Embajador Jorge Castañeda / Falencias de gobernabilidad en Perú

Falencias de la gobernabilidad en el Perú: Cambios necesarios

Las debilidades de la gobernanza en el Perú se explican, principalmente, por cuatro factores clave: la falta de una visión país a largo plazo, una desarticulada estructura organizacional del Poder Ejecutivo, bajo nivel ético y de gestión pública de la clase política y ausencia de un servicio civil meritocrático. Esta combinación genera una gobernanza frágil, reactiva y poco confiable al carecer de una visión compartida, de articulación institucional y de gestores capacitados. Para dimensionar la situación: según encuestas recientes, solo el 12% de peruanos confía en el Poder Ejecutivo, y más del 70% percibe que los gobernantes actúan sin un plan de país.

Los elementos clave para iniciar un proceso efectivo de eliminación de las falencias se requiere de una voluntad política incluyente, de un compromiso para aceptar y respetar la diversidad de participantes (sector público, privado, academia y sociedad civil), reconociendo sus distintos derechos y fines.

1. Concertación de una visión país a largo plazo

En primer lugar, se requiere concertar una visión país a largo plazo entre actores públicos y privados. Este proceso debe ser participativo, negociado y sostenido, trascendiendo los ciclos políticos mediante consensos nacionales o locales que orienten las políticas públicas y la inversión privada. Un ejemplo concreto de éxito sobre el particular fue el "Acuerdo Nacional" del Perú entre 2002 y 2016, que permitió mantener 22 políticas de Estado durante cuatro gobiernos; sin embargo, su cumplimiento decayó por falta de actualización y monitoreo. Su reactivación requiere un cambio de paradigma: pasar de un enfoque de consulta a uno de cogestión, donde el sector público facilite el marco normativo y la estabilidad, mientras el sector privado aporta inversión y eficiencia hacia objetivos comunes al 2050.

La visión debe ser promovida mediante consenso de alto nivel, impulsada por los máximos responsables de la toma de decisiones y no solo a nivel técnico. Asimismo, es indispensable fortalecer la institucionalidad reactivando y fortaleciendo el Acuerdo Nacional que garantice la continuidad de la visión más allá de los gobiernos de turno.

La visión debe enfocarse en el desarrollo sostenible, integrando componentes sociales, ambientales y económicos para buscar equidad, empleo digno y reducción de la pobreza multidimensional. Aunque sea de largo plazo, requiere flexibilidad y evaluación periódica mediante mecanismos que permitan realizar ajustes estratégicos ante cambios en el entorno.

El involucramiento activo de los ciudadanos y sus organizaciones en la toma de decisiones y en la vigilancia de la ejecución de la visión es fundamental. Los mecanismos de rendición de cuentas deben garantizar transparencia en la gestión y el cumplimiento de las metas acordadas, generando confianza entre actores públicos y privados. Un obstáculo práctico no menor es que menos del 15% de los presupuestos participativos locales logra convocar a más de 100 ciudadanos no asociados a organizaciones políticas; por ello, se requiere incentivos concretos (como fondos concursables) para revitalizar estos espacios.

Los objetivos compartidos para el 2050 deben enmarcarse en un Plan Estratégico Nacional con enfoque transversal e intersectorial. Dicho plan debe abarcar sus diversas fases: planeamiento, planificación, financiación, ejecución, monitoreo y evaluación, particularmente para los proyectos de impacto nacional o regional. Así se optimizarán los resultados aprovechando las sinergias de la participación conjunta entre el sector público y el privado.

2. Reingeniería y articulación de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 (PNMGP), aprobada mediante el Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, propone alcanzar un Estado moderno, eficiente, articulado y descentralizado, centrado en el ciudadano. Su objetivo es mejorar la calidad de los servicios, bienes y regulaciones, basándose en la evidencia y la generación de valor público. Sin embargo, el logro de esta visión requiere, de manera prioritaria, la reingeniería de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo.

Esta necesidad se vuelve crítica debido a los pobres resultados en la gestión de las políticas públicas, reflejados en la corrupción. baja productividad, la ineficiencia y lentitud de la administración pública, la deficiente ejecución presupuestal y la duplicidad de funciones entre ministerios. Por ejemplo, mientras la ejecución del gasto en inversión pública apenas alcanza el 55% del presupuesto devengado al cierre del año fiscal. Por otro lado, existen al menos 20 programas sociales fragmentados en 5 ministerios distintos que atienden a la misma población vulnerable sin coordinación. A ello se suma la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), lo que limita significativamente el impacto de políticas a implementarse.

