priorizar las líneas de intervención donde habrá más exposición pública y mayor nivel de procupación por el conjunto de la sociedad.
Esto debe ir acompañado de un apoyo político en la continuidad de los funcionarios y directivos involucrados, para que no baje el nivel de gestión y, sobre todo, la cobertura y/o calidad en la entrega de servicios públicos.
Con todo lo sugerido, se busca mejorar las condiciones de gestión para reducir el impacto negativo y no previsto que nos hace vivir la crisis política y que nos deja retraso en las líneas de crecimiento y desarrollo a nivel territorial y sectorial. En esa línea, es necesario que el gobierno tenga claras las prioridades gubernamentales, territoriales, sectoriales e institucionales, en el marco de la política general de gobierno y haga las sinergias que se requieran entre todo el Estado, vinculándolas con un pleno entendimiento y comprensión de la realidad social.
Finalmente, debemos ver también la crisis como una oportunidad para mejorar las condiciones del sistema político en donde el diálogo y los consensos son la mejor medicina para cambiar el mal temporal político que se viene dando. Ello se debe complementar con la disposición del gobierno en la generación de sinergias estatales para aumentar la capacidad de gestión en la entrega de bienes y/o servicios públicos, en respuesta a afianzar la mejora continua y la gestión de la calidad en las diversas inrtervenciones públicas. Ello será valorado por los ciudadanos, quienes darán la legitimidad social respectiva y apoyarán en la apuesta por mejorar las condiciones de vida de todos y todas.
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