Masificar los servicios digitales
Si bien hace 2 años la PCM creó el Comité de Alto Nivel para la Agenda Digital al Bicentenario para facilitar tal articulación, todos sabemos que la velocidad en las decisiones de gobierno, de por sí lentas, suelen serlo más ante la inexistencia de un ente rector que lidere los espacios de encuentro multisectoriales. El Grupo Técnico para el desarrollo de la Educación Digital (MINEDU) funciona mejor precisamente porque cuenta con la rectoría del sector Educación, pero no está concebido para crear sinergias con grupos técnicos digitales en otros sectores.
Es decir, la naturaleza transversal de los servicios digitales exige una articulación de 360°, que comprenda a entidades del gobierno central, gobiernos regionales y locales, y además al sector privado, sociedad civil y academia.
Hacia atrás, por ejemplo, aunque muchos consideran la aplicación de un precio “alto” como la principal razón para el fracaso de la Red Dorsal, según la Corporación Andina de Fomento (CAF) este resultado obedece a la falta de diligencia del Estado Peruano para escuchar a los actores relacionados con este proyecto (operadores privados, empresas eléctricas, sectores sociales y productivos beneficiarios, gobiernos regionales o locales, entre otros), lo cual habría permitido un mejor uso de los USD 2 mil millones que costó en total este proyecto.
Hacia adelante, si en algún momento decidiéramos en el país emprender el desarrollo de ciudades inteligentes, la sostenibilidad de este proyecto dependerá del liderazgo compartido entre el MIDIG y el Ministerio de Vivienda, y la articulación de ambos con gobiernos locales, proveedores tecnológicos, entidades públicas o privadas beneficiarias y otros actores relacionados al ecosistema urbano.
Además de contar con el empoderamiento necesario para la articulación de la política pública digital, corresponderá también al MIDIG el diseño e implementación de la política pública de apropiación digital (hoy inexistente), que consiste en guiar la formación de habilidades y competencias digitales en diferentes segmentos de la población (ámbito rural, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros), mediante una fluida colaboración con gobiernos regionales o locales y con organizaciones civiles relacionados a este ámbito.
Por último, a quienes pudieran expresar preocupación ante una potencial inflación ministerial, vale la pena recordar que, con toda probabilidad, la creación de MIDIG viene junto con la fusión de otros ministerios (Producción y Comercio Exterior, Transportes y Vivienda, Inclusión Social y Poblaciones Vulnerables, entre otros) y además requeriría un bajo presupuesto adicional, debido a que sus componentes provendrían principalmente de otros ministerios.
Finalmente, lo más importante. Salvo Chile y Perú, en ningún país de Sudamérica los sectores Transportes y Comunicaciones integran un mismo ministerio, situación que en el caso nuestro obedece a que allá por la década de 1970 (hace 50 años) ambos sectores consistían en el despliegue masivo de infraestructura.
El mundo ha cambiado, y nuestro país está despertando ante la 4° Revolución Industrial. El Estado debe ser una palanca y no un freno para poner a los servicios digitales al servicio de los ciudadanos, y para eso que los sectores Transportes y Comunicaciones no formen más parte de un mismo ministerio es el paso inicial.