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Herberth Cuba / Susalud y la escasez de servicios de salud

Gobierno debería revaluar el rol de Susalud

Desde el mes de junio los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), han reiterado su necesidad de convertirse en un ente regulador del Estado para el sector Salud, para vigilar los precios en los establecimientos de salud. Según el diario Gestión del 15 de junio del 2022, el superintendente de Susalud habría adelantado conversaciones con el ministro de Salud para que se ponga de acuerdo con el Congreso de la República sobre ese tema. Justificó su pedido señalando que “cuando hablamos de precios, Susalud no los ve porque no es un órgano regulador. Justamente estamos pidiendo que se convierta en órgano regulador y se pueda tener ese brazo”. Agregó que “con las entidades prepagas (aseguradoras) que son las que ofrecen planes complementarios de salud (pero) no podemos entrar a regular porque no tenemos esa función”. Por un lado, aporta cifras con relación a las sanciones aplicadas por Susalud: un total de 609 sanciones por un monto de más de S/ 9.2 millones.


Sin embargo, de esas sanciones, un poco más de S/ 5.8 millones corresponden a instituciones públicas y S/ 3.3 millones a las privadas. Por otro lado, según el mismo diario, para “descentralizarse, Susalud ha pedido al ministro de Salud S/ 50 millones para la implementación de cuatro sedes macrorregionales”. El mismo medio, señala que desde el 2019 se han presentado la enorme cifra de 181,748 denuncias y que, de ellas 169,255 ya fueron atendidas. No se aclara cómo se hará para destrabar la atención del saldo. Con relación a los procesos administrativos sancionadores, en los últimos años se ha producido un incremento progresivo de expedientes para procesos, por ejemplo, el 2015, se procesaron 256 en el 2019, ascendió a 1,526 pero en el 2021 la cifra creció abruptamente a 7,049 expedientes presentados para procesos sancionadores.


Las declaraciones y los hechos recogidos por el diario Gestión demuestran la falta de empatía del gobierno, frente a los estragos de la pandemia y la grave situación por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud. Un aspecto que debe ser evaluado, es si la creación y funcionamiento de Susalud mejora la oferta de los servicios de salud de la población, o visto de otra manera, es que si los gastos que ocasiona esa institución fortalecen el desempeño y el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social de los ciudadanos. Es necesario recordar que Susalud, se creó sobre la base de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), que cumplía la función de defender los derechos de los asegurados en el sector privado, pero, a través de la Ley Marco de Aseguramiento en Salud (29344) y el Decreto Legislativo 1158, se ampliaron sus funciones, también, para el sector público. Sin embargo, debido a que, dentro de sus atribuciones se incluyeron no solo las de supervisar y sancionar, sino también, las de establecer los estándares de los establecimientos de salud públicos y privados, por tanto, se le habían otorgado atribuciones de juez y parte, es que se promulgó el Decreto Legislativo 1289, de diciembre del 2016, para acotar mejor sus funciones.


Un segundo aspecto, es que los estándares de calidad exigidos solo podían ser cumplidos por alrededor del 15% de los establecimientos de salud. Por tanto, los procesos de categorización y acreditación, luego de ser retirados como función a Susalud, se ralentizaron, incluso, se suspendieron, sobre todo, en el sector público, debido a la falta de presupuesto que implican las inversiones para cumplir con los estándares preestablecidos. Un tercer aspecto a tener en cuenta es que, la precariedad de los establecimientos de salud, sobre todo, del sector público, obliga a Susalud, o bien a hacer la vista gorda, sin sancionar, bajo el mecanismo del “plan de mitigación de riesgos” de cada uno de los establecimientos que incumplen, o bien, aplicar sanciones, tal como ha hecho, con las instituciones públicas, que le ha permitido recaudar más de 5.8 millones.


Un cuarto aspecto, es que Susalud es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, cuyas funciones, entre otros aspectos, son proteger y defender los derechos de las personas en los servicios de salud, sin embargo, ahora solicita, ampliar estas funciones para convertirse en órgano regulador del mercado de la salud, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, para controlar los aspectos jurídicos y técnicos entre las empresas privadas y los usuarios y consumidores, tal como ha ocurrido, con los otros organismos reguladores, luego del proceso de privatización. Asimismo, se justificaría que sea organismo regulador, en caso de que existiese un monopolio natural o que la información sea asimétrica en los costos de transacción y que se requiera la permanencia en el tiempo de los servicios de salud, que no es el caso, más aún, si solo se plantea como objetivo, el control de precios.


Un quinto aspecto, es la denominada “explosión de denuncias”, por parte de los usuarios de los servicios de salud. Es obvio, porque la precariedad, la ausencia de oferta, la falta de médicos y profesionales e inversiones obliga a que la población denuncie, no solo ante Susalud, sino ante los propios establecimientos de salud, pero, también, en las vías judiciales, civiles y penales. Incluso, hay agresiones y maltratos contra el personal de salud. Un sexto aspecto, es que Susalud, tiene un presupuesto de más de 57 millones de soles, y tiene un avance de ejecución de sólo 39.7%. Parece increíble, que se solicite 50 millones más que duplicaría su presupuesto actual.


El gobierno debería revaluar el rol de Susalud, modular su potestad sancionadora para evitar multas de hasta 1.7 millones de soles a cada establecimiento de salud (público o privado), en momentos de grave crisis por el que atraviesa el Sistema Nacional de Salud. ¡Cuidado con el Estado contra el Estado!


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