Embajador Jorge Castañeda / El escudo de las américas

El escudo de las américas: oportunidades e implicancias para el Perú

Con fecha 5 de marzo de 2026, los ministros de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, el Perú y Trinidad y Tobago suscribieron la Declaración Conjunta de Seguridad, en la que se expresa la intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental.

Asimismo, acordaron cooperar en las siguientes esferas: los esfuerzos a nivel de todo el Gobierno en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, la protección de infraestructuras críticas y otras esferas que se determinen mutuamente. Finalmente, los países firmantes manifestaron su compromiso de promover la "Paz a través de la Fortaleza" para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos, y unirse a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental¨.

Debe precisarse que dicha declaración no especifica sus alcances ni cómo se instrumentalizará dicha cooperación en términos de mecanismos de implementación, plazos, financiamiento o alcances operativos. Esta ausencia de detalles concretos impide realizar un análisis pormenorizado o cuantificable, por lo cual el presente examen solo puede desarrollarse en un plano general y prospectivo, basado en inferencias lógicas y escenarios posibles a partir de la naturaleza del documento y del contexto geopolítico en el que se suscribe. En tal sentido, las siguientes reflexiones deben ser entendidas como una aproximación preliminar y no como un diagnóstico cerrado o definitivo sobre las consecuencias de esta adhesión.

Oportunidades e implicancias positivas

En el plano positivo, y con un claro basamento prospectivo, el acuerdo refuerza la posición del Perú en relación con sus vecinos al consolidarlo como un socio preferente de Washington en la región luego de su designación como   Aliado Principal No Miembro de la OTAN. Este alineamiento estratégico no solo genera una asimetría favorable frente a países con posturas más ambiguas o distantes respecto a Estados Unidos, sino que podría traducirse en un respaldo estadounidense más concreto en foros internacionales y, particularmente, frente a los desafíos de seguridad interna que enfrenta el país, como la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAEM o la creciente incursión de redes criminales transnacionales en la frontera norte.

La participación en esta coalición posiciona al Perú como un interlocutor confiable y capaz de proyectar estabilidad en la región, lo que a mediano plazo podría facilitar el acceso prioritario a inteligencia, entrenamiento especializado y transferencia de tecnología de defensa, elementos clave para disuadir amenazas asimétricas y fortalecer la capacidad operativa de sus fuerzas sin depender exclusivamente de recursos nacionales.

En el ámbito económico, la pertenencia al Escudo de las Américas abre oportunidades concretas de financiamiento y desarrollo que trascienden la mera adquisición de material bélico. La posibilidad de acceder a líneas de crédito blandas por parte del gobierno estadounidense no solo facilitaría la modernización de las Fuerzas Armadas y policiales peruanas con tecnología de punta, sino que también podría canalizarse hacia la protección de infraestructuras críticas mediante fondos específicos como el de Infraestructura Crítica. Este tipo de inversión tiene un efecto multiplicador en la economía nacional, al generar empleos especializados, transferencia tecnológica y estándares de seguridad que elevan la competitividad de puertos y aeropuertos estratégicos.

Además, en un contexto global de reconfiguración de cadenas de suministro, el acuerdo incentiva la reubicación de empresas estadounidenses desde Asia hacia los países del Escudo, posicionando al Perú como un destino atractivo para la inversión extranjera directa en sectores logísticos y manufactureros, lo que a mediano plazo podría diversificar su matriz productiva e incrementar sus exportaciones a un mayor número de países

Desde la perspectiva jurídica, la declaración conjunta introduce un cambio de paradigma al equiparar a los carteles de la droga con organizaciones terroristas, lo que permite construir un marco legal más robusto para combatir las finanzas ilegales. Esta designación no solo facilita la persecución transnacional de activos y el congelamiento inmediato de bienes vinculados al narcotráfico, sino que también abre la puerta a una cooperación más fluida con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro en inteligencia financiera y operaciones conjuntas. No obstante, para que esta armonización tenga efectos prácticos, sería necesario precisar los mecanismos de coordinación judicial y los procedimientos de intercambio de información que se implementarán, aspectos que la declaración no detalla pero que resultan cruciales para evitar conflictos de jurisdicción o vulneraciones al debido proceso.

