Magalli Carrillo / La cifra que nadie quiere mirar

Feminicidio en el Perú, en medio de la crisis y de una oportunidad histórica

Hace unos días, revisando las noticias del día entre titulares sobre la transición presidencial, la campaña contra la extorsión y el debate electoral, me detuve en una cifra que pasó casi desapercibida entre tanto ruido: en lo que va del 2026, decenas de mujeres ya han sido asesinadas en el Perú por el solo hecho de serlo. La noticia duró un día en los portales y desapareció. Y no dejo de preguntarme: ¿en qué momento decidimos, como sociedad, que este tema puede esperar?

No es una pregunta retórica menor. El Perú vive, desde hace una década, en un estado de crisis política casi permanente —nueve presidentes en diez años— y una pobreza que aún afecta al 27,6 % de la población.[1]  En ese contexto, resulta comprensible que la atención pública se concentre en la inestabilidad institucional, la inseguridad ciudadana o el proceso electoral. Pero también resulta peligroso, porque termina empujando a un segundo plano un problema que no tiene pausa: mientras el país discute quién lo va a gobernar, las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas, exparejas o familiares.

Y aquí conviene detenerse, porque el feminicidio no es un fenómeno exclusivamente peruano ni reciente. Según el informe conjunto de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2024 se registraron 83 000 homicidios de mujeres y niñas en el mundo; cerca de 50 000, el 60 %, fueron cometidos por parejas o familiares, lo que equivale a 137 víctimas cada día[2]. América Latina y el Caribe, nuestra región, tiene la segunda tasa más alta del planeta después de África: al menos 3828 feminicidios en 2024, más de 19 254 en el último quinquenio, y 5502 feminicidios frustrados solo en 2024[3]. Esa última cifra me parece particularmente reveladora, porque confirma que la violencia letal casi nunca es el primer episodio, sino la culminación de un patrón que empezó mucho antes.

En el Perú, el patrón se repite con una precisión que incomoda. En 2024 se registraron 162 feminicidios, el pico de la serie reciente; en 2025 la cifra bajó a 133-134 casos, un promedio de casi 11 mujeres asesinadas cada mes.[4] Entre 2009 y mayo de 2026 se acumularon 2229 casos con características de feminicidio, y solo en los primeros cinco meses de este año ya se contaban 49.[5] El 62,2 % de los agresores son parejas o exparejas; el 65,4 % de los crímenes ocurre dentro de la propia vivienda de la víctima; y el 34,8 % de las mujeres asesinadas ya había denunciado previamente a su agresor.[6] Detengámonos en ese último dato: no hablamos, en su mayoría, de crímenes imprevisibles, sino de tragedias anunciadas que el sistema no logró evitar a tiempo. En Lambayeque, por ejemplo, de 190 denuncias por feminicidio registradas entre 2022 y 2026, 122 expedientes terminaron archivados y solo 29 llegaron a una sentencia condenatoria.[7]

¿Significa esto que el Estado no hace nada? No sería justo decir eso. El Perú cuenta con un marco normativo relativamente sólido —la Ley N.º 30364 y el artículo 108-B del Código Penal, que tipifica el feminicidio con penas de hasta cadena perpetua— y en 2025 el Poder Judicial dictó 13 350 sentencias condenatorias por violencia contra la mujer, 508 de ellas cadena perpetua.[8] En junio de este año, el MIMP y el Ministerio del Interior lanzaron la campaña "Que no se escondan más", que difunde los rostros de 31 feminicidas prófugos con recompensas de hasta S/ 80 000 por información que permita capturarlos.[9] Son avances reales, y merecen reconocerse como tales.

