El Perú, nunca antes, había vivido un proceso de migración tan numeroso, como es el caso de la migración venezolana que ha llegado huyendo de la miseria y de la opresión de un régimen despótico y totalitario que ha llegado al poder sin ninguna voluntad de recambio democrático a la vista.
Esta migración se concentra principalmente en Lima, pero está presente en todo el país y, de acuerdo a las estadísticas, supera el millón de personas. Los peruanos que lo recibieron con amabilidad, han ido cambiando su percepción con el paso del tiempo, llegando a la desconfianza e incluso a la hostilidad.
El motivo de este cambio, sin duda se sustenta en las conductas de alteración del orden público y la criminalidad que un porcentaje importante de estos migrantes han mostrado y que, según estudios, su mayor incidencia está en los delitos graves cometidos contra el patrimonio, el cuerpo y la salud con armas de fuego, a los que últimamente, se ha sumado la modalidad de la extorsión.
Según una publicación de la fundación Konrad Adenawer, la mayor parte de los delitos de los malhechores son cometidos por varones jóvenes, muchos de ellos menores de edad que, si bien operan individualmente o en grupos reducidos, en un número significativo, pertenecen también a bandas criminales no sólo locales, sino de origen internacional, como el Tren de Aragua o sus facciones, como Dinastía Alayón.
En cuanto a su nivel educativo, casi todos han concluido sus estudios secundarios en Venezuela y una gran mayoría tiene estudios superiores o técnicos, por tanto, el nivel educativo no tiene un correlato con la comisión de delitos; en un gran porcentaje recibieron instrucción militar en su país.
En esta publicación que recoge un estudio de José Koechlin, Ximena Solórzano, Yordi Ugaz y Rose Mary Romero, se indica que la mayoría de la población penitenciaria en el país es de origen venezolano en un número de 840 en el 2020; la que ha aumentado a 2,464 en 2023, según fuentes del INPE. Esta población reside fundamentalmente en los establecimientos de San Juan de Lurigancho.
Otros establecimientos penitenciarios con población venezolana significativa son los de Lima provincias, Ancón, La Libertad, Piura y Callao. Por otra parte, a diferencia del perfil de otros extranjeros en prisión que, purgan pena por delitos de narcotráfico, los llaneros están por distintos delitos y tienen una “conducta agresiva y militarizada con conocimientos en el manejo de armas de corto y largo alcance” de acuerdo a voceros del INPE.
Otro dato importante es que los delincuentes venezolanos están en situación migratoria ilegal y tienen antecedentes penales en su país; por tanto, si bien se insertan en el crimen organizado local, muchos pertenecen o tienen vínculos con la criminalidad en Venezuela y otros países vecinos, entre ellos: Colombia y Ecuador.
La percepción de bonanza económica de nuestro país, antes de la pandemia, ha sido uno de los argumentos que han utilizado los “pasadores” o “coyotes” del negocio ilícito de los migrantes clandestinos, por lo que nos hemos convertido en un destino preferente; lo cual, pone en evidencia la debilidad del Sistema Migratorio peruano, sobre todo, en la vigilancia de los flujos que ingresan por la frontera norte del Perú.
Los venezolanos de bien que han emigrado a nuestro país y todo el mundo, huyendo de una nación empobrecida por un régimen político totalitario aportan y enriquecen nuestra sociedad, no es el caso de los delincuentes a quienes el Estado peruano debe combatir con mano dura.