Embajador Jorge Castañeda / Rompiendo el botín de los políticos

Romper el botín de la clase política no es un sueño: La integridad ciudadana puede hacerlo

En los artículos anteriores, titulados “Falencias de la gobernabilidad en el Perú: cambios necesarios”, (Efectividat el 3 de mayo de 2026) y ¨Ética o caos social: el rol de la ciudadanía¨ (Efectividat 17 de mayo de 2026) se destacó que la ética, tanto individual como institucional, constituye la columna vertebral de la función pública y es esencial para construir confianza entre los ciudadanos y el Estado.

En el Perú no existe confianza ni credibilidad en la clase política porque esta ha convertido la gobernanza en un botín de corto plazo, sin visión de país ni liderazgo ético. Prueba de ello: nueve presidentes de la República en diez años, y un Congreso que negocia cargos como quien reparte dádivas. Es por ello necesario y urgente revertir esta situación. El presente artículo tiene el propósito de propiciar el debate ciudadano en base a propuestas referenciales, para ser enriquecidas por los actores que tomen la iniciativa de liderar esta cruzada.

La propuesta base es que la ciudadanía se organice con el liderazgo de personas de conducta pública y privada irreprochable, con conocimiento y experiencia de la realidad nacional, con independencia política y reconocimiento público regional o nacional,  con visión país a largo plazo, dispuestas a organizar un colectivo ciudadano – a nivel nacional-   que emplee los mecanismos legales y constitucionales de participación ciudadana, como la iniciativa legislativa popular, demanda de rendición de cuentas  y convocatoria  a la protesta pacífica para exigir que la clase política implemente una agenda que integre desarrollo productivo, sostenibilidad fiscal y cohesión social y gestione el Estado con eficiencia y efectividad.

La transformación del status político, económico y social no va a cambiar con el silencio, la pasividad o con solo el voto de la ciudadanía cada cinco años. Ello depende únicamente de una ciudadanía activa y organizada que exija a la clase política reformas reales   y rendición de cuenta que el país demanda.

Uno de los principales objetivos del colectivo ciudadano debe ser promover la reactivación del Acuerdo Nacional pero ampliado con la participación del sector empresarial, pymes y académico para debatir y aprobar políticas de Estado en que efectivamente participan todos los actores del desarrollo nacional.

El Acuerdo Nacional requiere la participación del empresariado, pymes y la academia para facilitar la implementación de sus políticas, ya que, si es un foro concebido para consensuar las políticas de Estado, no pueden ser excluidos. Su participación permitirá que las políticas de Estado tengan un impacto real en su ejecucion al integrar las perspectivas técnicas, científicas y productivas que aportan estas instituciones. Los objetivos nacionales son imposibles de desarrollar sin la inversión privada, la investigación académica y una planificación y ejecución concertada entre todos los actores concernidos.

Como punto de debate para los actores que asuman esta propuesta la pregunta es ¿cómo garantizar que las pymes y la academia tengan voz equiparable a la gran empresa? Se sugiere que el colectivo ciudadano diseñe reglas de representación ponderada antes de reactivar el Acuerdo Nacional, por ejemplo, asignando un tercio de los cupos a las pymes, otro tercio a la academia y el resto a grandes empresas, evitando así que el poder económico acapare el diálogo.

 La reactivación del Acuerdo Nacional requiere tres medidas concretas. Primero, exigir la reinstalación del Foro del Acuerdo Nacional ampliado con el empresariado, Pymes y la Academia y con participación ciudadana vinculante, de modo que cada propuesta sea discutida en audiencias públicas. La ley 27658 ya lo permite; solo falta presión ciudadana. Segundo, crear una Mesa de Seguimiento Ciudadano dentro del propio Acuerdo Nacional, con tres representantes de la coalición y financiamiento separado, para auditar el cumplimiento de las políticas de Estado. Tercero, presentar una iniciativa legislativa para que el Acuerdo Nacional tenga un presupuesto anual propio.

Es necesario reconocer que organizar un colectivo ciudadano –a nivel nacional– con las características y fines señalados es ciertamente difícil, pero no imposible. La dificultad no invalida su viabilidad. Más bien exige diseñar reglas claras desde el inicio, como un consejo rotatorio donde ningún sector tenga veto permanente, y una convocatoria abierta para elegir a un número reducido de personalidades con credibilidad ética y técnica, con capacidad de convocatoria territorial, que lideren el colectivo.

