Fabiola Morales / Marchas sí, violencia no

La última marcha del 15 de octubre que, según sus organizadores, sería pacífica, se tornó violenta, a tal punto que dio como resultado centenares de heridos y hasta una persona muerta, Eduardo Ruiz Sanz, quien fue alcanzado por una bala que habría salido del arma de un policía de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), vestido de civil, en los alrededores de la plaza Francia.

Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Lima fueron clave para reconstruir los hechos, especialmente de la trágica muerte de Ruiz; por lo cual, el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola, se apuró en asegurar que del revólver del suboficial Luis Magallanes se había disparado la bala y pidió disculpas por el trágico suceso, llegándose así a calmar las aguas de las críticas.

Sin embargo, la fiscalía debe hacer una investigación prolija de lo verdaderamente ocurrido, porque no se puede romper la soga por lo más delgado, tan solo por contentar a la ciudadanía con un mensaje eficaz que debía ser rápido y transparente, pero con las suficientes pruebas que solo puede arrojar la debida investigación a Magallanes, como a otro miembro subalterno de la Policía Nacional, Omar Saavedra, requeridos ambos por el Ministerio Público.

De no ser por estos trágicos sucesos, la marcha que encabezaron líderes políticos y mediáticos de la izquierda hubiera cumplido con la finalidad de su legítimo derecho a la protesta en contra de las políticas del Gobierno y del Congreso, en lo referente a la seguridad ciudadana. Pero lo que al inicio parecía una protesta pacífica se tornó en violenta, llegando a dañar la integridad de las personas y hacer destrozos en la propiedad pública y privada, que, según el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, alcanzó los 100 millones de soles.

El reemplazo de la expresidenta, Dina Boluarte, por parte del presidente del Congreso, José Enrique Jerí, a causa de su vacancia, disgustó a un sector de políticos que hubiera preferido que se eligiera a otro, del espectro denominado caviar; pero, como sus representantes en el Legislativo no consiguieron los votos, en dos ocasiones, para llegar a su objetivo, se volcaron a las calles para hacerse oír o, tal vez, para repetir el llamado “merinazo” que acabó con el gobierno de Manuel Merino.

Sin embargo, hasta ahora, el presidente Jerí ha demostrado tener olfato político y reflejos de boxeador, recurriendo al lugar crítico donde ocurren los hechos, hablando con los implicados, visitando hospitales, reuniéndose con distintos representantes de las instituciones del Estado y de la sociedad, lo cual le está permitiendo un respiro, porque se muestra como un líder cercano y dialogante, especialmente con los medios.

Su gabinete, si bien se tardó en ver la luz, está encabezado por el constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda; más que políticos, podemos observar la presencia de técnicos y conocedores de su sector que, en muy poco tiempo, ya han anunciado el destrabe de inversiones importantes y han recurrido al cambio del presidente del Directorio de PetroPerú, la empresa emblema de la mala gestión empresarial del Estado.

El clima político, sin embargo, continúa con sus días de sol y otros de sombra, lo cual no garantiza la total estabilidad necesaria para asegurar una transición pacífica y equilibrada ad portas de las elecciones generales del próximo mes de abril, cuando, ojalá, los peruanos sepamos elegir a un presidente constitucional que consiga estabilizar el país, vencer la inseguridad ciudadana, superar la crisis política y fortalecer nuestras instituciones democráticas en un contexto de paz y libertad.