Existen además otras oportunidades de relevancia que pueden identificarse a partir de un análisis prospectivo de la declaración y sus posibles desarrollos. Más allá de los beneficios económicos y jurídicos ya señalados, la participación en el Escudo de las Américas podría fortalecer la posición peruana en el combate a amenazas transnacionales que desbordan sus capacidades individuales.

El crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y organizaciones como el Tren de Aragua constituyen problemas que operan a escala continental y que ningún país puede enfrentar eficazmente por sí solo. En este sentido, la coalición ofrece un marco para coordinar inteligencia, control fronterizo y persecución financiera con países que comparten diagnósticos similares sobre estas amenazas, lo que resulta particularmente relevante para el Perú dado su ubicación geográfica en el centro del mapa criminal regional y su condición de país de tránsito y producción de drogas.

Desde una perspectiva de seguridad ampliada, el acuerdo podría brindar al Perú un respaldo significativo frente a riesgos geopolíticos emergentes que trascienden la lucha contra el narcotráfico. Ofreciéndole un paraguas de protección frente a amenazas terroristas de alcance global que podrían afectar sus intereses o su territorio. Esta cooperación antiterrorista, posiciona al Perú como un actor relevante en la nueva arquitectura de seguridad hemisférica que Estados Unidos busca consolidar.

Implicancias negativas y riesgos

El uso de fuerza militar en operaciones conjuntas, ya sean bilaterales o multilaterales, abre una puerta peligrosa a la erosión de la soberanía nacional. Aunque la declaración no lo explicita, el concepto de "persecución en caliente" o la invocación de una amenaza inminente podrían ser utilizados por Estados Unidos u otros países parte para justificar incursiones unilaterales en territorio peruano sin coordinación previa con las autoridades nacionales. En este punto, resulta fundamental precisar que el derecho internacional no reconoce un derecho general de "persecución en caliente" en territorio terrestre soberano, a diferencia del marco normativo del derecho del mar, por lo que cualquier acción de este tipo requeriría acuerdos bilaterales específicos o autorizaciones expresas del Estado peruano. Esta eventualidad no solo vulneraría el principio de control estatal sobre el uso de la fuerza dentro de sus fronteras, sino que también instalaría un precedente de intervención que limitaría gravemente la capacidad de decisión autónoma del Perú en materia de seguridad y defensa.

En un escenario prospectivo, la pérdida de control sobre zonas estratégicas, especialmente en la Amazonía o la frontera norte, podría derivar en una cesión fáctica de soberanía, donde las decisiones operativas respondan más a los intereses de Washington que a las prioridades nacionales, generando tensiones diplomáticas y un creciente malestar interno. Para mitigar este riesgo, sería indispensable negociar cláusulas que establezcan el mando operativo peruano sobre cualquier acción en su territorio y mecanismos de coordinación previa obligatoria.

El enfoque eminentemente militar que promueve la coalición conlleva el riesgo de desplazar estrategias integrales que han demostrado mayor efectividad en el largo plazo, como el fortalecimiento policial, la inteligencia financiera y los programas de desarrollo alternativo. La experiencia comparada muestra que la militarización de la seguridad tiende a exacerbar la violencia en lugar de reducirla, ya que los operativos de alta intensidad fragmentan a las organizaciones criminales y las desplazan hacia zonas de menor control estatal, generando el denominado "efecto globo".

Para el Perú, esto implicaría un traslado de las operaciones de narcotráfico y minería ilegal hacia áreas como la frontera con Bolivia y Brasil, donde la presencia institucional es más débil y la coordinación binacional aún incipiente, expandiendo así el conflicto en lugar de contenerlo y creando nuevos focos de inestabilidad en regiones previamente menos afectadas. Esta dinámica, sin embargo, no es inevitable y podría contrarrestarse mediante el fortalecimiento paralelo de las capacidades policiales y de inteligencia en esas zonas, así como con programas de desarrollo que aborden las causas estructurales de la ilegalidad.

La militarización de la seguridad ciudadana arrastra consigo un alto riesgo de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente en contextos de operativos contra el crimen organizado donde la doctrina militar y la policial responden a lógicas distintas. La historia reciente en América Latina demuestra que cuando las fuerzas armadas asumen funciones de seguridad interna, aumentan los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados de poblaciones vulnerables, muchas veces estigmatizadas por su ubicación geográfica o condición socioeconómica.

