Juan Pari / Inestabilidad en un Estado sin rumbo

La inestabilidad no la genera el cambio, la genera un estado sin rumbo

En el debate público peruano se intenta instalar de manera sistemática, y muchas veces mediante una fuerte presión mediática, la idea de que toda propuesta de cambio en el país es sinónimo de inestabilidad. No se trata de un debate abierto ni plural, sino de un encuadre repetido hasta el cansancio: cualquier reforma estructural es presentada de inmediato como una amenaza para la economía y la gobernabilidad. Bajo esa lógica, no se discuten contenidos, no se contrastan evidencias ni se ponderan alternativas; se desacredita de antemano. A través de titulares alarmistas, vocerías alineadas y una narrativa insistente, se construye un clima de temor que deslegitima el cambio antes de que pueda siquiera ser entendido. Se ha llegado así al punto de satanizar los cambios estructurales, como si cuestionar un sistema que no está resolviendo los problemas del país fuera, por definición, un acto irresponsable, cuando en realidad lo irresponsable es sostener un modelo que ya no ofrece respuestas.

La evidencia muestra que el Perú vive una inestabilidad persistente sin haber realizado cambios estructurales profundos, lo que revela que el problema no es el cambio, sino un Estado que no resuelve, un sistema político que no logra ordenar el poder y una economía que crece sin dirección.

El país no enfrenta crisis aisladas, sino un patrón continuo de descomposición institucional. En los últimos años, el Perú ha tenido más de seis presidentes desde 2018, en medio de un enfrentamiento permanente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso que ha vaciado de contenido los mecanismos constitucionales, transformándolos en herramientas de confrontación política. A ello se suma una corrupción que no es episódica, sino sistémica, y una inseguridad creciente vinculada al avance del crimen organizado. Pero quizá el dato más contundente de esta crisis no está solo en los hechos políticos, sino en cómo los percibe la ciudadanía.

La desconfianza en las instituciones ha alcanzado niveles alarmantes. Más del 90% de la población declara tener poca o ninguna confianza en el Congreso y en los partidos políticos, mientras que la desconfianza hacia el Poder Judicial bordea el 80%. Esta cifra no es un problema de percepción, es un problema de legitimidad. Cuando la ciudadanía deja de confiar en quienes gobiernan, el sistema pierde su capacidad de conducción y la estabilidad deja de ser un atributo real para convertirse en una apariencia frágil.

Esta pérdida de legitimidad tiene raíces profundas. Las investigaciones por corrupción en el Perú han evidenciado la existencia de redes que vinculan intereses privados con decisiones públicas, debilitando los mecanismos de control y distorsionando el funcionamiento del sistema político, así como anulando el sistema sancionador en sus aspectos administrativo y judicial. No se trata solo de actos individuales de corrupción, sino de un fenómeno más amplio: la captura de la política por intereses particulares. Cuando las decisiones dejan de responder al interés público, el Estado pierde coherencia, previsibilidad y credibilidad, generando condiciones permanentes de inestabilidad.

A este escenario se suma un problema aún más estructural: el Perú no solo tiene un problema de gobernabilidad, tiene un problema de dirección-. Durante décadas, el desarrollo ha sido entendido como un proceso casi automático, como si bastara con dejar actuar al mercado para que el crecimiento llegue por sí solo. En la práctica, esto ha significado depender de factores externos antes que de una estrategia nacional. Cuando suben los precios de los minerales, el país crece; cuando caen, el crecimiento se desacelera. No estamos frente a una economía conducida, sino frente a una economía condicionada.

Los propios datos lo confirman. El país mantiene niveles de informalidad mayores al 70%, una proporción significativa de la población sigue en situación de pobreza y los conflictos sociales continúan marcando la agenda nacional. La economía no colapsa, pero tampoco transforma. Se sostiene, pero no avanza de manera suficiente. Es una estabilidad relativa, superficial que temporalmente evita el derrumbe, pero que no construye desarrollo.

A esta crisis se suma un fenómeno que ya no puede ser tratado como un problema aislado, sino como una expresión directa de la inestabilidad estructural del país: la inseguridad ciudadana. Lo que hoy se vive en amplias zonas del Perú no es solo un incremento del delito, sino el reflejo de un abandono progresivo del territorio por parte del Estado. Allí donde el Estado no llega, no regula y no protege, otros actores ocupan su lugar. El crimen organizado, las economías ilegales y las redes delictivas no solo operan, sino que imponen sus propias reglas, controlan espacios, fijan condiciones y ejercen autoridad de facto. Esto no es simplemente un problema de seguridad, es un problema de soberanía interna. Un Estado que pierde control territorial pierde también capacidad de garantizar derechos, y con ello se profundiza la inestabilidad. Esta situación no es ajena al modelo de desarrollo: una economía que crece sin integrar territorios, que no genera oportunidades formales y que tolera amplias zonas de informalidad termina creando las condiciones para que el orden sea reemplazado por la ilegalidad.

En este contexto, resulta profundamente equivocado sostener que el cambio es el origen de la inestabilidad. Por el contrario, lo que se observa es un intento sistemático de bloquear cualquier transformación apelando al miedo. Se sataniza el cambio porque cuestiona el statu quo; se le presenta como una amenaza porque pone en evidencia las limitaciones del modelo actual. Pero los hechos son claros: el Perú ya es inestable sin haber cambiado. La crisis política, la desconfianza institucional, la captura del Estado por intereses privados y la dependencia económica no son producto de reformas estructurales, sino de la falta de ellas.

El verdadero problema del Perú es no haber definido hacia dónde se quiere ir como país. Mientras el crecimiento siga dependiendo del ciclo internacional de los commodities, mientras la política siga debilitada por la corrupción y mientras el Estado no recupere legitimidad frente a la ciudadanía, la estabilidad seguirá siendo parcial, frágil e insuficiente.

Porque al final, esa es la verdad que se intenta ocultar detrás del discurso del miedo: el Perú no es un país estable en el sentido pleno del término. Es un país que resiste.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser seguir administrando la inercia ni tampoco bloquear cualquier intento de transformación apelando al miedo. Lo que corresponde es cambiar la forma en que se plantea el debate. El país no necesita menos cambio, necesita mejores condiciones para que el cambio sea posible y sostenible. Eso implica, en primer lugar, dejar de discutir en abstracto y empezar a mirar la realidad concreta: el empleo, la informalidad, la inseguridad y la falta de oportunidades. Implica también recuperar el sentido de la estabilidad, no como un concepto limitado a los equilibrios macroeconómicos, sino como una condición que debe reflejarse en la vida cotidiana de la población.

Al mismo tiempo, es necesario romper con la narrativa que presenta toda reforma como una amenaza. El cambio no debe plantearse como una ruptura abrupta, sino como un proceso ordenado, con reglas claras, con continuidad en aquello que funciona. como la estabilidad monetaria, y con decisión para corregir aquello que no está dando resultados. Esto supone fortalecer la capacidad del Estado para conducir el desarrollo, gestionar conflictos, recuperar el control del territorio y garantizar que la inversión contribuya efectivamente al bienestar de la población.

En ese sentido, el verdadero desafío no es elegir entre estabilidad o cambio, sino construir una estabilidad, que haga posible el cambio, y un cambio que consolide la estabilidad. Porque mientras el país siga atrapado entre el miedo a transformar y la incapacidad de resolver sus problemas, la inestabilidad seguirá siendo parte de su funcionamiento cotidiano.