Carlos Ginocchio / La banca de desarrollo

La Banca de Desarrollo (BDD) – antes de fomento, denominación reprobada en el Perú, por su identificación con el populismo, y despilfarro de los recursos – se inició en América Latina a mediados del siglo pasado, y hoy está presente en prácticamente todos los países del planeta, tiene como objetivo promover el progreso de diferentes sectores económicos (Agricultura, Ambiente y Vivienda, los más relevantes), a través de asistencia técnica, investigación, y financiamiento especialmente de los pequeños productores, priorizando su asociación, y en algunos casos, medianos emprendedores que se desenvuelven en espacios productivos cuyo crecimiento genera prosperidad al país, región o zona geográfica, y por tanto, al bienestar de las familias de menores recursos.

La BDD incursiona donde la banca comercial no ingresa, sea por riesgo, costos, infraestructura, o desconocimiento del ‘nicho’ a abordar. Su objetivo no es competir con la banca comercial y/o las instituciones de microfinanzas. La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) es la organización internacional que, desde 1968, representa a la BDD de América Latina y el Caribe, congregando más de 60 instituciones financieras de América, como treinta adherentes de España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Rusia, y la India. En Perú, están afiliados el Banco de la Nación, Cofide y el Banco Agropecuario-Agrobanco.

Agrobanco (AB), opera en el sector agrario, y una de sus principales características es su atomización: 2’091,253 (94.5% del total de productores en el país), operan menos de 20 hectáreas. Lo primero, entonces, es la definición del ‘público’ a atender por el AB. ¿Son estos 2 millones? En realidad, son 1.2 millones, los que tienen entre 2 y 20 hectáreas. Los 900,000 con 1 o menos hectáreas son función del Estado, aunque aproximadamente la mitad de estos últimos desarrollan agricultura de auto consumo, pero tienen ingresos por otro negocio, dependiente o independiente, por lo que en muchos casos acceden a financiamiento por este emprendimiento externo al agro, aun teniendo 1 hectárea, o menos, y son sujetos de crédito y cumplen gracias a los ingresos de este.

La actual ley del Agrobanco limita sus colocaciones hasta 10 hectáreas y 15 UIT (S/ 82,500). No es técnico establecer condiciones al agro en base a UIT, que no tienen relación con la demanda de capital de trabajo o inversión, la cual varía según el cultivo, tamaño, zona geográfica, y tecnología utilizada. El capital de trabajo para la siembre de 1 hectárea de café, según la tecnología a utilizar, varía entre S/ 10,000 y S/ 20,000, por lo que esa condición impuesta al AB le permitiría financiar entre 4 y 8 ha, nunca las 10 ha de la ley, y menos aún a quienes tienen entre 10 y 20 ha. En el caso de banano orgánico se requiere entre S/ 10,000 y S/ 15,000 por hectárea, y así con otros cultivos, por lo que ese tipo de limitaciones no es coherente con un BDD para el sector.

El crédito promedio de AB, como BDD, oscila entre S/ 12,000 y S/ 15,000, por lo que estaría prestándole a los productores solo para menos de sus 5 hectáreas, surgiendo las siguientes preguntas: ¿cómo financian las hectáreas restantes, las hacen con otras instituciones y utilizan al AB solo para obtener una menor tasa de interés en al menos 2 o 3 de sus hectáreas, o simplemente las dejan de financiar?

El capital de trabajo le sirve al productor para atender sus necesidades familiares, y en la medida que no lo afecte un evento climático o se le presente un imprevisto, pero es muy difícil que le permita capitalizarse, y es justamente ello lo que le proporciona crecimiento. El ticket promedio de los créditos en el sistema financiero al pequeño agricultor – incluyendo AB -  oscila entre S/ 8,000 y S/ 12,000, por lo que no están orientados a su capitalización, pese a que esta es la principal particularidad de una BDD.

Otra condición de la BD es la mejor oferta de las condiciones crediticias (tasa de interés, exigencia de garantías, plazos) debido a los aportes del Estado u organizaciones multilaterales, como una menor imposición de rentabilidad (ROE), lo cual no significa que no deba ser exigente en sus políticas de riesgos, buscando siempre ser sostenible y proteger los aportes estatales. Justamente, esta mejor tasa debe ofrecerse a proyectos que técnicamente evaluados generen utilidades importantes en el futuro y aporten al crecimiento de los productores involucrados y sus comunidades. Hoy, el AB no tiene un producto destinado a financiar inversión a productores, aún con equipos menores como motocultores, mochilas de fumigación, desmalezadoras o minitractores, por citar algunos.

Otra característica de la BD es priorizar el crédito a productores asociados (más que uno a uno), promoviendo la asociatividad y asesorando para que esta se realice. En este camino debe trabajar junto a los gobiernos regionales, y también con la empresa privada en su relacionamiento con las asociaciones de productores. La alianza entre el Estado, el sector privado y la Academia, es fundamental, siempre recordando que el crédito no es un regalo, y que el cumplimiento de las condiciones aceptadas es un elemento importante para el desarrollo de la auto estima del productor favorecido con el mismo.

Algunas instituciones de la BD se vanaglorian que cuentan con clientes de más de ‘ocho, nueve o diez’ vueltas, lealtad que no cabe en la BDD, pues dado que los créditos a los pequeños productores son en condiciones muy favorables, estos deben contar con la asistencia técnica suficiente para que en un número determinado de campañas hayan crecido lo suficiente para acceder a la banca comercial. Cuando un cliente de la BD accede a la banca comercial, ello significa que está cumpliendo su función.

Dado nuestro universo de productores, es necesaria una BD para el sector agropecuario (agricultura, ganadería, acuicultura, forestal), pero que se desenvuelva según las condiciones mencionadas, y que trascienda más allá de la producción agraria, buscando desarrollar otros nichos comerciales entre los productores, como el turismo agrario, y la industria forestal. Es inaudito exportemos más de US$ 1,500 millones en maderables, y buena parte desde el vecino país de Chile. Contamos con más de 9 millones de hectáreas deforestadas donde se puede desarrollar esta. Necesitamos experiencia y líneas de crédito a largo plazo. Tal vez las AFP (si dejamos de promover retiros) con créditos a inversores, avaladas estas por el Estado, y a su vez este, con avales y garantías de los inversionistas, a quienes por este soporte se les puede exigir se asocien con las comunidades propietarias de las tierras. De esta forma se generará trabajo y beneficio a los comuneros en zonas que hoy son reacias a la inversión privada, atacada por aquellos que conocemos lucran con la pobreza. Agrego que la agroforestería, donde el cultivo (café, cacao, plátano) puede atender al crédito del maderable, es otra oportunidad.

Justamente, la BDD debe desenvolverse con estas características, convertirse en un aliado del Estado y de los gobiernos regionales, con mayor presencia en las regiones, para el desarrollo de políticas, financiamiento y promoción de proyectos, priorizando el crédito de inversión, a las asociaciones, a proyectos de largo plazo con impacto social pero sostenibles, y para el individual como segundo piso, considerando que las microfinancieras colocan casi 10 veces más que el Agrobanco, y cumpliendo un rol de integración financiera (que trasciende la inclusión) con productos como los seguros, más allá del financiamiento. De esta forma, y con otras herramientas que trataré en el próximo artículo, se generará un mayor acercamiento de la banca al campo y la mejora del clima social.