Anderson Sin Filtros
El premier Alberto Otárola pretende convencer a la opinión pública que—así como en El Salvador existe un Plan Bukele para someter a las maras salvatruchas que durante décadas han aterrorizado a los salvadoreños—aquí en el Perú tenemos un Plan Boluarte para enfrentar el maremoto de delincuencia que nos aqueja. Desafortunadamente, las cosas no son como las pinta el Sr. Otárola. Como se evidencia en la pobreza conceptual de los proyectos de decretos legislativos enviados al Congreso de la República, el Plan Boluarte es apenas un plan ideado “anteayer” con el propósito de ganarse alguito de la popularidad internacional del Plan Bukele--independientemente de que las condiciones objetivas del Perú sean abismalmente diferentes a las de El Salvador, país de 6 millones de habitantes, una extensión territorial similar al departamento de Ica y donde los delincuentes se “autorevelan” mediante inocultables tatuajes.
De los 9 proyectos de decretos legislativos (DL), tan solo dos tienen el potencial de tener un verdadero impacto sobre la criminalidad: el DL que “incorpora la posibilidad del retorno al servicio, al personal en retiro, bajo determinadas condiciones y requisitos” y el DL que modifica la Ley No. 29010, ley que faculta a los gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú. Ambos DL tienen el potencial de ayudar a resolver la urgente necesidad de contar con más efectivos policiales en las calles y de darles mayores recursos de infraestructura y recursos logísticos, aunque no constituyen soluciones contundentes a los problemas estructurales de la Policía Nacional del Perú.
Del resto de decretos legislativos presentados, hay poco o nada que rescatar. Ciertamente, “regular” a las empresas de intermediación de taxis, darle a las municipalidades la capacidad de “regular” a las empresas de carga en vehículos menores o “regular” a las empresas que dan servicios de delivery o “legislar” para la implementación, operación y mantenimiento de una central para la atención de emergencias y urgencias ni se parecen en mucho al Plan de Control Territorial del presidente Bukele ni está claro cómo es que ayudaran a enfrentar la criminalidad callejera que afecta ya a 1 de cada 4 peruanos, víctimas de robos, sicariato, y asesinatos.
El Plan Boluarte, además, no tiene detalles, ni responsabilidades específicas, ni establece plazos o prioridades de acción. Y es que, de lo que se trata es de dar la impresión de que se está haciendo algo y se tiene todo perfectamente bajo control. Pero, en vista de la enorme ineficacia de este gobierno para resolver temas incluso infinitamente menos complejos como pudo ser el reciente brote de dengue, el destrabe de obras paralizadas, impulsar el crecimiento económico, etc., será necesario que la ciudadanía esté atenta y le tome la placa a esta nueva promesa del gobierno de la Sra. Boluarte. No vaya a ser que después nos quieran cantar: “un fracaso más que importa”, porque el tema de la inseguridad ciudadana vaya que importa.