Fabiola Morales / A grandes males, grandes remedios

El asesinato de 4 personas y el secuestro, en pleno centro de Trujillo, en la madrugada del 30 de agosto, han conmocionado al país que vive con miedo a los ataques de la delincuencia, a consecuencia de un extendido sistema de “cobro de cupos” que acaba con vidas a diario. En este caso, se liberó a la víctima mediante una “negociación” de la familia, tras supuestamente pagar un millón de dólares, de los cinco que le solicitaban inicialmente.

Esta liberación del joven, dedicado al negocio de la minería “informal”, permitió a las autoridades “rastrear” el camino del dinero del rescate, hasta llegar a localizar y atrapar a uno de los cabecillas de la banda acusada del suceso delincuencial, denominada Los Pulpos, que se encontraba en La Paz, Bolivia, con la ayuda de la Policía de ese país y los servicios del FBI y la DEA de Estados Unidos, según se ha informado.

Este hecho de sangre, que se habría producido por la rivalidad entre las bandas Los Pulpos y La Jauría, que se disputan los “clientes” para ofrecer sus “servicios” de “seguridad personal” a los millonarios negociantes de oro ilegal en la región de La Libertad, es una muestra más de la debilidad del Estado para proteger a los ciudadanos, desde hace varios lustros. Es por ello que, producido el cambio de gobierno y la elección de un nuevo congreso, ahora bicameral, se espera que muestren una estrategia coherente en la lucha contra el crimen.

La minería ilegal ha venido creciendo exponencialmente desde inicios de este siglo XXI y con mayor velocidad desde que el gobierno, mediante Decreto Legislativo 1293, crea el REINFO, en diciembre de 2016, con la finalidad de “declarar de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal”, al amparo del cual se ha extendido esta explotación minera con graves consecuencias como la trata de personas y la presencia de mafias y bandas de alta peligrosidad.

Estamos en un momento en que al gobierno de Keiko Fujimori se le presenta el reto de enfrentar esta situación —como en su momento a su padre le tocó enfrentar el terrorismo y la hiperinflación— y debe hacerlo con estrategia, coraje y respetando la ley. A poco más de un mes de haber juramentado el cargo, no se le puede pedir resultados contundentes; pero sí que muestre el camino de cómo llegar a la luz al final del túnel.

Las primeras señales de todo gobierno que empieza son el nombramiento de su gabinete y, en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia desbordada, es fundamental el Ministerio del Interior y todos los organismos de inteligencia y acción contra el crimen, relacionados con la “cadena de valor” necesaria para obtener resultados exitosos. La captura del denominado Jhonsson Pulpo, cabecilla de la sanguinaria banda criminal, mediante un operativo internacional, es una muestra de la estrategia que se debe emplear; pero estamos a mitad de camino en este caso, tenemos que ver ahora cómo actúan la Fiscalía y el Poder Judicial.

Es por ello que, si se quiere acabar con el crimen, no basta la reforma del Sistema Policial, sino también del INPE y el Sistema de Justicia, claves para que se llegue a sentencias justas y firmes que deben cumplirse a plenitud. La tarea no es fácil, pero debe empezar ¡ya! y sin equivocaciones, como ha sido la actuación, por demás desenfocada, del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, en toda esta trama.