El ejecutivo ha enviado al Congreso de la República su proyecto de reforma del sistema previsional. Se trata de un proyecto improvisado, efectista y diseñado para que todos puedan decir –como la Sra. Boluarte en Nueva York– que el 99.9% de los peruanos tenemos pensiones mínimas “aseguradas”, aunque –como en el caso de la salud– la realidad esté a una distancia sideral del dicho presidencial. Total, como en el caso de la infraestructura fallida o de la inseguridad ciudadana, pareciera que para este gobierno basta con lanzar un nuevo plan (¿alguien dijo Plan Boluarte?) o crear una nueva institución (como la Autoridad Nacional de Infraestructura) para que la realidad cambie.
La propuesta del ejecutivo tiene diversas aristas. Yo me voy a centrar en un solo aspecto: la “garantía” de que se trata de un sistema “fiscalmente sostenible”. La propuesta del Ejecutivo parte por dictaminar la universalización de las pensiones –haciendo obligatorio que toda persona a partir de los 18 años opte ya sea por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o el Sistema Privado de Pensiones (SPP). El objetivo es pasar de la actual cobertura–alrededor de 14 millones (5 millones en SNP y 9 millones en el SPP) a “que todos tengan por lo menos una pensión mínima garantizada”. Loable objetivo imposible de cumplir por un país con casi 80 por ciento de informalidad laboral, altísima volatilidad del PBI, adversa demografía (por el relativo envejecimiento poblacional) bajísimo nivel de recaudación tributaria y mínima cultura financiera.
Más aún si el sistema pensionario privilegiado es un sistema de reparto (SNP). ¿O creen ustedes que las empresas de AFP van a recibir al casi 1?5 millones de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan (“Ninis”)? ¿Y qué va a pasar con los 300 mil jóvenes que año a año se incorporan a la fuerza laboral con una tasa de desempleo de casi un 25%? ¿Adónde van a ir? A la ONP, sin dudas. El ministro de Economía dice que la propuesta es fiscalmente sostenible. Que lo sea significaría que antes de lanzar la propuesta se ha hecho un estudio actuarial, esto es, un tipo de estudio que además de proyectar flujos asigna probabilidades de ocurrencia y en el cual la calidad de los supuestos resulta crucial. En el caso de pensiones, proyecciones del número de afiliados, proyecciones del número esperado de cotizantes (como dato: hoy existen 14 millones de afiliados, pero solo aportan a los distintos sistemas un total de 5 millones), evolución de la esperanza de vida, etc., etc.
El problema es que los pocos números mostrados por el ministro Contreras son insuficientes. Por ello debe dar a conocer –de inmediato– el estudio actuarial para saber a ciencia cierta que efectivamente la propuesta es fiscalmente sostenible y no fiscalmente irresponsable. Apuesto doble contra sencillo que dicho estudio actuarial, hecho por algunas de las firmas más reconocidas en la materia, simplemente no existe.
O demuestre que me equivoco, ministro Contreras.