Existe una paradoja existencial relacionada con la etimología de la palabra fiscalización. Mientras que en el sector público la fiscalización se refiere al cumplimiento de la actividad estatal según los principios de legalidad, eficiencia y economía, el origen de la palabra fiscalización nos dice más bien que significa “convertir el dinero privado en capital del fisco".
Curiosa Ironía por cuanto lo que se busca hoy -a través de las labores de fiscalización del Congreso- es evitar que el dinero del Estado sea capturado indebidamente por los privados. ¿Y cómo así puede el dinero del Estado ser capturado indebidamente por los privados? Pues, a través de licitaciones “dirigidas”, contratando con empresas de fachada. Comisionando trabajos de asesoría o consultorías truchas, nombrando en cargos de decisión -ministros de Estado, por ejemplo- a personas sin la preparación o experiencias necesarias, sobrevalorando compras, creando escasez artificial para después ordenar “compras directas” a cambio de favores o coimas, otorgando ascensos a cambio de dinero contante y sonante, etc.
Pero las labores de fiscalización no se limitan a espacios meramente crematísticos. Abarcan también los aspectos éticos y morales que son consustanciales a la labor pública.
Desafortunadamente en ambos frentes -el crematístico y el de moralidad pública- las labores de fiscalización del Congreso de la República han sido un gran fracaso. Los congresistas-en general- aunque con honrosas excepciones, han realizado (y realizan) acciones de fiscalización “por conveniencia”.
Talvez el mejor ejemplo -por lo obvio y burdo- sea la pretensión fiscalizadora de la bancada de Perú Libre y sus satélites en contra de la Fiscal de la Nación, motivada por un sentimiento de indignación por un supuesto uso indebido del poder para “proteger” corruptos, incluyendo a su propia hermana. sino por el simple afán de proteger a la familia presidencial y sus ministros y funcionarios de la efectiva acción fiscal. Pero la verdad sea dicha lo mismo puede decirse de la “oposición” en el Congreso. En muchos casos, esta se ha limitado a citar ministros y funcionarios a interpelarlos, pero salvo contadas ocasiones a censurarlos.
El caso del primer ministro Aníbal Torres, es particularmente ominoso: cualquier Congreso que se respete, lo habría censurado, casi, casi, desde el día uno. Pero no ha sido así, porque priman los intereses privados o partidarios, y no los del país.
Mejorar la fiscalización requiere conocimiento y experiencia, pero, sobre todo, claridad de propósito: el Perú primero. Conocimiento, experiencia y claridad de propósito en las comisiones congresales -ordinarias y extraordinarias-. Y, así lo sugiero. mediante un equipo de expertos de la oposición que le haga seguimiento a la “política general de Gobierno” y actúe en la práctica como un gabinete paralelo, por no decir “en la sombra”, ya que ese epíteto está tomado y posiblemente hasta registrado en Indecopi por los amigos y consejeros del presidente.