Pero también es cierto que esos avances conviven con brechas que no se pueden disimular. El Sistema Nacional Especializado de Justicia, pensado para atender estos casos con fiscalías y juzgados dedicados exclusivamente a la violencia contra las mujeres, solo funciona plenamente en 8 de las 34 cortes superiores del país, con una implementación que no concluirá antes de 2028[10]. Y, en medio de todo esto, existe incluso un proyecto de ley que busca eliminar la figura penal del feminicidio y reemplazarla por la de "asesinato de la pareja".[11] Cuando escribí, hace unos meses, sobre por qué tipificamos el feminicidio como delito autónomo, concluí que esa tipificación no responde a que la vida de una mujer valga más que la de un hombre, sino a la condición estructural de vulnerabilidad que las mujeres enfrentan frente a la violencia de género. Que esta discusión legislativa avance justamente ahora, en medio de una crisis institucional que ya de por sí relega el tema, me parece una señal preocupante sobre cuán en serio nos estamos tomando este problema como país.

Y llego, casi sin buscarlo, a la pregunta que más me ronda estos días. El 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Keiko Fujimori presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031: la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país en más de dos siglos de vida republicana, tras un resultado ajustadísimo de 50,13 % frente a 49,86 %.[12] Asumirá el cargo el 28 de julio. No puedo evitar preguntarme qué significará este hito para las mujeres que hoy temen por su vida. Es legítimo esperar que, como mujer, tenga la libertad y la fuerza política suficientes para hacer del feminicidio uno de los grandes retos explícitos de su gobierno.

Pero también sé, por experiencia y por lo que hemos revisado aquí, que la representación simbólica no garantiza por sí sola una representación sustantiva. El camino político que la ha traído hasta aquí ha sido, sin duda, complejo y no está exento de un pasado que merece memoria y justicia. Sin embargo, prefiero pensar que ninguna historia previa determina de antemano lo que una persona puede lograr cuando tiene, por primera vez, el poder real para cambiar las cosas. Quiero creer que llegar a ser la primera mujer presidenta del Perú puede ser, precisamente, la oportunidad de escribir un capítulo distinto: uno en el que la protección de las mujeres deje de ser una promesa aplazada. Mi expectativa, más que desconfianza, es una invitación: que el presupuesto para el sistema de justicia especializado crezca, que los feminicidas prófugos sean capturados, y que ningún proyecto de ley retroceda en lo que, con tanto esfuerzo, se ha avanzado.

No tengo una conclusión cerrada para este artículo, y creo que es honesto admitirlo. Lo que sí tengo claro es que no podemos permitirnos la comodidad de creer que, en medio de tantas crisis simultáneas, esta puede esperar. Cada mes que pasa sin una respuesta contundente equivale, en promedio, a once mujeres menos. El 28 de julio asumirá la primera presidenta electa de la historia del Perú. Que ese hito histórico se traduzca también en un compromiso real con la vida de las mujeres es, para mí, uno de los retos pendientes más urgentes del país, y espero de corazón que así sea.

[1]CNN Español, 16 abr. 2026, "La economía de Perú siente el impacto de la incertidumbre electoral"

[2]ONU Mujeres / UNODC, 25 nov. 2025, "Femicides in 2024: Global estimates"

[3] CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género, Boletín Violencia Feminicida en Cifras N.º 4, nov. 2025; Mapa Latinoamericano de Feminicidios

[4] Infobae Perú, 2 feb. 2026, "Perú cerró el 2025 con 133 feminicidios"

[5] MIMP, 1 jun. 2026, campaña "¡Que no se escondan más!"

[6] Ministerio Público del Perú, cit. en Infobae Perú, 8 mar. 2026

[7] Diario Correo, 16 may. 2026, "Lambayeque: 190 denuncias por feminicidio y 122 casos archivados"

[8] La República, 6 ene. 2026, "Poder Judicial impuso 508 sentencias a cadena perpetua en 2025"

[9] El Peruano, 1 jun. 2026, "MIMP revela los rostros de más de 30 feminicidas prófugos"

[10]IDEHPUCP-PUCP, 25 feb. 2025, "La violencia de género contra las mujeres en el Perú"

[11]LP Derecho, abr. 2026, "Proponen reemplazar el feminicidio por «asesinato de la pareja» (PL 10342/2024-CR)"

[12] CNN Español, 3 jul. 2026, "Proclaman oficialmente a Keiko Fujimori presidenta electa de Perú"