Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Petro Perú al límite

Cuando la empresa estatal se convierte en la mayor amenaza para las finanzas del país

Imagínese una empresa que acumula deudas millonarias, cambia de director trece veces en menos de cinco años, requiere rescates permanentes del Estado y cuya principal planta industrial ha estado paralizada por averías. Ahora imagine que esa empresa es propiedad de todos los peruanos y que sus problemas financieros ponen en riesgo los recursos que el país debería invertir en hospitales, colegios y carreteras. Eso es, en esencia, lo que ocurre hoy con Petro Perú, la empresa estatal de hidrocarburos que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para las finanzas públicas del Perú.

La alarma internacional: el FMI llega y lanza advertencias

Entre el 10 y el 25 de marzo de 2026, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó Lima y Cusco para evaluar la situación económica del Perú. El FMI es una especie de organismo mundial de salud financiera para los países, analiza sus cuentas públicas, identifica riesgos y recomienda medidas para mantener la estabilidad económica. Y su diagnóstico sobre el Perú, aunque reconoce avances importantes, incluye señales de alerta que no deben tomarse a la ligera.

La economía peruana creció un 3.4% en 2025, impulsada por el consumo y la inversión privada, y los precios de los metales como el oro, la plata y el cobre han alcanzado niveles récord. Sin embargo, el FMI advirtió con claridad que estos buenos resultados no deben generar complacencia. En su pronunciamiento oficial, el organismo señaló que el déficit fiscal la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda llegaría al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, por encima de la meta oficial del gobierno. Para ponerlo en términos concretos: el Estado estaría gastando más de lo que tiene, y esa brecha debe corregirse.

Las dos tareas que el FMI identificó como urgentes son: frenar las crecientes presiones del gasto público, especialmente las provenientes del Congreso de la República, y avanzar decididamente en las reformas de Petro Perú. Ambas están íntimamente relacionadas: si Petro Perú sigue acumulando pérdidas y el Estado continúa rescatándola, el dinero público que debería financiar servicios esenciales termina siendo absorbido por los problemas de la empresa.

¿Qué tan grave es la situación de Petro Perú?

Para comprender el tamaño del problema, hay que revisar algunos datos. Según el FMI, Petro Perú acumula una deuda de capital de trabajo superior a los 1,500 millones de dólares. Entre 2022 y 2025, el Estado peruano inyectó cerca de 717,800 millones de soles para sostener las operaciones de la empresa. Aun así, en 2025, Petro Perú registró pérdidas de casi 470 millones de dólares. El círculo no cierra dado que la empresa recibe fondos públicos, sigue perdiendo dinero y podría requerir un nuevo rescate que superaría los 2,000 millones de dólares.

Uno de los problemas operativos más llamativos es la situación de la Refinería de Talara, considerada una de las más modernas de América Latina y cuya construcción costó aproximadamente 6,500 millones de dólares. A inicios de 2025, su unidad de mayor valor tecnológico, conocida como "flexicoquing", entró en paro por averías. Esta paralización no solo afecta la producción de combustibles, sino que pone en duda si la monumental inversión realizada está generando los beneficios esperados para el país.

A esto se suma una inestabilidad institucional casi sin precedentes. Desde 2019, Petro Perú ha tenido trece presidentes de directorio distintos, lo que equivale a un cambio de liderazgo cada poco mes. En promedio, los gerentes generales permanecen apenas 5.4 meses en el cargo. Sin continuidad en la gestión, es prácticamente imposible implementar reformas, planificar inversiones o recuperar la confianza de los operadores del mercado.

