«Correrán ríos de sangre» amenazó públicamente Aníbal Torres, cuando el número de votos para vacar al expresidente Castillo crecía en el Congreso de la República y, con ello, la posibilidad de que saliera de Palacio, como ocurrió; pero por el golpe que le salió fallido. La frase del expremier fue premonitoria, porque desde el inicio de las protestas vandálicas del sur ya se cuentan con 47 fallecidos.
Se conoce que detrás de estas protestas que, en apariencia son ideológicas, hay también intereses extranjeros y del mundo de la ilegalidad: narcotráfico, minería negra, contrabando, trata de personas y toda clase de criminalidad que se ha instalado en una parte considerable del territorio y que no ha podido ser erradicada por el Estado durante muchas décadas.
Nunca antes se había vivido en el Perú una injerencia extranjera, tan evidente, como en esta crisis. En primer lugar, la de Evo Morales y sus «Ponchos Rojos» que, descaradamente, se ha convertido en un actor ideológico más en nuestro país. En Puno, Cusco y otras regiones del sur, llevaba adelante acciones políticas sin ninguna restricción, menos aún en el gobierno del expresidente Castillo que le ponía alfombra roja, automóvil y seguridad personal.
Una injerencia desvergonzada que llega al colmo de querer dividir el país para que parte del sur integre la «patria aymara» del Runasur, solo existente en su imaginación. Pero han pasado varios gobiernos que ni se han inmutado ante este peligroso hecho para la seguridad nacional. Recién el Congreso lo ha declarado «persona no grata” y la Dirección de Migraciones ha prohibido su ingreso al Perú.
Es más, el diputado boliviano Edwin Bazán acaba de denunciar que los paramilitares bolivianos Ponchos Rojos estaban transportando 126 mil «balas dum dum» al Perú para colaborar con los vándalos, en su afán de ayudar a «fundar» la región aymara que también reclama hacerse de parte del territorio chileno.
Otra injerencia ha sido la de López Obrador de México, no sólo predicando tercamente un discurso favorable al golpista, sino recibiendo a la esposa y sus dos hijos, en calidad de «asilados políticos»; como si hubiera persecución contra ellos, cuando lo que, si existe, es una denuncia por supuesta corrupción de la Fiscalía contra la ex primera dama que AMLO cobija.
Tampoco se han quedado atrás los gobiernos de Colombia que preside Gustavo Petro; más entre dientes, el chileno Gabriel Boric y, aunque más agazapados, también los de Venezuela de Maduro y Cuba de Díaz-Canel que mantiene como embajador en el Perú a uno de sus alfiles más conocidos, el «Gallo Zamora».
Las posiciones ideológicas extremas internas, se suman a las externas y también a los intereses de quienes manejan los territorios «tomados» por la ilegalidad y el crimen, donde encuentran el financiamiento y el caldo de cultivo para armar los grupos que ingresan a las ciudades armados, hasta con dinamita, y desatan el vandalismo.
El voto de Castillo proviene, sobre todo, de estas regiones; por eso, el objetivo estrella de estas protestas vandálicas es su «liberación». Sólo él ofrecía el «paraíso», tanto a los extremistas como a los ilegales y estaba llevando al país hacia los objetivos del eje del Foro de Sao Paulo y el proyecto del Runasur.
Hoy más que nunca, la Patria está en peligro. El Gobierno no debe equivocar la estrategia creyendo en un «diálogo» que sería de sordos y premisas falsas, sino actuando con firmeza en defensa de la soberanía nacional, la legalidad, la democracia y la paz.