De repente, se observa una extraña quietud del aire, mientras navegamos despreocupados en el mar de la política. Después de un periodo particularmente turbulento—en el cual, en medio de lo que parecía una serie interminable de revelaciones, algunos llegamos a pensar que el fin del gobierno del presidente Castillo estaba a la vuelta de la esquina—hoy nos encontramos en medio de una extraña “calma chicha”.
A pesar de las denuncias casi diarias de los medios de comunicación y de algunos políticos de oposición—entre los que me encuentro—el gobierno parece haber logrado su objetivo de “normalizar “ ciertos hechos y comportamientos que en cualquier otro lugar llamaría a escándalo: un presidente investigado preliminarmente con seis carpetas fiscales, parientes presos o fugados, ministros y asesores fugados, acciones de obstrucción de la justicia, nombramientos antojadizos en altos cargos públicos sin ninguna consideración de idoneidad o meritocracia, nuevas revelaciones y nuevos detalles que revelan que la corrupción está profundamente arraigada en la presente administración y—como si fuera poco—una paupérrima gestión de la cosa pública.
Por su parte, en el Congreso de la República—después del sobresalto de inicio de este segundo año del actual periodo congresal, causado por las revelaciones de una violación y unos audios que terminaron con un sorpresivo cambio en la presidencia del Congreso, de la Sra. Lady Camones al General José Williams—los congresistas han retornado a las preocupaciones de sus comisiones, el presupuesto para el próximo año, y los viajes a provincias por la semana de representación. Es decir, por lo menos en apariencia, “aquí no pasa nada”.
Pero detrás de esta “calma chicha” se escuchan ruidos que anticipan un cuarto trimestre potencialmente aún más conflictivo. Para comenzar, las investigaciones de corrupción del ministerio público están más que bien encaminadas, y ni los intentos desmedidos por despedir al Coronel Colchado podrán detenerlas. Las seis carpetas fiscales abiertas al presidente se complementan con el resto de investigaciones a ministros y demás funcionarios. Los colaboradores eficaces, por su parte, han dejado en claro su nivel de eficacia: números que suman, historias que se condicen, círculos que se cierran. ¿El resultado? Un gobierno y un presidente que pierden legitimidad día a día a medida que se fortalece la tesis fiscal acerca de la existencia de una verdadera red criminal al interior del gobierno.
Por otro lado, el Congreso de la República—semi dormido ahora que los 130 congresistas nos vamos acomodando al estilo del General Williams—en los próximos meses irá despertando a medida que la alta conflictividad social del país se traduzca en pedidos concretos de acción legislativa, en parte como respuesta a una estrategia revelada del ejecutivo: hacer al Congreso co participe (y, por ende, co responsable) de las decisiones difíciles, y en parte como consecuencia de las decisiones que tendremos que tomar los congresistas en respuesta a las revelaciones del ministerio público, como bien podría ser el votar una tercera moción de vacancia.
También habrá que dar alguna respuesta a la propuesta del Ejecutivo entregada al nuevo presidente del Congreso y llamada “Consenso por el Peru”—consenso que no podría jamás ser tal por cuánto consiste básicamente en aceptar el desmantelamiento de los pilares de la economía social de mercado, consagrados en la Constitución, tales como como el principio de subsidiaridad del Estado.
Por último, es altamente probable que durante estos próximos meses tanto el Ejecutivo como el Congreso tengamos que enfrentar el factor Antauro, que por un lado amenaza al Congreso y por el otro despotrica del presidente Castillo. Como en las mejores series de acción y suspenso, la calma chicha es apenas el preámbulo de tiempos por demás “interesantes”.