Julio Schiappa Pietra / Ni EE.UU. ni china mandan en Perú

El Perú enfrenta presión sin precedentes de la administración Trump para "limitar influencia china" en la región. Sin embargo, esta narrativa norteamericana oculta una realidad incómoda: el Megapuerto de Chancay representa una inversión de 3.600 millones que capitales occidentales no aportaron durante décadas de solicitudes peruanas. La infraestructura transforma al país en hub logístico del Pacífico Sur no por alineamiento político, sino por vacío dejado por otros actores.

La advertencia del embajador estadounidense Bernie Navarro —"el dinero chino barato cuesta soberanía"— merece análisis crítico desde perspectivas que el discurso oficial silencia. ¿Dónde está la soberanía peruana cuando el FMI condiciona política fiscal, o cuando la DEA opera en territorio nacional sin supervisión parlamentaria efectiva? La retórica selectiva aplica estándares exclusivos a inversión asiática mientras se aceptan condicionantes occidentales en defensa y financiamiento. La base espacial de Tahuantinsuyo, cooperación civil con China, genera alarma en Washington; pero EE.UU. mantiene 76 bases militares en América Latina, algunas en países donde la población desconoce su alcance operativo. En Ecuador, hace poco, 76% de la población en un referéndum exigió la salida de la base militar

La falsa dicotomía "romper con China" ignora complementariedad económica estructural. Desde 2014, Pekín es primer socio comercial del Perú, impulsado, no por la ideología, sino por demanda real de cobre y crecimiento del 141.8% en exportaciones no tradicionales. Romper este vínculo sería irracional económicamente. Pero presentarlo como dependencia omite que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales masivas con China —superior a cualquier otro país— pese a retórica confrontacional. La "dependencia" es relativa: ¿es China dependiente de mercados occidentales u occidente de manufacturas chinas?

El "equilibrio" diplomático propuesto por el canciller Hugo de Zela asume implícitamente que el perjuicio siempre derivará de responder a Washington, nunca de sus acciones unilaterales. La realidad contradictoria: EE.UU. es destino clave para agroexportaciones peruanas, pero mantiene subsidios agrícolas que vulneran competencia leal, mientras exige "acceso equitativo" a mercados latinoamericanos. Las "tensiones políticas" no deberían derivar en aranceles punitivos contra agricultores peruanos; pero tampoco deberían impedir que Lima cuestione prácticas comerciales desleales del norte.

Desde Pekín, la narrativa distingue cuidadosamente infraestructura de desarrollo de instalaciones militares. Chancay opera bajo legislación peruana, con concesión temporal, no propiedad absoluta, y puertos similares con inversión china funcionan en territorio estadounidense mismo. La comparación es incómoda para Washington: ¿quién representa mayor "influencia" extranjera medida en presencia militar desplegada, bases operativas y operaciones de inteligencia?

Aquí cobran relevancia las experiencias del bloque progresista democrático latinoamericano. Brasil, bajo Lula, negoció cláusulas de transferencia tecnológica en infraestructura con inversión china que el Perú no exigió en sus contratos, permitiendo desarrollo de capacidades locales en ingeniería portuaria. México, bajo presión similar de EE.UU. durante el T-MEC, mantuvo soberanía energética nacionalizando litio mientras expandía comercio con ambas potencias globales, demostrando que "neutralidad" no es equidistancia pasiva sino negociación activa desde intereses nacionales definidos. Bolivia y Honduras han diversificado socios comerciales sin rupturas dramáticas, priorizando industrialización primaria sobre exportación bruta de recursos.

La Unión Europea, particularmente los gobiernos socialdemócratas de Alemania y España, ofrecen marcos regulatorios aplicables. Su estrategia de "inversión sostenible" exige estándares laborales, ambientales y de gobernanza a capitales extranjeros —incluidos chinos y de EEUU— sin prohibir la inversión, creando competencia por calidad en lugar de veto geopolítico. El mecanismo de "diligencia debida" empresarial, que responsabiliza a inversionistas por cadenas de suministro, podría adaptarse al Perú para garantizar que Chancay cumpla estándares peruanos, no solo comerciales chinos ni de seguridad estadounidenses.

La conclusión no debe ser un Perú "puente" donde competidores globales se enfrenten, metáfora que asume que el Perú carece de agenda propia más allá de facilitar la bronca ajena. La estrategia latinoamericanista exige ser jugador con reglas propias: industrializar el cobre antes de exportarlo (valor agregado que Chile aplica al litio), exigir contrapartidas tecnológicas a toda inversión extranjera sin distinción de origen, y rechazar tajantemente que la "seguridad" de cualquier potencia defina que es "infraestructura peruana crítica". El desarrollo nacional no está en juego en la rivalidad Sino-Americana; ambas potencias deben adaptarse a parámetros que Lima defina unilateralmente para beneficio soberano. La verdadera independencia no es equidistancia, es capacidad de imponer condiciones.

Solo hay que votar, este 14 de abril, por los candidatos que revisen agenda del Canciller de Zela, con acelerada entrega del país a una potencia extranjera, restituyendo la soberanía económica y militar del Perú.