La reingeniería propuesta implica repensar y rediseñar radicalmente los procesos clave. Ello incluye enfocarse en actividades estratégicas como la inversión pública, simplificar trámites, eliminar pasos redundantes, promover la fusión y reorganización de entidades, integrando programas y ministerios con funciones afines para reducir costos y mejorar la coordinación. Asimismo, es necesario la explotación máxima de las tecnologías de la información (TIC) para automatizar procesos administrativos y aumentar la transparencia. Una prioridad inicial concreta sería fusionar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con los programas sociales dispersos en otros sectores, y reducir de 19 a 12 el número de ministerios, tal como lo ha propuesto en varias ocasiones el Banco Mundial para el Perú.

La reingeniería de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo debe abarcar también la reingeniería del presupuesto público, para que su formulación no responda al criterio inercial del presupuesto del año anterior, sino a una visión prospectiva que responda a la visión país.

Complementariamente, se requiere un cambio en la toma de decisiones, estableciendo mecanismos de alta dirección que aseguren decisiones rápidas y políticas unificadas, como comisiones multisectoriales de alto nivel, así como asegurar que el Centro Nacional del Planeamiento Estratégico (CEPLAN) tenga el rol rector técnico-político en la formulación y concertación de la visión de país y del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. Por su parte, le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros coordinar la ejecución y monitoreo de los proyectos de carácter nacional para asegurar su concreción con éxito.

3. Mejoramiento del nivel de gestión pública de la clase política

La idoneidad de la clase política para dirigir la gestión pública depende de la combinación concomitante de criterios éticos, técnicos y relacionales, lo que garantiza no solo la eficiencia administrativa, sino también la legitimidad democrática.

Ética (individual e institucional): es la columna vertebral de la función pública, esencial para construir confianza entre los ciudadanos y el Estado. Implica probidad, honestidad y rectitud, donde el funcionario actúa correctamente incluso cuando no está siendo observado, priorizando el interés general sobre el particular. La ética institucional crea una cultura de integridad y transparencia.

La clase política peruana adolece, en su gran mayoría, de falta de civismo y de valores ciudadanos lo que se refleja, entre otros, en corrupción, ineptitud, insensibilidad social, es necesario revertir esa situación si realmente queremos ser un país desarrollado, inclusivo y solidario.

Dado el bajo nivel ético de la clase política peruana, lograr un cambio real requiere implementar una política nacional de promoción del civismo y los valores. Esta política debe aplicarse de manera sostenida en distintos ámbitos del sistema educativo, desde preescolar hasta la universidad; el espacio público y el urbanismo, creando entornos que inviten al respeto y la convivencia; campañas en medios y redes sociales; en el ámbito laboral y el servicio público; así como mediante estrategias lúdicas y de incentivos que motiven la participación ciudadana.

Para que esta política tenga éxito, es fundamental que el Estado dé el ejemplo con una ética institucional visible y creíble. Además, se requiere gradualidad, avanzando paso a paso sin cambios bruscos, así como una medición permanente que permita evaluar los resultados y corregir el rumbo a tiempo. Solo así se podrá construir una ciudadanía íntegra y transformar de fondo la realidad política del país.

Conocimiento (capacitación técnica): La gestión pública moderna exige, ante todo, aptitud técnica. Esto significa que los funcionarios deben estar capacitados para comprender y resolver problemas complejos, manejando herramientas como las políticas públicas, el presupuesto por resultados y los procesos de modernización del Estado. Contar con este conocimiento asegura que las decisiones se basen en evidencia y no únicamente en criterios políticos o intereses personales.

Para lograr que este enfoque se institucionalice en el Perú   de manera duradera, se requieren dos acciones clave. Por un lado, el sistema universitario debe ofrecer una formación académica sólida y de calidad en temas de gobernabilidad. Por otro lado, los partidos políticos también tienen una responsabilidad fundamental: deben preparar a sus propios líderes y cuadros dirigenciales a través de escuelas de gobernabilidad bien estructuradas. Solo así se podrá contar con equipos técnicamente preparados para enfrentar los retos del país.

Experiencia en gestión pública: En el Perú, no basta con conocer la teoría; se necesita a funcionarios que hayan trabajado dentro del Estado y sepan cómo resolver problemas reales día a día. La experiencia permite que una autoridad entienda los trámites, los tiempos y las limitaciones del Poder Ejecutivo, evitando así que las buenas intenciones se pierdan en la burocracia. Por eso, al nombrar ministros o directores, se debería priorizar a quienes ya hayan gestionado equipos y presupuestos públicos, asegurando que las políticas de largo plazo no cambien sin necesidad cada vez que entra un nuevo gobierno.

