El gobierno ha decretado el estado de emergencia en tres distritos del país y dejado entrever la posibilidad de sacar a las fuerzas armadas a patrullar las calles en estas localidades. No hay más. Aquí no hay “control territorial” a lo Bukele, ni despliegue abrumador de recursos logísticos y tecnológicos ni miles de policías en las calles.
Se ignora que cualquier esquema serio de solución requiere un enfoque decidido y comprehensivo. Pero sobretodo, requiere de un claro entendimiento de “la naturaleza del problema”.
Específicamente, reconocer que no basta con combatir la delincuencia en tal o cual distrito. La delincuencia—como los virus—se desplaza y hoy por hoy, constituye una pandemia de alcance nacional.
El principal problema es, sin duda, la escasez de policías: un promedio—a nivel nacional—de apenas 4.3 policías por cada mil habitantes (poco más de 142 mil en total). Necesitamos urgentemente un mínimo de 40 mil policías más, pero no del tipo propuesto por el Sr Otárola—jóvenes con seis meses de entrenamiento, sin mística, sin doctrina y sin la madurez necesaria para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia avezada.
Necesitamos policías debidamente formados, motivados y bien pagados.
El otro gran problema: la pobreza de la infraestructura policial. Solo el 65 por ciento de las comisarías cuentan con agua potable, desagüe y electricidad. Igual porcentaje de comisarias cuenta con conexión propia y adecuada a internet. Es decir, más de un tercio de las comisarías funcionan sin las condiciones mínimas.
Aunque según las estadísticas, la inmensa mayoría de comisarias cuentan con al menos un vehículo policial motorizado, una observación casual de las mismas revela que en un gran número dichas comisarias son cementerios de autos y motocicletas “inoperativos”.
Todo lo reseñado se reduce a una conclusión: se trata principalmente de una falta de presupuesto. Si el gobierno realmente quiere enfrentar la delincuencia con decisión, su propuesta de presupuesto para el 2024 no parece reflejarlo.
Pero no es solo un tema presupuestal. Hace falta hacer cambios profundos al Código Procesal Penal y retornar la investigación a la Policía Nacional. Existen suficientes evidencias de la inoperancia del ministerio público como directores de la Investigaciones del delito. Y, por supuesto, hace falta construir más cárceles en todo el Perú.
A mediano y largo plazo será necesario atacar las razones estructurales del problema: las disparidades económicas, el desempleo, la informalidad, la corrupción dentro de las propias instituciones gubernamentales y de las fuerzas del orden; el tráfico y consumo de drogas; la inmigración descontrolada, etc., etc., etc.
Pero, hacer todo esto requiere un verdadero plan, con objetivos claros, con indicadores medibles y fiscalizables y un presupuesto que facilite que los planes se hagan realidad. Nada de esto está contenido en el remedo de plan llamado Plan Boluarte.