Fabiola Morales / Lo que mal empieza, mal acaba
- Fabiola Morales
- 4 may
- 3 Min. de lectura

Miles de ciudadanos se han dado con la sorpresa, consultando en la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), de que sus nombres aparecen como si se hubieran afiliado a determinado partido político; cuando nunca contaron con su voluntad para pertenecer a tal o cual partido. Todo lo cual ha causado un escándalo que, si no se canaliza ofreciendo una solución rápida, firme y justa, el proceso electoral 2026 perderá, irremediablemente, la confianza de los ciudadanos.
En última instancia, corresponderá a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —con “criterio de conciencia”, como lo manda la Constitución— resolver estas graves irregularidades y delitos, según sea el caso, que están manchando desde el arranque el próximo proceso electoral, que ya se pintaba como complejo por la cantidad de partidos políticos inscritos, más de 40, para participar en los comicios de 2026.
El JNE, presidido ahora por Roberto Burneo, no puede dejar pasar mucho tiempo sin realizar una investigación para conocer cómo es que, en los padrones de muchos partidos políticos, aparecen nombres de ciudadanos que no se habrían afiliado y comprobar, asimismo, si sus firmas y huellas digitales son verdaderas o falsas. De comprobarse el delito, deberá proceder a hacer la denuncia penal respectiva y suspender la inscripción de los partidos infractores, ipso facto.
El JNE debe actuar con firmeza, desde un inicio, para alejarse de la anterior gestión que dejó bastante que desear; muchos ciudadanos peruanos se sintieron defraudados con el resultado de un proceso electoral donde “votaron” los muertos y, además, se habría aplicado la “ley del embudo”, ancha y complaciente para los amigos y estrecha para los demás. Es así que la plancha presidencial ganadora resultó coja, sin un vicepresidente y una electa vicepresidenta que no habría renunciado a tiempo a su trabajo en el Estado, como manda la ley.
Esta historia no se puede repetir; el JNE debe “ser y parecer” justo. Por tanto, debe aplicar las mismas reglas de juego para todos y actuar con imparcialidad extrema, como el árbitro comprometido solo con su conciencia y responsabilidad de aplicar la ley para todos por igual. Más todavía cuando los candidatos a la Presidencia de la República, en esta ocasión, exceden el número razonable y lógico para que los ciudadanos puedan escoger entre unos cuantos árboles, y no de un bosque espeso y oscuro.
La gran cantidad de nuevas agrupaciones políticas se podría explicar, en parte, por la aparición de miles de firmas de afiliados que serían falsas. Los peruanos en general no se distinguen por su interés en la política y la cosa pública, ni siquiera por su notable participación ciudadana en asuntos que les afectan. Es por eso que llama más la atención la cantidad de ellos que, de pronto, aparecen como militantes de distintas agrupaciones políticas.
La gran mayoría se cuida de tener una afiliación política que podría incluso afectar su desarrollo laboral y profesional en el mediano y largo plazo. La política está en manos de algunos partidos que tienen su representación en el Congreso o en los gobiernos central, regionales y locales; pero, sobre todo, de un poder mediático, tantas veces, con operadores políticos más que con verdaderos periodistas o comunicadores.
El JNE debe cortar por lo sano y sancionar a los partidos políticos que, de acuerdo al resultado de sus investigaciones, facilitadas por la tecnología, se han inscrito con fraude. Quienes actúan así siempre serán altamente sospechosos de querer copar el poder para corromper el Estado.
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