Empatía (comunicación y escucha): En un país tan diverso como el Perú, gobernar exige saber escuchar a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en zonas alejadas o en situación de pobreza. La empatía implica que un funcionario no actúe desde su escritorio, sino que visite los territorios, dialogue con las comunidades y entienda sus necesidades urgentes, como el acceso al agua, la salud o la educación. Si los líderes peruanos realmente escuchan y se ponen en el lugar del otro, podrán diseñar políticas más justas, centradas en el cuidado de las personas y no solo en los indicadores fríos.

El acceso a los altos cargos de la administración pública, por elección o designación, requiere que sus titulares reúnan esos criterios. Para ello, la postulación o designación a dichos cargos debe cumplir con requisitos correspondientes a la naturaleza de los cargos, verificados a través de un escrutinio público previo por parte de la sociedad civil. Un ejemplo concreto de bajo cumplimiento actual: en las últimas dos décadas, más del 60% de los ministros de Estado no contaba con experiencia previa en el sector que se les asignó, y solo el 25% había aprobado algún curso de gestión pública. Establecer dichos criterios requiere, en los casos de elección popular, una reforma constitucional; y en los de designación, una reforma por ley.

Del mismo modo, los impedimentos para postular o acceder a los altos cargos públicos deben ser fortalecidos con la aplicación de la "muerte civil" para que todos aquellos altos funcionarios (por elección o designación) sean inhabilitados en forma perpetua por actos de corrupción en el desempeño de su cargo. Esta figura requiere un desarrollo legal preciso: la "muerte civil" implica la pérdida definitiva de derechos políticos (votar y ser elegido), de acceso a cargos públicos, de jubilación privilegiada, y de la posibilidad de contratar con el Estado. Su aplicación debe ser judicial, mediante sentencia firme por delitos de corrupción, y no automática ni administrativa, para garantizar el debido proceso. Se necesita una reforma de la Constitución Política del Perú) y una ley orgánica que regule el procedimiento.

El escrutinio público por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación permite verificar la idoneidad antes o después de la designación, actuando como un mecanismo de vigilancia contra la ineficiencia o corrupción. No obstante, en contextos de baja inversión en fiscalización y de debilidad de los consejos regionales de coordinación, este escrutinio suele ser reactivo y posterior al daño. Se requiere fortalecer las veedurías ciudadanas con asignación de recursos directos del presupuesto participativo.

Servicio Civil Meritocrático

La gobernanza eficiente de un país depende en gran medida de contar con una administración pública profesional y estable, es decir, con un servicio civil que sea el encargado permanente de ejecutar las políticas del Estado y garantizar que los servicios lleguen adecuadamente a la ciudadanía. En el Perú, sin embargo, este modelo meritocrático —basado en la capacidad y el mérito— ha sido reemplazado con frecuencia por un reclutamiento de funcionarios que responde a amiguismos o intereses políticos. Esta situación afecta gravemente la conducción del país, porque desmantela la experiencia técnica y abre la puerta a la ineficiencia y la corrupción. Por ello, corregir este problema es una necesidad de máxima prioridad. Para lograrlo, se requiere que todos los partidos políticos con representación nacional lleguen a un pacto explícito y vinculante: comprometerse a impulsar un verdadero servicio civil meritocrático y, al mismo tiempo, a no interferir en la gestión técnica del Estado, respetando la autonomía de los profesionales que lo conforman.

Conclusión

Corregir de manera simultánea y articulada las cuatro falencias señaladas —falta de visión país, desarticulación del Poder Ejecutivo y bajo nivel de gestión de la clase política— no es una opción, sino una necesidad urgente para recuperar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en el Perú. Sin embargo, no basta con diseñar reformas: es igualmente crucial reconocer que existen barreras reales (resistencia política, cortoplacismo electoral, falta de capacidades técnicas en regiones) que deberán enfrentarse con alianzas estratégicas y una hoja de ruta por fases.

Una secuencia lógica sugerida sería: en el primer año, aprobar la reforma constitucional para establecer requisitos de idoneidad en cargos de elección popular; en el segundo año, ejecutar la fusión de ministerios y programas sociales redundantes; y en el tercer año, implementar la visión 2050 con presupuesto por resultados.

Mientras estas debilidades persistan, el Estado seguirá reaccionando tarde y mal frente a los problemas estructurales (pobreza, desigualdad, corrupción e ineficiencia), profundizando la percepción de un país sin rumbo. Por el contrario, si se logra concertar una visión compartida al 2050, rediseñar la estructura del Ejecutivo y garantizar que quienes gobiernen sean éticos, técnicos y empáticos, se sentarán las bases para un desarrollo sostenible, inclusivo y con legitimidad democrática.

En suma, superar estas falencias es la condición mínima e impostergable para transformar la frágil gobernanza actual en una gobernanza resiliente, confiable y orientada al bien común. Sin una ciudadanía vigilante y organizaciones sociales fortalecidas, las leyes y los planes seguirán siendo letra muerta.