Roger Grández / Los fideicomisos de Loreto

El proceso de descentralización en nuestro país se encuentra en proceso constructivo y de aprendizaje continuo, de ambas partes, para darle consistencia a los espacios de representación política en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las personas, cualquiera sea el lugar donde se encuentre. Por una parte, el Estado, con la profundización de normas legales claras y precisas con la sabia intención de impulsar mayores competencias a los gobiernos subnacionales acompañándolos en el fortalecimiento institucional y ampliando mayor capacidad financiera en el sentido de extender la cobertura de servicios público con valor público, de acercarse más a la gente para entender sus necesidades creando espacios democráticos donde los presupuestos participativos, rendición de cuentas y la representación política sea, no solamente participativo, sino fluida y permanente: la mayor participación ciudadana en los procesos políticos y toma de decisiones, va disminuir la tolerancia de la capacidad discrecional en la toma de decisiones de instituciones públicas locales, quienes mantienen la concepción errónea que su elección popular, para gobernar un territorio, le da cancha libre en la toma de decisiones con un sólo patrón de actuación:

ser ellos mismos y solamente sean ellos los que deciden por toda la comunidad, sin un atisbo de participación ciudadana. Por otra parte, se identifica a los ciudadanos, ahora más que nunca, totalmente heterogéneo, cargadas de ideologías, robotizados y dependientes de mensajes (inciertos y múltiples) circulando en redes sociales facilitando la toma de decisiones. También, los ciudadanos se encuentran preocupados en la búsqueda de trabajo legal, ingresos formales y viviendas dignas, cuya promoción es responsabilidad de los gobiernos (nacional, regional y local) cuyo objetivo es la persona; sin embargo, este objetivo se distorsionó en el tiempo, y las decisiones políticas están construyendo un territorio camino a la calamidad.

Los ingresos presupuestales son cada vez más importantes para la toma de decisiones en el territorio, más si de por medio se hace referencia a la palabra clave:

reducir las brechas existentes. En ese afán de cambiar radicalmente el sentido de las condiciones de vida de los ciudadanos, agobiados por la falta de atención de los gobiernos para atenderlos focalizadamente, y de manera especializada, en un territorio como Loreto, cuya extensión territorial (medido desde la condición de costo social), diversidad cultural, y dispersión poblacional, debe ser una apuesta a una estrategia innovadora para optimizar recursos existentes y disponibles, a fin de alcanzar el tan ansiado beneficio colectivo.

En ese orden de ideas, se construyeron los Planes para identificar Brechas (Indígenas, y en construcción el de Frontera) para focalizar las necesidades más sentidas de las poblaciones con mayor vulnerabilidad, interactuando en terrenos frágiles por su alta densidad en la ocurrencia de problemas sociales graves y de muy larga data, poniendo en riesgo su condición de ser humano, delegándose la responsabilidad sumaria a los gobiernos locales en sus respectivos ámbitos de acción. Así, podemos identificar 5 fideicomisos (con garantía presupuestal) en Loreto por un valor actualizado de aproximadamente s/14 mil millones, promediando un valor de s/570 millones anuales adicionales a otras fuentes de financiamiento, como el ahora FONCOMUN fortalecido, el FONCOR y los recursos ordinarios. De los 5 fideicomiso, uno de ellos es privado, el del 2.5% por los contratos existentes en los lotes petroleros 95 y 8, administrados exclusivamente por una junta local quienes van a priorizar actividades y proyectos identificados por ellos mismos.

Hoy, los hechos y la experiencia, en cuanto al manejo de estos fondos, nos están demostrando resultados volubles y confusos, y los casos extremos, es del Gore Loreto y la municipalidad provincial de Requena. El primero, responsable directo de conducir el territorio hacia caminos prósperos, nos están conduciendo a un punto de no retorno. De 2019 al 2025, se ejecutaron fondos del fideicomiso regional en el marco de la Ley 30897, un total de s/2.27 mil millones cuyos resultados están siendo auditados por la opinión pública y por los resultados expuestos, de logros sin resultados concretos: la pobreza multidimensional sigue siendo persistente; las enfermedades crónicas y los rendimiento escolar en aula siguen siendo persistente afectando irreversiblemente el futuro del territorio; la inseguridad ciudadana y las economías ilícitas y delictivas avanzan con seguridad, y el territorio se encuentra expuesta a los intereses y condiciones de bandas extranjeras que tienen el control de una parte del territorio, y mueven, probablemente, la mitad de dinero legal. A fines de mes de marzo, el consejo regional de Loreto le dio carta pase (ACR N°023-2026-SECR-GRL, del 31 de marzo) para facilitar al gobernador regional tranzar una figura financiera de s/1,004 millones (ver: Comentarios de Prospectiva N°367-2026, del 31/03/2026) e impulsar 29 proyectos de obras con capacidad neutral para impulsar gobernanza transformadora, con la magnitud de convertirse en una deuda de s/1,574millones amortizando s/262 millones anuales hasta el 2031.

En el caso de la municipalidad provincial de Requena, el 9 de abril se publicó la Resolución viceministerial N°001-2026-EF/11.01 autorizándose el traspaso de los s/151.7 millones por la deuda contraída por la emisión de bonos soberanos para ser pagados en 10 años (ver: Prospectiva Amazónica N°575-2026, del 16/02/2026), con un pago anual promedio de aproximadamente s/20 millones, detrayéndose de su cuenta financiera más bondadosa: el canon petrolero (el 2025, el rendimiento del canon petrolero por producción fue de s/22.5 millones + s/1.7millones de canon por renta) de acuerdo a lo estipulado el numeral 24.2 del Sistema Nacional de Endeudamiento Público (D. Legislativo N°1437).

Ambas instituciones públicas propulsoras de desarrollo territorial y generadoras de cambiar positivamente el destino de las personas, están utilizando el termino de discreción subjetiva para valorar, desde su propia óptica, la realidad del territorio.

Todas las señales nos están conduciendo a pronosticar un futuro financiero cargado de deuda y convertir nuestro territorio en edificar brechas territoriales inalcanzables y estructurales, de nunca acabar.