El gasto público bajo presión: el Congreso como factor de riesgo

El problema de Petro Perú no existe de forma aislada. Ocurre en un contexto en que el gasto público enfrenta presiones crecientes desde múltiples frentes. El FMI alertó sobre un fenómeno particular, en apenas ocho días de marzo de 2026, el Congreso aprobó tres proyectos de ley vinculados a planillas y pensiones que sumarían más de 11,000 millones de soles anuales al gasto del Estado. Cada vez que se aprueba una ley de este tipo sin un financiamiento claro, se pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

El organismo internacional recomendó explícitamente al Perú "resistirse a iniciativas legislativas de gasto sin financiación". Esto significa que antes de aprobar leyes que implican mayor gasto, debe asegurarse de que existen los recursos para cubrirlas. De lo contrario, el déficit fiscal crece, la deuda pública aumenta y el Estado pierde margen para responder ante crisis futuras, ya sean desastres naturales, pandemias u otras emergencias.

El Banco Mundial, en su reciente Revisión de las Finanzas Públicas del Perú, señala en la misma dirección: los ingresos fiscales del país, que representan solo el 18.7% del PBI, están por debajo del promedio regional. Chile recauda el 23.7% y Colombia el 28.2%. Esa brecha de recursos limita la capacidad del Estado para invertir en salud, educación, infraestructura y seguridad. Sin más ingresos o sin mayor eficiencia del gasto, el espacio fiscal se reduce progresivamente.

¿Qué pide el FMI exactamente?

Las recomendaciones del FMI no son vagas ni genéricas. El organismo señaló que cualquier apoyo fiscal adicional a Petro Perú debe ser temporal, estar focalizado en los sectores más vulnerables de la población, e incluir condiciones claras de finalización para evitar que se convierta en un subsidio permanente. También pidió que los apoyos no distorsionen los precios de los combustibles en el mercado, lo que afectaría la competencia y la eficiencia del sector energético.

Para el conjunto de las finanzas públicas, el FMI estimó que se necesita una consolidación fiscal equivalente al 0.9% del PBI para 2028, con el fin de cumplir las metas de la regla fiscal peruana. Esto implica ajustes en el gasto corriente, mejoras en la contratación pública, mayor eficiencia de la inversión estatal y, de manera central, que Petro Perú deje de ser una fuente de riesgo permanente para las cuentas del país.

¿Por qué esto nos importa a todos?

Es legítimo preguntarse por qué un ciudadano que no trabaja en el sector energético ni en el Ministerio de Economía debería preocuparse por la situación de Petro Perú. La respuesta es directa, porque el dinero que el Estado destina a rescatar a la empresa proviene de los impuestos y recursos públicos que, de otra manera, podrían financiar mejor salud, más educación, mejores carreteras o mayor seguridad. Cada sol que se usa para cubrir las pérdidas de Petro Perú es un sol que no llega a un hospital público o a una escuela rural.

Además, si las cuentas fiscales se deterioran de forma sostenida, el país pierde credibilidad ante los mercados internacionales. Esto puede encarecer el crédito, debilitar el sol frente al dólar y reducir la inversión privada, que es uno de los principales motores del empleo y el crecimiento. En suma, lo que ocurra con Petro Perú y con el gasto público en los próximos años tendrá consecuencias concretas en el bolsillo de las familias peruanas.

Conclusión

El Perú se encuentra en un punto de bifurcación. Por un lado, cuenta con fortalezas macroeconómicas reales, donde las reservas internacionales elevadas, términos de intercambio favorables y un nivel de deuda aún manejable. Por el otro, enfrenta una serie de decisiones difíciles que no pueden postergarse indefinidamente: ¿cómo reformar Petro Perú de manera sostenible sin perjudicar el suministro de combustibles en regiones alejadas? ¿Cómo equilibrar las demandas sociales legítimas con la necesidad de mantener finanzas públicas sanas? ¿Cómo fortalecer la institucionalidad de las empresas públicas para que dejen de ser un peso y se conviertan en activos estratégicos del Estado?

Las advertencias del FMI y del Banco Mundial no son recetas impuestas desde fuera, sino señales técnicas que reflejan tendencias reales en los datos. Atenderlas o ignorarlas es una decisión política, pero sus consecuencias serán económicas y sociales para toda la población. El reloj corre, y Petro Perú seguirá acumulando deudas mientras los debates continúen sin traducirse en reformas concretas.