Sin embargo, surge un reto que los lideres del colectivo deberán debatir: ¿cómo superar la desconfianza ciudadana hacia esta nueva organización, sobre todo si los líderes no tienen un historial público auditado? Para enfrentarlo, se propone que el colectivo publique desde el primer día un libro de actas abierto  de sus debates y un registro de reuniones accesible a consulta popular, además de someterse a una verificación independiente de antecedentes de sus integrantes por una entidad como la Contraloría o la Defensoría del Pueblo.

La organización y el funcionamiento del colectivo ciudadano requiere disponer de un financiamiento propio, por lo que es indispensable crear un fondo, de una parte, con donaciones voluntarias desgravables por parte de empresas y personas que obtengan una “Certificación de Integridad” otorgada por el propio colectivo, que podrían deducir hasta el 10 por ciento de su renta. Esto requiere que la SUNAT reconozca al colectivo como entidad receptora y el fondo complementado con donaciones procedentes de la cooperación internacional.

Dado que el propio colectivo sería el que otorgue la certificación de integridad, podría interpretarse como un conflicto de intereses, al ser captador y a la vez otorgante de la certificación. Por ello, corresponde que la salvaguarda sea cruzada: el colectivo propone al candidato, pero la verificación final la hace un organismo independiente, como la Contraloría, una universidad acreditadora o una ONG internacional con experiencia en cumplimiento. Este punto abre un debate necesario para quienes quieran liderar la iniciativa: el sector empresarial podría exigir contrapartidas regulatorias a cambio de donar, lo que pondría en riesgo la independencia del colectivo.

Por eso, se propone que el colectivo establezca un comité de ética externo (integrado por representantes de la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Prensa Peruana y dos universidades acreditadas) que revise cada certificación y publique los criterios de elegibilidad, de modo que ninguna empresa pueda condicionar su donación a beneficios particulares.

La administración del Fondo del Colectivo Ciudadano debería ser supervisada por una veeduría de cinco ciudadanos elegidos por sorteo entre profesionales miembros del colectivo, con rendición de cuentas pública y auditorías permanentes. Solo así se podrá contar con abogados, contadores, plataformas digitales de monitoreo y capacidad de movilización continua con autonomía, permitiendo presionar a la clase política a gobernar con transparencia y equidad.

Aquí surge otro punto de debate práctico: el sorteo, aunque democrático, no garantiza experiencia financiera ni plena independencia, ya que los sorteados podrían tener vínculos internos.

Para resolverlo, se propone un modelo mixto: dos miembros elegidos por sorteo y tres miembros seleccionados por mérito técnico a través de los colegios profesionales de contadores y abogados, con revisión de conflictos de interés previa. Además, el costo operativo anual de un colectivo con profesionales y plataformas digitales puede superar el medio millón de soles, por lo que se plantea complementar las donaciones con un fondo semilla de cooperación internacional y un pequeño aporte voluntario de los miembros (por ejemplo, el 0,1% de sus ingresos declarados), a fin de evitar la volatilidad financiera.

Cuando la clase política perciba que el colectivo ciudadano tiene recursos propios, abogados y el apoyo de una población vigilante, no podrá oponerse a atender las demandas de la ciudadanía. Esta afirmación es optimista y debe ser debatida por los actores responsables. La experiencia peruana reciente muestra que la clase política puede cooptar, deslegitimar o bloquear legalmente a cualquier colectivo, incluso con recursos.

Por ello, se propone que el colectivo diseñe desde el inicio un “plan de resiliencia” que incluya: asesoría legal pro-bono de estudios jurídicos independientes, alianzas con medios alternativos y redes de vigilancia ciudadana, y una estrategia de presión escalonada (primero iniciativas legislativas formales, luego protestas pacíficas documentadas, finalmente denuncias penales por corrupción o incumplimiento de funciones). Solo así se podrá reducir el riesgo de que el poder político neutralice el esfuerzo ciudadano.

Llegamos, entonces, a la conclusión. Para lograr el cambio que el Perú demanda no se necesita una cruzada nacional ni una gran marcha. Se necesita la organización de un núcleo duro de ciudadanos que reúnan las características antes indicadas, y que asuman estos debates como hoja de ruta para fortalecer la propuesta antes de ponerla en marcha.