Embajador Jorge Castañeda / Los CHIPS anónimos

Cuando el mercado informal derrota al Estado

El teléfono móvil se ha convertido en una extensión de nuestra vida cotidiana, un puente esencial para la comunicación, el trabajo y el acceso a la información. Sin embargo, esta misma herramienta que nos conecta tiene una puerta trasera oscura y masiva: los "chips libres" o no registrados. Estas líneas anónimas, disponibles en cualquier mercado informal, son el instrumento predilecto de la delincuencia. Se transforman en el número desechable para coordinar extorsiones, secuestros, narcotráfico, fraudes financieros y las operaciones de la delincuencia organizada, blindando a los criminales detrás de un muro de anonimato impenetrable. Ante este panorama, y a pesar de los esfuerzos convencionales del Estado, el problema no solo persiste, sino que se ha normalizado. Esto nos lleva a una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Ha llegado el momento de considerar una medida de última instancia, una que traslade el costo real de la inacción a los únicos actores con el poder total para resolverlo: las compañías telefónicas?

Durante años, la estrategia del Estado se ha basado en dos pilares principales, ambos demostradamente insuficientes. Por un lado, las multas sustanciales a las operadoras, aunque cuantiosas sobre el papel, son asumidas por estas grandes corporaciones como un simple "costo operativo" más dentro de su negocio billonario. No existe un incentivo financiero lo suficientemente poderoso para que desmantelen voluntariamente un modelo de distribución masivo y extremadamente lucrativo. El lucro por la venta masiva de chips supera, en su contabilidad, el monto de las sanciones.

Por otro lado, las intervenciones del Ministerio Público en centros de venta informal son, en el mejor de los casos, un juego de "el gato y el ratón". Estas acciones son reactivas, dispersas y superficiales: se desmantela un punto de venta ilegal en La Parada o en un mercado, y dos más aparecen al día siguiente en locaciones diferentes. Esta estrategia no ataca la raíz del problema, que es la fuente misma de los chips: la cadena de suministro controlada, directa o indirectamente, por las propias operadoras. Se está podando la maleza, pero no se está extrayendo la raíz.

La solución radical, pero necesaria, se basa en un principio de responsabilidad irrenunciable: quien fabrica, comercializa y se beneficia económicamente del producto (el chip) es el único agente con la capacidad técnica, logística y financiera para controlar su distribución de forma segura y trazable. La propuesta se implementaría en tres etapas claras:

1. Ultimátum y Plazo Perentorio: El organismo regulador (OSIPTEL, en el caso peruano) debería emitir una resolución estableciendo un plazo improrrogable (por ejemplo, 6 meses). En este período, todas las operadoras estarían obligadas a implementar sistemas de verificación biométrica o de identificación fehaciente e infalsificable en todos sus puntos de venta, desde las tiendas propias hasta los minoristas y distribuidores. Deben demostrar que tienen control absoluto sobre a quién se le vende una línea.

2. La Sanción Efectiva: Si, una vez vencido el plazo, una operadora no puede demostrar ante la autoridad reguladora que ha erradicado por completo la fuga de sus chips hacia el mercado informal se debería proceder a la suspensión temporal e inmediata de su licencia para la comercialización de nuevas líneas móviles.

3. Protección al Usuario Final: Para evitar que los ciudadanos se vean afectados por la negligencia de la empresa, se debería activar un protocolo de contingencia. Durante el período de suspensión, la red y la cartera de usuarios existentes de la compañía sancionada serían administradas temporalmente por un consorcio de las otras operadoras, garantizando que el servicio de voz y datos no se interrumpa para un solo cliente. El castigo es para la Empresa infractora, no para el usuario.

Es crucial reconocer que esta medida no está exenta de desafíos significativos, que deben ser abordados con anticipación:

Riesgo de Colusión y Abuso: ¿Podrían las operadoras restantes aprovecharse para fijar precios o dificultar la portabilidad numérica de los usuarios de la compañía suspendida? Para evitarlo, la administración temporal debería estar bajo una supervisión estricta y auditoría constante por parte del Estado y del organismo regulador, con reglas de juego claras y sanciones ejemplares para cualquier abuso.

Complejidad Técnica y Legal: La transferencia temporal de la gestión de una red de usuarios es un proceso enormemente complejo. Exigiría la creación de un marco legal y técnico específico, con protocolos detallados de ciberseguridad y gestión de datos. Esto, si bien es una barrera, también es una oportunidad para modernizar y fortalecer la regulación del sector.

Impacto Laboral y en el Mercado: La suspensión afectaría inevitablemente a los empleados, contratistas y accionistas de la operadora sancionada. Se requeriría un plan de mitigación que, por ejemplo, obligue a la empresa a mantener los contratos laborales durante la suspensión, financiándolos con sus propias reservas.

La Barrera Política: Sin duda, la mayor dificultad. ¿Existe la voluntad política para enfrentarse a los grandes intereses económicos y al poderoso lobby de las telecomunicaciones? Solo una presión social sostenida y una firme convicción en las altas esferas del gobierno podrían llevar adelante una medida de esta envergadura.

La seguridad de los ciudadanos no puede seguir siendo rehén de la informalidad y de una negligencia corporativa que es, en la práctica, funcional a la delincuencia. La propuesta de suspender licencias es radical y sin duda polémica, pero su virtud reside en que es la única que apunta directamente al corazón del problema: el incentivo económico perverso de las operadoras.

Paradójicamente, la mayor efectividad de esta medida podría ser preventiva. La sola existencia de esta sanción, creíble e inminente, actuaría como el catalizador definitivo para que las operadoras movilicen todos sus recursos y desplieguen, por fin, los sistemas de control que siempre han dicho tener pero que nunca han implementado de manera efectiva. El objetivo último no es necesariamente aplicar la suspensión, sino crear un escenario donde la amenaza de ella sea suficiente para obligar al cambio. Es una solución extrema para una crisis profunda, y su discusión ya no puede postergarse.

Ante la ineficacia de multas e intervenciones, la suspensión temporal de licencias a las operadoras se perfila como la única solución con real capacidad de imponer un control definitivo en la venta de líneas móviles.