Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / De agroexportación al reto fiscal

Del boom agroexportador al reto fiscal: la OCDE propone un nuevo trato tributario para el agro y un drawback sin sobrecompensaciones

El debate tributario peruano suele presentar los incentivos fiscales como una herramienta para sostener la inversión, impulsar las exportaciones y preservar la competitividad. Sin embargo, el informe reciente de OCDE sobre la política tributaria de Perú, detalla si sigue siendo justificable mantener beneficios diseñados para promover su desarrollo de la agroexportación. La OCDE aborda esta pregunta observando especialmente al sector agroexportador y plantea dos reformas: revisar el tratamiento preferencial del impuesto a la renta aplicado a empresas agrícolas medianas y grandes, y rediseñar el drawback para que la devolución corresponda a los aranceles efectivamente pagados.

La OCDE señala que la presión tributaria del Perú alcanzó 16,3% del PBI en 2024 y continúa siendo baja frente a los estándares internacionales. Al mismo tiempo, advierte que sectores de creciente importancia, como la agroexportación y el turismo, necesitan contribuir de manera más adecuada al incremento de la recaudación. En 2024, la agricultura representó aproximadamente 7% del PBI, pero generó ingresos tributarios equivalentes a alrededor de 0,25% del PBI, lo que supone una relación entre impuestos y valor agregado cercana al 3%.

Entre 2011 y 2024, el valor de las exportaciones agrícolas aumentó aproximadamente 363%, y las grandes empresas explicaron alrededor del 98,5% de esa expansión. Para 2024, cerca del 95% de las exportaciones agrícolas provenía de grandes compañías del subsector de cultivos. La OCDE considera que estas empresas presentan productividad y rentabilidad significativamente mayores que la agricultura familiar y los pequeños productores, caracterizados por elevada informalidad, baja productividad y menor capacidad contributiva.

Desde esa perspectiva, el informe cuestiona la permanencia de la tasa reducida del impuesto a la renta empresarial. La Ley 32434 extendió hasta 2035 una tasa de 15% para grandes empresas agrícolas, en lugar de avanzar hacia la tasa general desde 2028, como se había previsto. La OCDE propone considerar la eliminación de la tasa reducida para las empresas agrícolas medianas y grandes. Su argumento central es fortalecer la equidad horizontal: empresas con capacidad económica comparable deberían enfrentar un tratamiento tributario más uniforme. Asimismo, una mayor contribución del sector podría ampliar los ingresos fiscales y reducir parcialmente la dependencia de la recaudación respecto de los ciclos de los minerales.

El segundo punto afecta un mecanismo directamente vinculado con las exportaciones: el drawback. El organismo no plantea eliminar toda devolución arancelaria, sino lo que cuestiona es el método peruano de cálculo, porque el reembolso se determina como un porcentaje fijo del valor exportado y no como la devolución de los derechos arancelarios efectivamente pagados por los insumos importados utilizados en la producción del bien exportado.

Esta diferencia puede producir una sobrecompensación. El informe cita evidencia según la cual, en 2013, el beneficiario promedio recibió devoluciones superiores a tres veces los aranceles pagados; el 25% recibió más de trece veces y el 10% más de sesenta y una veces. Además, alrededor de la mitad de los pagos del drawback se concentra en un pequeño grupo de grandes agroexportadores, pese a que los insumos importados representan una proporción reducida de su valor exportado. Para la OCDE, este resultado se aleja del objetivo original de compensar los aranceles incorporados en los bienes destinados al exterior.

En el corto plazo, la OCDE señala que una reducción de la tasa de devolución mediante decreto supremo podría disminuir parcialmente la sobrecompensación. En el plano estructural, recomienda una reforma legislativa que sustituya el porcentaje fijo sobre el valor de exportación por un mecanismo de devolución de los aranceles realmente pagados sobre los insumos importados. El principio es claro: devolver los derechos arancelarios incorporados en la producción exportadora, pero evitar que el mecanismo se convierta en una transferencia superior al costo efectivamente soportado.

Las dos recomendaciones responden a una misma lógica. La OCDE considera que el crecimiento de la agroexportación ha modificado la capacidad contributiva de sus principales empresas y que los instrumentos tributarios deben revisarse ante esa realidad. De hecho, advierte que ampliar todavía más los beneficios para agroexportadores sería contrario al objetivo de ensanchar la base tributaria y elevar la recaudación, especialmente cuando el sector mantiene una baja relación entre impuestos pagados y valor agregado.

El desafío para el Perú será equilibrar competitividad y sostenibilidad fiscal. Mantener incentivos por inercia puede reducir la recaudación y generar diferencias entre contribuyentes. El mensaje central del informe es que la política tributaria debe estar mejor focalizada: las empresas agrícolas medianas y grandes con mayor capacidad contributiva deberían aproximarse al régimen general y el drawback debería compensar lo efectivamente pagado, no otorgar una devolución desvinculada del costo arancelario real. En esa discusión se juega no solo cuánto recauda el Estado, sino también la equidad y coherencia de su sistema tributario.