Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / El desafío de gobernar juntos

Regiones más allá de las facultades: el desafío de gobernar juntos

El debate sobre las facultades legislativas exige mirar más allá del enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso. El predictamen de la Comisión de Constitución recomienda rechazar y archivar la solicitud del Gobierno, que comprende desarrollo productivo, innovación, agricultura, riego, pesca, acuicultura, minería, turismo, energía y ambiente, entre otras materias. Por lo que se trata de una recomendación pendiente de debate, no de una denegación definitiva; siendo la pregunta territorial sobre qué cambios permitirían mejorar efectivamente la vida en las regiones.

De esta manera el reconocer problemas complejos no demuestra, por sí solo, que delegar facultades sea la respuesta adecuada. El texto de la delegación de facultades es objeto de la falta de precisión de numerosas medidas y de sus posibles beneficiarios y afectados. Desde una perspectiva de desarrollo regional, esta observación invita a exigir propuestas delimitadas, responsabilidades identificables y resultados verificables. También obliga a discutir cómo continuar las reformas necesarias si la delegación finalmente no prospera.

Para la OCDE (2026) se reconoce avances en planeamiento estratégico, pero advierte dificultades para conectar objetivos nacionales y regionales. Su diagnóstico permite sostener que el desempeño territorial requiere algo más que nuevas disposiciones; dado que se necesita instituciones capaces de acordar prioridades y ejecutarlas conjuntamente. Una agenda productiva debería demostrar cómo cada intervención responde a problemas concretos del territorio y se complementa con otras inversiones.

Alinear objetivos tampoco debería significar que todas las regiones reproduzcan una misma receta. La OCDE recomienda un marco nacional integrado que articule políticas sectoriales y planes nacionales, regionales y locales. Bajo ese enfoque, corresponde combinar propósitos compartidos con respuestas diferenciadas. Una región vinculada a mercados urbanos y otra con localidades rurales remotas necesitan intervenciones ajustadas a sus condiciones. La coherencia debe reconocerse en los resultados perseguidos, sin borrar las particularidades económicas, sociales y ambientales.

En las ciudades, la desarticulación tiene consecuencias cotidianas, dado que, al observar un planeamiento fragmentado, el déficit habitacional y la expansión urbana con dificultades para acceder a servicios y oportunidades. También advierte que planificar dentro de límites administrativos resulta insuficiente frente a dinámicas metropolitanas. Por ello, se propone evaluar conjuntamente vivienda, transporte, suelo y servicios básicos. Requiriendo una intervención habitacional que debería considerar desde su diseño cómo llegarán sus residentes al trabajo, a la escuela y a establecimientos sanitarios.

La respuesta urbana requiere acuerdos entre municipalidades y respaldo regional y nacional. Por lo que fortalecer la accesibilidad, promover vivienda asequible y mejorar el transporte público. Convirtiendo esas orientaciones en gestión que supondría concertar prioridades, compartir información territorial y ordenar inversiones complementarias. Potenciar esos espacios permitiría construir una estrategia territorial que distribuya mejor las oportunidades y alivie la concentración en la capital.

En el ámbito rural, el diagnóstico cuestiona una visión demasiado concentrada en agricultura y reducción de pobreza. Ambas prioridades siguen siendo relevantes, pero es importante caminar hacia innovación, digitalización empresarial, capacidades digitales y economía verde. La agenda productiva debería incorporar esa diversidad. De esta manera combinar apoyo agrario con transformación de productos, servicios turísticos y emprendimientos adecuados a cada territorio, previa evaluación de viabilidad y sostenibilidad. Requiere exigir capacidades, conexiones comerciales e infraestructura que funcionen de manera conjunta.

El vínculo entre campo y ciudad ofrece una vía para integrar esa agenda. La OCDE destaca sus relaciones comerciales, ambientales y de movilidad. A partir de ese enfoque, convendría organizar inversiones alrededor de corredores económicos y relaciones funcionales, además de las divisiones administrativas. Por ejemplo, una propuesta de riego debería examinar su articulación con caminos, almacenamiento y mercados. Esta es una orientación de política, dado que su aplicación necesita diagnóstico territorial, participación de actores y evaluación de cada intervención.

La coordinación eficaz también demanda financiamiento previsible. Es relevante conectar la programación multianual de inversiones con compromisos presupuestarios que reduzcan la fragmentación. Sobre esa base, los acuerdos territoriales entre niveles de gobierno con metas, responsables, calendarios y mecanismos públicos de seguimiento. CEPLAN podría reforzar el acompañamiento técnico al planeamiento subnacional, conforme plantea la OCDE. El avance debería observarse tanto en la ejecución como en mejoras comprobables de acceso a servicios, productividad y bienestar.

El debate parlamentario debería aprovecharse para precisar qué reformas requieren nuevas leyes y qué problemas exigen mejorar la gestión y cooperación institucional. Aprobar facultades no garantiza coordinación; rechazarlas tampoco constituye una política de desarrollo. Por lo que se propone una agenda territorial concertada, con prioridades financiables y evaluación pública. Las regiones necesitan que Gobierno y Congreso expliquen cómo sus decisiones acercarán servicios, ampliarán oportunidades productivas y ordenarán el crecimiento urbano. Esa debería ser la medida del compromiso con el país.