Alejandro Narváez / Crisis de gas y diésel en Perú

Causas, efectos y culpables de la crisis del gas y el diésel en el Perú

La actual crisis del gas y del diésel en el Perú no cayó del cielo ni puede explicarse como un simple “accidente operativo”. Lo ocurrido tras la deflagración y fuga en el sistema de transporte de hidrocarburos en Megantoni, Cusco, a inicios de marzo de 2026, ha dejado al desnudo algo más grave: un modelo energético concentrado, frágil y mal gestionado. El país descubrió, otra vez, que depende excesivamente de Camisea para mover su electricidad, abastecer GLP a millones de hogares y sostener buena parte del consumo energético urbano e industrial. Cuando una sola arteria falla, el cuerpo entero colapsa. Eso no es mala suerte, eso es mala política pública. Los culpables deben rendir cuentas.

Tres causas

El hecho detonante fue concreto. El 1 de marzo de 2026 se declaró la emergencia en el suministro de gas natural luego de la interrupción del sistema de transporte por ductos, tras una fuga y deflagración en el kilómetro 43, en Megantoni. A raíz de ello, Pluspetrol que tiene el 44.8% del consorcio Camisea paralizó la producción de GLP en Pisco y el gobierno activó medidas extraordinarias para priorizar el abastecimiento interno y administrar la escasez. Y, como era de esperar los consumidores migraron rápidamente a combustibles sustitutos (diésel y gasolinas), presionando súbitamente toda la cadena de suministro.

La primera causa estructural de la crisis es la excesiva dependencia de una sola fuente y de un solo corredor de transporte. Camisea aporta casi la mitad de la electricidad del país y abastece cerca del 70% del mercado de GLP, esencial para millones de hogares y una enorme flota vehicular. Cuando esa infraestructura se interrumpe, el impacto se propaga hacia la generación eléctrica, el GLP doméstico, el GNV y, por efecto sustitución, el diésel. En otras palabras, el Perú tiene una matriz energética que parecía eficiente en tiempos normales, pero peligrosamente vulnerable en tiempos de contingencia. La eficiencia sin resiliencia termina siendo una ilusión contable.

La segunda causa es la precariedad previsional del Estado y del sistema energético. Reuters reportó que ésta es la peor crisis energética peruana en dos décadas y que ha vuelto a poner bajo escrutinio la cancelación de proyectos alternativos de infraestructura, como el gasoducto del sur, frustrado en 2017 en medio del escándalo Odebrecht y el plan privatizador de Petroperú en curso. El tema de fondo es claro: durante 22 años las bondades de Camisea sólo beneficio a las 4 empresas del consorcio Camisea, pero no se construyó una verdadera red de redundancia (ruta alternativa). Se explotó el activo, pero no se blindó el sistema. En un país serio, la seguridad energética no se improvisa después del siniestro, se planifica antes del colapso.

La tercera causa es regulatoria y política. Apenas estalló la emergencia, los incompetentes del MINEM y el Osinergmin tuvieron que emitir resoluciones excepcionales para paliar los efectos de la crisis, flexibilizar registros y autorizar medidas transitorias. Es decir, el sistema tuvo que relajarse de manera urgente porque no estaba preparado para un evento inesperado que altero drásticamente la producción y los precios (shock de oferta). Si para enfrentar una contingencia el Estado necesita desmontar temporalmente sus propias ineficiencias, entonces el problema no es solo la avería del ducto, también es el diseño institucional que reaccionó siempre tarde y mal.

Los duros efectos

Los efectos económicos fueron inmediatos. La interrupción del gas elevó la demanda de combustibles líquidos sustitutos y disparó los precios mayoristas. Entre el 3 y el 10 de marzo, el precio mayorista del diésel de uso vehicular subió de S/12.73 a S/16.26 por galón, un alza de 27.7%. En paralelo, el GLP y los gasoholes también subieron como nunca antes. Este traslado de presión hacia el diésel golpea especialmente al transporte de carga y, por esa vía, a toda la estructura de costos de la economía. Cuando el diésel sube, el flete sube, cuando el flete sube, los alimentos, la distribución y la producción terminan pagando la factura. Y, como siempre, el consumidor final la recibe sin anestesia.

Los efectos sociales tampoco son menores. Reuters informó que el ducto afectado abastece un insumo esencial para 2.1 millones de hogares y cerca de un millón de vehículos. Las colas en grifos, la escasez de GNV, el encarecimiento del balón de gas y la presión sobre el transporte urbano no son detalles logísticos: son un golpe directo sobre la vida cotidiana, especialmente de taxistas, pequeños negocios y familias de ingresos bajos y medios. En Perú, cada crisis energética termina revelando la misma jerarquía moral del mercado: primero se protege el balance empresarial, después la estabilidad macro y al final, si sobra tiempo, se piensa en la gente.

Los culpables pasan “piola”

¿Quiénes son los culpables? En primer lugar, la responsabilidad del incidente, deflagración y fuga de gas natural en el distrito de Megantoni, Cuzco, recae directamente en la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). Pero la responsabilidad política es evidente. Culpa tiene el Estado por haber permitido que la seguridad energética dependa de un corredor demasiado expuesto. Culpa tienen los sucesivos gobiernos por no diversificar a tiempo la infraestructura ni construir una red de redundancias. Culpa tiene la clase dirigente por haber enterrado, entre corrupción y desidia, proyectos estratégicos que hoy harían menos traumática la contingencia. Culpa tienen aquellos antiperuanos que quieren vender Petroperú cuando debiera estar produciendo GLP y diésel para atender al mercado, como siempre lo ha hecho. Y, culpa tienen aquellos agentes de la cadena comercial que aprovechan el pánico para especular con la escasez.

Decir que “hay stock” no resuelve la crisis.

Los burócratas de Osinergmin informaron que, al 9 de marzo, los terminales del Callao contaban con inventarios suficientes de diésel B5 para atender la demanda durante la emergencia, mientras el gobierno sostuvo que existían reservas y cargamentos en tránsito. Pero una cosa es que exista combustible en terminales, y otra muy distinta es que llegue con normalidad, a precios razonables y sin distorsiones al usuario final. Entre el parte oficial y el surtidor hay un país entero de cuellos de botella, pánico, sobrecostos y oportunismo descarado.

La lección es brutal: el Perú no sufre solo una crisis del gas y del diésel, sufre una crisis de gobernanza energética. No basta con reparar el ducto y esperar que baje la tormenta. Lo indispensable es asumir que la seguridad energética es seguridad nacional (véase Narváez, 2025). Esto exige diversificación real de fuentes, redundancia en transporte, fortalecimiento de Petroperú, capacidad de almacenamiento, protocolos transparentes de contingencia y una regulación que no llegue siempre después del incendio. Mientras esto no ocurra, cada emergencia seguirá funcionando como una radiografía implacable del mismo fracaso: un país rico en recursos, pero lleno de mediocres dirigiendo sectores clave de nuestra economía.

Conclusión

La actual crisis, principalmente, del gas y del diésel en el Perú tiene un detonante técnico, pero sus raíces son estructurales: concentración, ausencia de redundancia, improvisación estatal y oportunismo comercial. Los más perjudicados no son los directorios del Consorcio Camisea, ni los burócratas que firman resoluciones de urgencia, sino los hogares pobres, trabajadores y los pequeños negocios que dependen de energía asequible para sobrevivir. El verdadero culpable no es solo la avería del ducto, es la mediocridad acumulada de un modelo energético que confunde dependencia con fortaleza.