Para el Perú, este escenario no solo expondría al Estado a demandas y condenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el consiguiente costo político y reputacional, sino que también alimentaría el descontento social y la deslegitimación de las instituciones, generando un caldo de cultivo para la inestabilidad política interna que podría revertir los avances en gobernabilidad democrática alcanzados en las últimas décadas. En este sentido, resultaría conveniente establecer mecanismos de supervisión civil y participación de organismos internacionales en las operaciones conjuntas, así como protocolos claros sobre el uso de la fuerza y la protección de la población civil.

Desde una perspectiva económica, la adhesión a la coalición y el consiguiente acceso a créditos blandos para adquisición de equipo militar implican un incremento del gasto en defensa que, en un contexto de recursos fiscales limitados, necesariamente competirá con partidas destinadas a políticas sociales, educación, salud e infraestructura productiva. Un análisis más detallado del impacto presupuestal requeriría conocer las condiciones específicas de esos créditos, los plazos de amortización, las tasas de interés y las posibles condicionalidades asociadas, información que no está disponible en la declaración conjunta.

Este desplazamiento del gasto público no solo tiene un costo de oportunidad en términos de desarrollo humano, sino que además genera una dependencia financiera y tecnológica respecto a Estados Unidos, condicionando las decisiones nacionales a los ciclos políticos y prioridades estratégicas de Washington. A largo plazo, esta dependencia reduce la capacidad del Perú para diversificar sus fuentes de financiamiento y cooperación en materia de defensa, atando su estabilidad macroeconómica y su margen de maniobra geopolítico a los vaivenes de la política exterior estadounidense, lo que resulta particularmente riesgoso en un contexto de creciente competencia entre potencias y reconfiguración del orden global.

Conclusión: una estrategia equilibrada para neutralizar riesgos

En conclusión, la participación del Perú en el Escudo de las Américas representa una oportunidad estratégica para fortalecer su capacidad de lucha contra el crimen transnacional y posicionarse como socio preferente de Estados Unidos en la región, pero también comporta riesgos significativos en materia de soberanía, derechos humanos y dependencia económica que no pueden ser subestimados. El desafío para el país consiste en navegar este escenario complejo con una visión de largo plazo que maximice los beneficios de la cooperación sin comprometer sus intereses fundamentales ni su autonomía decisoria.

Ante este contexto, la posición más realista y equilibrada para el Perú consiste en adoptar una estrategia de adhesión condicionada y gradual, que priorice la negociación de acuerdos bilaterales específicos donde se establezcan cláusulas claras de respeto a la jurisdicción nacional. Resulta indispensable asegurar, mediante instrumentos jurídicamente vinculantes, mecanismos de coordinación que garanticen el mando operativo peruano sobre cualquier acción desarrollada en su territorio, así como salvaguardas explícitas para la protección de derechos humanos que contemplen la participación de instancias de supervisión civil y organismos internacionales independientes.

Asimismo, el Perú debe impulsar, en paralelo a la cooperación militar, el fortalecimiento de sus instituciones policiales, de inteligencia financiera y de desarrollo alternativo, de modo que el enfoque de seguridad no se militarice ni desplace estrategias integrales que han demostrado mayor efectividad en el largo plazo. Esta aproximación multidimensional permitirá combatir las causas estructurales del narcotráfico y la criminalidad, evitando que la respuesta se limite a operativos de fuerza que, sin el sustento institucional adecuado, tienden a exacerbar la violencia y generar efectos adversos como el desplazamiento de las organizaciones ilegales hacia zonas de menor control.

Finalmente, la diversificación de fuentes de cooperación y financiamiento, manteniendo un equilibrio pragmático en sus relaciones con Estados Unidos y China, permitirá al país mitigar los riesgos de dependencia y preservar un margen de maniobra autónomo en un contexto hemisférico cada vez más complejo y competitivo.

Solo mediante una gestión cuidadosa de estas variables, el Perú podrá transformar los potenciales beneficios del Escudo de las Américas en ganancias efectivas para su seguridad y desarrollo, sin hipotecar su soberanía ni su capacidad de decidir soberanamente su propio futuro. En cualquier caso, debe insistirse en que la ausencia de detalles específicos en la declaración conjunta impide un análisis concluyente, por lo que las recomendaciones aquí planteadas deben entenderse como líneas de acción preliminares que requerirán ajustes una vez que se conozcan los términos concretos de implementación de la coalición.